Con información de: Roberto Garduño y Enrique Méndez

Fotografía: elchahuistle.com

México, DF. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molina Horcasitas, recibió por parte de algunos diputados del PRD y del PT reclamos por el caso de la guardería ABC, en la que murieron 49 niños.

El funcionario se disponía a comparecer ante comisiones en la Cámara de Diputados para abordar exclusivamente lo relativo a la falta de transparencia en cuentas públicas de 2009 de la Secretaría de Comunicaciones.

Lo relacionado con el incendio en dicha guardería, ubicada en Hermosillo, Sonora; quedó descartado la víspera, ya que, según expuso la diputada del PRD, Esthela Damián Peralta, integrante de la Comisión de la Función Pública, el requerimiento legislativo fue en función de su desempeño como titular de la secretaría, y sobre todo porque para ese momento la Suprema Corte no había emitido aún el informe de responsabilidades sobre el caso.

Además de que los diputados responsabilizaron al funcionario por la tragedia -toda vez que cuando fungió como director general del IMSS se autorizaron permisos para guarderías subrogadas- exigieron su renuncia al frente de la SCT.

“Hocasitas culpable”, “Horcasitas cínico”, se leía en un par de pancartas que quedaron a la vista del secretario.

También, los legisladores introdujeron cruces negras de papel, flores y cartulina, al recinto donde se realizó la comparecencia.

Fuente: La Jornada

Videos cortesía: Juan Carlos Ruíz Olvera

Fuente: NotidiarioTV

La tragedia de la guardería ABC no debería representar un golpe al IMSS. Al contrario, debe ser una oportunidad para reforzar la institución

Sin ser una resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el informe de la Comisión de Investigación nombrada para el caso de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que constituye un extenso y a la vez preciso documento. Sus conclusiones e implicaciones están por verse.

Aquella tragedia, en la que murieron 49 niños y quedaron lesionados más de 70, produjo indignación, pena y dolor no sólo en Sonora.

Fueron los padres y madres de familia de Hermosillo quienes encabezaron una ejemplar cruzada, exigiendo justicia además de revisar reglamentos y leyes, pero sobre todo, para garantizar que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir un acontecimiento similar. Primero en Sonora y después en el Distrito Federal se organizó un pequeño pero importante grupo de apoyo de personas, sobre todo de mujeres, para realizar marchas y plantones.

El entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se apresuró a declarar que no habría responsabilidades penales para nadie. Vinieron después declaraciones de autoridades municipales, del gobierno estatal y del gobierno federal deslindándose cada uno de responsabilidades y acusando, cada uno, a los demás ámbitos de gobierno.

Las protestas y peticiones iniciaron en las calles de Sonora y llegaron al Distrito Federal, en las oficinas centrales del Seguro Social, en el Senado de la República, en la Suprema Corte y en muchos otros lugares.

Entonces la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de una comisión, no para investigar, sólo para atender y canalizar aquellos reclamos. Aquella comisión nunca se integró, por la resistencia de senadores del PAN.

El apoyo de la sociedad civil organizada en torno a esa exigencia de justicia llevó a los padres y madres de familia a presentar, el 2 de julio de 2009, una petición a la Suprema Corte. El 6 de agosto resolvió atraer el caso de la guardería y, el 31 de agosto, el pleno de la Corte resolvió el protocolo de investigación y la integración de la comisión. Seis meses después, el 1o. de marzo de este año, conocimos el informe preliminar. Ahora toca al ministro José Fernando Franco González estudiar el informe y pronunciarse sobre dos puntos centrales: si la investigación fue suficiente y si existieron violaciones graves a las garantías individuales.

No hay fecha límite para que el pleno de la Corte emita una resolución. Pueden pasar semanas, o tal vez meses para que esto suceda.

La publicación del informe, por medio de internet, arroja datos preocupantes sobre las condiciones en las que operan las cerca de mil 500 guarderías subrogadas, sobre la forma en que se produjo el siniestro, la ilegalidad de la figura misma de subrogación, etcétera.

Como la Comisión Investigadora establece la ilegalidad de la subrogación, autoridades actuales y anteriores del IMSS han querido desvirtuar este hecho. Dicen que se basan en la ley de adquisiciones.

La Comisión Investigadora hace un recuento, desde que aparece por primera vez en la Ley Federal de Trabajo, del tema de las guarderías. En la página 12 establece: “En efecto, la Ley Federal de Trabajo de 1931, en su artículo 110 consignó que sería obligatorio el establecimiento de guarderías infantiles en las empresas con más de 50 mujeres”. Aquella disposición, sin embargo, resultó contraria a su objetivo. Las empresas empezaron a limitar el número de contratación de mujeres y en otros casos, simplemente despidieron trabajadoras para no llegar a aquella cifra.

La ilegalidad de la subrogación no puede ser subsanada diciendo “se hace así desde hace mucho tiempo”, o argumentando que el IMSS no tiene recursos.

Un grave problema sería que los legisladores traten de “llenar un hueco” y decidan legalizar la subrogación. Esto iría en detrimento del Seguro Social y los trabajadores del país, al seguir el camino del desmantelamiento de la seguridad social eliminando no solamente conquistas laborales, sino también aniquilaría esa gran figura solidaria que representa.

Otros países como el propio Estados Unidos, cuando menos su Presidente, intentan avanzar a un sistema de salud solidario. Aquí, paradójicamente algunos intentan destruirlo para enriquecerse.

La tragedia de Hermosillo no debería representar un golpe al IMSS. Al contrario, debe ser una oportunidad para reforzar la institución. No sigamos descapitalizando al Seguro Social, es momento de recuperarlo.

Sería imposible pensar que el IMSS atienda a los niños y niñas que están en esas mil 500 guarderías. Se requiere un programa para ampliar progresivamente el servicio, combatir la corrupción dentro de la institución, aumentar sus recursos y así reanimar los demás servicios que brinda.

El Estado mexicano no puede renunciar a la obligación legal que tiene con los y las trabajadoras que generan la riqueza de nuestro país.

En estas mismas líneas, el 11 de julio pasado, expresé que el negocio de la subrogación es ilegal e inmoral.

La lucha de padres y madres de los niños de la guardería ABC sigue. Apoyémosla como lo han hecho ese conjunto de hombres y mujeres de la sociedad civil. Son un ejemplo que hay que seguir.

Vale la pena, no sólo es por ellos, es por México.

Fuente: ContactoX

Por: Silvia Núñez Esquer

Rosario Mota Cienfuegos

La vimos llegar a Hermosillo y presentarse como una de las dos personas asignadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, para realizar la investigación 1/2009, relacionada con el caso ABC.

Igual la observamos con un casco de seguridad entrar a la guardería siniestrada acompañando a los peritos estadounidenses, que vestir ligero aguantando los meses de verano, para rendir a los padres y madres afectados, los informes mensuales de acuerdo al avance de la investigación.

Hace seis meses Rosario Mota Cienfuegos, se dirigió a madres, padres, familiares, y ex empleadas de la guardería ABC, diciendo que era muy importante que supieran exactamente cuál era el objetivo de la investigación. Siempre fue firme y honesta, pues dijo, no quería que se hicieran falsas expectativas.

Por ello insistió mucho en que el resultado de la misma, no culminaría en una sentencia, ni en conclusiones para el proceso penal que corre a la par. A toda la audiencia le quedó claro, que el objeto del estudio, era determinar si los hechos ocurridos en Hermosillo, el 5 de junio de 2009, habían violado las garantías individuales de las niñas y los niños fallecidos, de los afectados en su salud, madres, padres, maestras, y todos los afectados, y de ser así, si las violaciones habían sido graves.

Quien hasta antes de la investigación ABC, se desempeñara como Magistrada del décimo tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, abundó en que dicha indagatoria, no tiene que ver con los juicios civiles, penales o de responsabilidad que estén pendientes.

Ellos corren por su curso, y dependen de las autoridades que la Constitución ha designado para resolver. Es una facultad extraordinaria que los señores Ministros tienen prevista en la propia Constitución en la Fracción segunda del Artículo 107 constitucional, explicó en una de sus visitas.

El órgano jurídico más importante en el país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su opinión es invaluable y de un peso moral muy grande. Eso es lo que representa una investigación de este tipo, afirmó.

El último día hábil de febrero, es decir el 26, la comisión investigadora entregará sus conclusiones a los Ministros, para que a su vez en quince días más, tengan un proyecto de resolución hecho por el Ministro ponente para discutirlo en el pleno, y en su caso tomar las decisiones concernientes.

En una de sus visitas a Hermosillo, la Magistrada Rosario Mota Cienfuegos nos compartió su sentir en relación a la experiencia que le brindó la oportunidad profesional de estar cerca de la tragedia más grande en la historia del país, ocurrida por negligencia y corrupción.

-¿Qué lecciones le deja la experiencia de investigación del caso ABC?
Este trabajo me deja una experiencia diferente a la que he tenido en toda mi vida profesional ya que siempre me he desempeñado dentro del Poder Judicial Federal, que se dedica a la resolución de juicios de amparo. Pero en esta ocasión me ha tocado un trabajo de campo que es la investigación, en relación con los hechos ocurridos en la Guardería ABC y ha sido para mi muy enriquecedor dado que ha sido un ámbito muy diferente al que me he venido desempeñando. Sin embargo, muy útil, muy cercano a las personas, con mucha participación tanto de los padres, de los maestros, de la misma sociedad, incluso de las autoridades, todas han tenido una participación en el desarrollo de la investigación que ha servido para que desde el punto de vista profesional yo vea un aspecto diverso de la profesión de Abogacía que escogí.

-Las madres y padres de la Guardería ABC afectados, acudieron a ustedes porque no tienen confianza en el sistema judicial mexicano ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Es un poco difícil de contestar por qué no confían. Yo como Abogada quiero decirle que precisamente uno de los principios rectores de la Abogacía es tener confianza en la justicia. Y la justicia es un valor que en la sociedad se da en cada momento, en cada época. En nuestro momento histórico, yo creo que las leyes que existen en México son leyes buenas y leyes que están fundamentadas en principios internacionales, que se han ido recogiendo para darnos unas buenas leyes. Yo creo que también hay buenas instituciones y buenos jueces. Y será la percepción de cada ciudadano quien pueda determinar en un momento dado si hay claridad y si hay aplicación correcta de la ley.

-El caso ABC ¿la fortalece en su carrera en el sistema judicial?
Sí, si me fortalece el poder participar, interactuar con los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC. Ha sido para mi una satisfacción de poderme acercar a ellos, ha sido una oportunidad única en mi vida. Agradezco a la Suprema Corte por haberme permitido llegar a este lugar y tratar de desarrollar lo mejor que he podido los puntos de la investigación.

-¿Considera que el hecho de ser mujer le da algún plus de sensibilidad para tocar algunos puntos que tal vez los hombres no ven?
Como hombres y mujeres somos diferentes en nuestra sensibilidad. Sin embargo, el hecho de ser padre o madre considero que es un sentimiento que nos une a todos los seres humanos como un universo y que el hecho de ser mujer tal vez me permita en un momento dado tener más empatía con las madres, con las abuelas, con los padres, con los abuelos, pero no me hace diferente ni mejor que un hombre, sino que todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir de la misma manera.

-¿Qué es lo que más le impactó y lo que más le gustó de esta experiencia?
Me impactó que las familias, los padres que perdieron a sus niños hayan visto cambiada su vida de un momento a otro, las expectativas…son personas muy jóvenes, que apenas empezaban un camino y que lo vieron truncado por una desgracia. Eso me impactó, pero al mismo tiempo me motivó para hacer mi mejor esfuerzo y tratar de entender lo mejor posible su perspectiva y dar lo mejor de mí para poder llevar a cabo la investigación junto con mi compañero el Magistrado Ronzon a quien le reconozco su profesionalismo y su dedicación en este trabajo.

-¿Aprendió algo de las madres y padres afectados?
Siempre aprendemos algo. Aprendemos cómo podemos tener tanta fuerza para poder seguir adelante, aún ante las adversidades de la vida, aún las más crueles.

-¿Lloró?
Sí, ¡cómo no!, muchas veces, muchas. Pero qué afortunadas las mujeres que no se nos prohíbe que lloremos. Lloramos, pero es un sentimiento que también compartimos con los hombres, pero la sociedad nada más a nosotras nos permite muchas veces que seamos más expresivas, de lo cual doy muchas gracias.

-¿Ha pensado en escribir la experiencia del caso ABC?
Por el momento no.

Publicado en: www.mujersonora.com, www.revistaasi.com.mx, www.cimacnoticias.com

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Juan Francisco Molinar Horcasitas, fue increpado por algunos legisladores de la Comisión de Transporte y varios ciudadanos por su relación en los hechos del incendio de la clínica ABC en Sonora, el año pasado.

Esto sucedió momentos antes de que entrara a una comparecencia que se lleva a cabo en estos momentos en el recinto Legislativo de San Lázaro.

El secretario se encuentra aquí para comparecer ante la comisión de Transporte. En la orden del día se leyó que se le citó “por falta de transparencia en las cuentas públicas de la SCT durante 2009″.

Según se leyó, el funcionario hizo caso omiso de un requerimiento de información por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Fuente: El Universal

Por: Vanessa Job

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Los padres de los 49 niños fallecidos y los 75 lesionados en el incendio de la
guardería ABC de Hermosillo, no sólo han tenido que pasar por el dolor de haber
perdido a sus hijos o de lidiar con los daños irreparables con que viven los
sobrevivientes. Desde el 5 de junio de 2009 han sido víctimas de una larga lista
de agravios por parte de las autoridades, que van desde la indiferencia,
la insensibilidad, la negligencia médica y los abusos.
Ahora, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia les ha dado la
razón: en el incendio hubo negligencia de las autoridades del gobierno de Sonora
y del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la bodega adjunta a la guardería,
donde empezó el incendio, no había ni siquiera extintores; nunca se realizaron las
inspecciones para garantizar la seguridad de los niños en esa estancia infantil, ni se
revisaron las condiciones de operación de las guarderías subrogadas –sólo 14
de mil 480 casos cumplían con la normatividad–. El dictamen, que deberá ser
aprobado por el pleno de la Corte, sólo respalda las historias de los padres de los
niños de Hermosillo. Eso no significa que habrá la justicia que esperan.

Fuente: Revista EmeEquis

Una semana antes de que entregara la gubernatura de Sonora al panista Guillermo Padrés, el priista Eduardo Bours llegó a Los Pinos para tomarse el café que le había invitado el presidente Felipe Calderón.

—Se manejó muy mal lo de la guardería ABC— dijo de botepronto el anfitrión.

—¿Dónde está el manual que diga cómo se debe manejar un incendio en el que mueren 49 niños?—, respondió Bours.

La que fuera una relación incluso estratégica en los comicios presidenciales de 2006 se convertió en una guerra declarada entre ambos gobiernos. Amigos y colaboradores cercanos al ex mandatario priista reconstruyeron para MILENIO la crisis desatada por el incendio de la guardería ABC, el cual ha llevado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera preeliminar, condene a ambas administraciones.

Horcasitas
Cuatro días después de la tragedia ocurrida el 5 de junio, Bours confirmó en entrevista telefónica con la periodista Carmen Aristegui que una de las beneficiarias de la subrogación del IMSS era Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la primera dama, Margarita Zavala, lo que malestó al gobierno federal.

Después se conoció que otros amigos y familiares de Bours también eran beneficiarios de estancias infantiles subrogadas. El domingo 21 de junio de 2009, el IMSS anunció, sin avisarle a Bours, que demandaría civilmente a la administración sonorense por el siniestro.

Bours llamó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien tenía una vieja relación de amistad.

—Dile a Molinar Horcasitas que ya le baje o le seguimos hasta donde tope—, pidió Bours.

—No es él—, contestó.

—Claro que es él. ¿A poco crees que me la voy a creer que es Karam? Molinar es el titiretero de todo esto.

Los padres
Según la version de colaboradores cercanos al ex mandatario, Gómez Mont le dijo a Bours que en los resultados de los sondeos de opinión que se estaban haciendo, al gobierno de Sonora le achacaban menos que al IMSS la responsabilidad por el siniestro. “¡Pues claro que sí, porque el Seguro Social es el responsable”, habría dicho Bours. “Eso no lo vamos a permitir”, acabaría Gómez Mont con la conversación.

Para ese entonces, las protestas encabezadas por los padres de los niños fallecidos, entrezmecladas con el proceso electoral, eran cada vez más numerosas y enérgicas. Bours, de acuerdo con un informe oficial, visitó personalmente a 32 de los 49 padres que perdieron a sus hijos durante el incendio, pero no pudo aminorar el enojo de los deudos.

La visita más difícil fue la que hizo a Patricia Duarte, madre del pequeño Andrés Alonso, ya que lo encaró directamente y le exigió que encarcelara a los dueños de la guardería por no cumplir con las medidas de seguridad.

En el equipo de Bours se asegura que hubo también padres que recibieron de forma tranquila al entonces gobernador y que una de las madres hasta le dijo que lo admiraba y que no quería saber más sobre lo que había pasado. “Lo único que quiero yo en este momento es que me devuelvan a mi hijo y eso ya no es posible”, dijo la madre.

Los dueños
El hecho de que los propietarios de la guardería incendiada —dos altos funcionarios de gobierno y un conocido recolector de fondos del PRI— tuvieran vínculos con el poder y el que no fueran detenidos ni encarcelados, aumentaba el malestar entre los deudos, quienes acusaban a Bours de proteger a sus amigos. El equipo del ex mandatario asevera que no podían hacer algo para detener ni siquiera arraigar a los dueños, debido a las leyes vigentes, y que incluso, cuando trataron de hacerlo con el representante legal, Marcelo Meouchi, fracasaron.

Alberto Escalante, Sandra Téllez, Marcia Gómez del Campo, Gildardo Urquidez y Antonio Salido, los dueños de la guardería, no querían dar la cara. La única conferencia que han dado fue gracias a la presión que ejerció el ex mandatario, quien les exigía que se responsabilizaran públicamente, afirman sus cercanos. Esos días fueron ríspidos y como resultado quedó una mala relación entre casi todos los dueños y Bours. Hace unas semanas, durante la boda del empresario Alejandro Calles, Bours y Sandra Téllez se toparon, pero la dueña de la guardería ABC volteó la cara ante el ex mandatario y evitó saludarlo, cuentan testigos.

Calderón
En ese momento, Bours tenía abiertos muchos frentes. El más importante era el del gobierno federal. La relación con Calderón, cultivada a través de Elba Esther Gordillo, se había deteriorado rápidamente en los primesos meses de 2007. La ruptura definitiva se hizo evidente cuando, en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Bours reclamó al presidente Calderón de incumplir promesas de campaña para Sonora. “Gavilán que agarra y suelta no es gavilán”, le parafraseó.

Sobre el apoyo de Bours a Calderón en las elecciones de 2006, los miembros de su equipo lo aceptan, pero aseguran “se trató de un pronunciamiento público, no de una operación electoral”.

Cuentan los cercanos a Bours que en caso de que no hubiera sucedido el siniestro de la guardería ABC, Bours estaría metido de lleno en la vida nacional. “Durante muchos años lo quisieron desencarrilar, empezando por Manlio Fabio Beltrones, que le decía que la política era para profesionales, no para improvisados como él. Bours todavía tenía mucho que dar”, dice uno de sus mejores amigos y colaboradores a la vez. “Pero lo perdio la Guarderia ABC y el poner a un candidato tan poco trabajador y listo como Elias Serrano”, sentencian.

Fuente: Milenio Diario

Fotografías cortesía: Iguanama
Vía: Daniel Gershenson

El pasado 5 de marzo, personas vinculadas a través de Twitter se unieron para rendir un homenaje a cada uno de los pequeños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC.

En un acto de amor y protesta, encendieron 50 velas frente a las oficinas del IMSS Reforma, una por cada infante fallecido, y una más en representación de todos los pequeños lesionados.

Desde el corazón, que han tocado con sus acciones incansables, cada uno de los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia les damos las gracias.

Nunca nada ni nadie los revivirá y mientras vivamos no debemos olvidarlos. Su sonrisa cortada, su paso a la eternidad significó la muerte de una parte de México. Hoy el Estado mexicano se parece a los juguetes que la arena va descomponiendo sobre sus tumbas, recordándonos que esos juguetes sirvieron para iluminar la esperanza de un mañana que eran esos niños, asesinados porque alguien no vio dónde tenían que estar las paredes que separaran la vida de la muerte en un incendio.

La diferencia entre accidente y abandono es que el accidente, para los creyentes, está en manos de Dios. Abandono es que pudiendo evitar una catástrofe no se evite. El Estado existe y no es totalmente fallido, pero en Sonora, como dice la canción, no están clavadas dos sino 49 cruces.

La semana pasada, la Corte justificó por qué pagamos sus coches, aviones y restaurantes de lujo. Investigó y llegó a una conclusión que no es nueva: hubo negligencia en el caso ABC, se pudo evitar y hay culpables.

Si yo fuera uno de los padres de los niños enterrados debajo del polvo del desierto de Sonora hubiera tenido muchas veces la tentación de tomar justicia por mi mano. Hoy tomo justicia pero ya no por mano propia: una parte del Estado sirvió para algo, la otra parte no evitó que mi hijo muriera abrasado por las llamas. La Corte impidió que mi hijo muriera por tercera vez, al decir que no fui yo quien no lo supo cuidar, y que me lo robaron la desidia, la avaricia y la incuria, al probar que ahora debo enterrarlo en mi memoria porque no se le protegió.

Que el hoy secretario de Comunicaciones no actuó bien, lo sabíamos; que Bours —el que durmió como un bebé cuando asesinaron a los bebés— es responsable, también lo sabíamos; pero después de esta investigación y sin más sangre sobre sangre, el gobierno se obliga a investigar, ya que la Corte demostró que sí tiene jueces y tribunales capaces de indagar lo qué pasó y de exigir responsabilidades.

Yo me sentí el criminal, el irresponsable, por las sonrisas de los niños que siempre me acompañarán. Hoy la Corte no me devuelve la paz pero sí cierta tranquilidad de que no todo lo que hacemos por México es inútil.

El Legislativo y el Ejecutivo deberían saber que las lágrimas de impotencia, el llanto de los padres y su lucha por justicia ha tenido una sola reacción en su favor y esa fue la del tercer poder, el Judicial. Toda mi solidaridad para esos padres. Siento el mismo vacío, uno que no se va a llenar. 49 niños nos miran, esperan y preguntan qué vamos a hacer con su muerte.

POSDATA: Si acaso alguna vez Juan Molinar tiene la tentación de ser Presidente, que sepa que en su campaña siempre estarán las 49 risas sepultadas, porque el IMSS, la institución que él dirigía, no hizo lo que debía.

Fuente: El Universal

Cortesía: Revista Vértigo

El informe preliminar de los magistrados señala que al permitir que particulares brinden el servicio se ejercieron facultades que no corresponden. Además, revela el descuido, desorden y graves omisiones en la supervisión de la forma en que operaban.

Fotografía: Revista Vértigo

Nueve meses de la tragedia que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la incertidumbre de los padres afectados y la sociedad en su conjunto frente a la falta de respuestas a sus demandas de justicia comienza a disiparse: un informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga al respecto, por fin señala a responsables de los hechos.

Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, hacerse de la vista gorda en torno de la operación de ese y otros cientos de establecimientos que deben cumplir con las normas de seguridad que marca la ley.

De ahí que, ante el informe de la Suprema Corte, los sonorenses —y los mexicanos todos— multipliquen hoy sus demandas de justicia y exijan a las autoridades detener de una vez por todas a los presuntos responsables de una tragedia que, sin duda, modificó para siempre la vida social y política en esa entidad.

La historia

El 5 de junio de 2009 la tragedia estremeció al país: un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo provocó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75, de los que en este último caso gran parte sufre todavía el daño físico y el impacto sicológico de tan terrible suceso.

Desde un principio se habló de negligencias que involucraban a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), pero los días comenzaron a pasar sin que se deslindaran responsabilidades ni las investigaciones arrojaran frutos concretos.

El descontento de los sonorenses alcanzó entonces tal grado, que el 13 de junio (como consignó Vértigo en su edición 431) al menos seis mil personas recorrieron el centro de Hermosillo gritando consignas tan duras como “¡Justicia o habrá venganza!”

En su mayoría con vestimenta blanca, la columna partió desde la plaza Emiliana de Zubeldía justo a las 18:15 horas de aquella tarde, para llegar a la plaza Zaragoza 40 minutos después. Una manta de varios metros de largo, sostenida por dos decenas de personas, mostraba rotuladas las caras de 46 niños —22 pintados en color rosa y 24 en azul— y los nombres de las pequeñas víctimas.

El primer bloque de la columna estaba formado por las madres y padres de familia, quienes portaban pequeñas banderas blancas y cuyos familiares mostraban pancartas con mensajes como “¿Por qué no cuidaste a nuestros hijos?” y “Cárcel para los asesinos”.

Frente a las puertas del Palacio de Gobierno se registraron dramáticos momentos, cuando los padres reclamaron justicia y castigo para los involucrados en estos hechos, que calificaron de “corrupción y criminalidad”.

Roberto Zavala, padre del malogrado Santiago de Jesús, entre gritos que exigían la renuncia del gobernador Eduardo Bours, lanzó la advertencia: “Si no hay justicia por parte de las autoridades, habrá venganza por parte del pueblo”.

Sin culpables

Tres días después, en conferencia de prensa conjunta, el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, José Martín Godoy Castro, coincidieron en señalar que las investigaciones avanzaban y se tenía ya la certeza absoluta de que la tragedia fue producto de un corto circuito en un aparato de aire acondicionado en una de las tres secciones en que se dividía la bodega incendiada: la que albergaba instalaciones del gobierno estatal, justo al lado de la sección de la Guardería ABC.

Dijeron que el fuego comenzó en dichas instalaciones y se propagó con extrema rapidez hasta la guardería. Murrieta insistió en señalar que la mayor responsabilidad correspondía a la instancia que aprueba y supervisa la operación de guarderías y su normatividad en materia de seguridad. “Es la entidad encargada responsable y si hubo algún tráfico de influencias, evidentemente tiene que ver con el Seguro Social”, afirmó el procurador general de Justicia de Sonora.

Explicó que la guardería ABC de Hermosillo fue adjudicada de manera directa por el IMSS en agosto de 2001, de acuerdo con documentos oficiales en poder de las autoridades. Añadió que se tenían declaraciones de funcionarios municipales de esa época, que dieron autorización para el uso de suelo, así como de los años posteriores.

Igualmente, los funcionarios dieron a conocer los resultados obtenidos por el laboratorio de química forense de la PGR sobre el inicio del incendio en la bodega contigua a la guardería y se descartó la presencia de algún tipo de carburante en el lugar de los hechos, como se había especulado. “No hubo ningún acelerante de fuego, no había hidrocarburos; es la conclusión del laboratorio de la PGR”, subrayó el procurador del estado.

Por su parte, el delegado de la PGR informó que se analizaban documentos y conductas desde el momento mismo en que se otorgó la concesión a la Guardería ABC para ver qué tipo de sanciones aplicar de acuerdo con el Código Penal. “Nos hemos dado a la tarea de investigar desde el momento en que los particulares realizaron la solicitud para la instalación de la guardería, hasta el momento del incendio”, manifestó Godoy.

Ambos funcionarios destacaron entonces que las investigaciones tenían todavía elementos que debían ser evaluados antes de emitir alguna denuncia contra quienes resultaran responsables del incendio. “Tenemos que atender los tiempos que la propia indagatoria solicita. Emitir un análisis faltando una diligencia sería irresponsable”, subrayó Godoy.

El dedo en la llaga

Hoy, en cambio, el informe que una comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a elaborar hace seis meses respecto del caso ABC presenta conclusiones devastadoras: el documento de los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla establece que el siniestro “fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo”.

La comisión investigadora determinó que “en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia”; y destacó que esa institución “carece de fundamento legal” para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.

Al presentar ante el pleno de la SCJN un resumen de su informe preliminar —que se turnará al ministro José Fernando Franco González Salas para la preparación del dictamen que discutirá el pleno—, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre ese desorden generalizado y el caso de la Guardería ABC.

Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares. También recordaron que a petición de los padres de familia se contrató a una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la guardería.

He aquí el resumen de su informe de trabajo.

Conclusiones generales

Primera. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado a, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, “los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS” y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios.

El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes es una interpretación distinta a dichas normas, que “puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías” y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.

Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.

Segunda. El hecho de que actualmente operen once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.

Tercera. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado, pues se hizo evidente la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.

Cuarta. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.

Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que esta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas.

Quinta. El incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos.

La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería.

Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.

Sexta. En virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.

No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.

Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica del inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.

Séptima. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas “diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo”.

Octava. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC.

Alertas

Demian Duarte, analista sonorense y colaborador de Dossier Político, considera “inexcusable la actitud de los políticos y burócratas responsables de la tragedia en la Guardería ABC, que a casi nueve meses del incendio siguen echándose la bolita sin asumir responsabilidades”.

Para Duarte, las respuestas de los señalados como presuntos responsables por el informe preliminar de la Suprema Corte “muestran una mezcla de cinismo e indolencia al respecto de este sensible tema, que ofende”.

El analista señala que “el ex gobernador simplemente siguió siendo el mismo de siempre: insensible e incapaz de escuchar o comprender que no es dueño de la verdad absoluta y que su gobierno no respondió a los padres de familia de manera adecuada tras la tragedia, al diseñar ese engaño financiero que es el famoso fideicomiso que se sacó de la manga para garantizar la fianza del personal de Hacienda que fue apresado en primera instancia”.

Pero lo peor es que “no respondió al principal señalamiento, que es que su gobierno no atendió las leyes, no observó las normas y por eso al fin de cuentas es responsable de esas 49 muertes”.

Sobre la reacción de otros implicados, Duarte critica el hecho de que “se limitan a declarar que están muy tristes por el informe de la Suprema Corte en torno de la investigación especial que se hizo al respecto y dicen que opinarán cuando lean el documento y lo analicen, por supuesto, en sus alcances e implicaciones jurídicas”.

A su vez, el analista José Contreras advierte que deben fincarse “responsabilidades penales y administrativas” contra quienes la Suprema Corte señala como presuntos responsables del incendio en la Guardería ABC.

De lo contrario, alerta Contreras, “se fortalecerán los argumentos de quienes consideran que la facultad de investigación del máximo tribunal del país no tiene razón de ser”.

Una luz

El senador René Arce, por su parte, dice que “gracias a los padres de los menores fallecidos, que no han cejado en su demanda de justicia”, y frente al informe preliminar de la comisión investigadora de la Suprema Corte, “se empieza a ver una luz”, lo que él considera “el comienzo de otro camino del que aún no sabemos el término y si pagarán todos los involucrados”.

Arce recuerda que en el reporte preliminar de la indagatoria se responsabiliza también a otros 17 funcionarios federales, estatales y/o municipales que, en el proceso, “podrán defenderse y manifestar lo que les parezca pertinente. Cabe destacar que el dictamen final deberá ser votado por el pleno del máximo tribunal”.

De modo, advierte Arce, que “el camino puede tornarse largo y sinuoso, o todo lo contrario”.

Pero lo cierto es que por fin se ve una luz al final del túnel, por lo que resulta indispensable que tanto los padres de las víctimas como la sociedad en general mantengan sus demandas de justicia: los mexicanos no pueden quedarse inmóviles, porque se trata de exigir que se cumpla la ley y ello beneficie a todos.

Fuente: Revista Vértigo