Tocaron las puertas de la justicia y se
las cerraron en todos lados: primero
el gobernador de Sonora Eduardo
Bours y su procurador Abel
Murrieta, quienes les ofrecieron dinero,
obsequios y hasta pasteles para
que olvidaran su pena. Luego, en la Ciudad
de México, la Procuraduría General de la República
(PGR) y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) les negaron el castigo a
los responsables de la tragedia.

Ante estas resistencias, los padres de
los 49 niños muertos en la guardería ABC
de Hermosillo decidieron realizar un “juicio
ciudadano” contra el Estado mexicano,
como un “reproche moral” y una exigencia
de justicia.

“La Constitución nos lo permite; es uno
de los actos a los que la ciudadanía tiene derecho
para enfrentar la injusticia, la impunidad
y el solaparniento de las autoridades.

No será show ni simulacro, sino un acto solemne
con juez, fiscal, abogado defensor
y acceso a los expedientes”, explica Abraham
Fraijo, padre de Emilia, una de los 49
menores muertos el 5 de junio de 2009 en
el incendio de la guardería ABC.
En entrevista, Patricia Duarte, Roberto
Zavala, Julio César Márquez y Abraham
Fraijo declaran a Proceso que el juicio se
realizará en el Distrito Federal el próximo
5 de septiembre y citarán como “acusados”
al jefe del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón; a los ministros de la SCJN; al
exgobernador Eduardo Bours; al director
del Seguro Social, Daniel Karam; al extitular
de la misma dependencia y actual
secretario de Comunicaciones y Transportes,
Juan Molinar Horcasitas; al exsecretario
de Gobernación Fernando Gómez
Mont; al exprocurador general de la República
Eduardo Medina Mora, y a CarIa Rochin,
encargada de las guarderías subrogadas
en el ámbito nacional.

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Fuente: Revista Proceso

Globo 15
Monserrat Granados Pérez

“Memòria de tu i de mi
i de tantes preguntes
sense desposta”
(Montserrat Abelló).
Extraña forma de encontrar las preguntas que buscaba:
Subir a la sierra que iluminas con tu luz morena,
Cosechar el alma contenida en las semillas,
Vencer con honor las decepciones y desdoros
Que defecan camarillas pusilánimes al aire.

¿Por qué mis hijos no rieron junto a ti?
¿Por qué las huellas de mi vejez nos las cubrió tu lozanía?
¿Por qué las manos de tus padres y las mías, que son nuestras,
sudan sangres y tristezas?
¿Por qué la insolencia irresponsable?
¿Por qué la abyecta mentira y el ultraje?

Sabemos las respuestas, falta entregarlas.
Se acerca el día de enseñar a los culpables
A leer el tiempo.

Cuatro abogados constitucionalistas analizan el proyecto de dictamen final de la investigación que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo. La ponencia elaborada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es considerada un documento histórico por los especialistas, pues en caso de ser aprobado por el pleno de la Corte definirá los alcances de la responsabilidad de los servidores públicos de alto rango frente a hechos graves y dará un nuevo significado al servicio público.

¿Cuál es la trascendencia histórica de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de la Guardería ABC, en lo que se refiere a los límites y alcances de la responsabilidad de los funcionarios públicos?

Miguel Carbonell
El proyecto de dictamen que el ministro Arturo Zaldívar presenta a sus 10 colegas del pleno de la Suprema Corte es muy novedoso en la medida en que trasciende una visión muy tradicional y conservadora del concepto de “responsabilidad” de las autoridades del Estado mexicano en el caso de violaciones a los derechos humanos.

Tradicionalmente se había entendido que un funcionario era responsable solamente en la medida en que hubiera hecho algo que lo pusiera en la hipótesis clara y directa de lo señalado por una norma jurídica. El problema era que ahí empezaba la responsabilidad, pero también ahí terminaba. Los responsables, según este punto de vista, son aquellos que “directamente” realizaron un hecho ilícito.

La propuesta de Zaldívar se hace eco de las más avanzadas teorías de la responsabilidad, propias de los Estados constitucionales contemporáneos y nos dice que hay varios tipos de responsabilidad: unos directos y otros indirectos, unos de carácter penal y otros administrativos o políticos. Pero en todos ellos el Estado y sus funcionarios deben responder frente una violación grave a los derechos humanos.

Desde luego, la imputación de responsabilidad debe ser proporcional a la gravedad de la acción o de la omisión, y debe graduarse en la medida del daño efectivamente causado, pero nadie se puede librar en la cadena administrativa de mando.

Javier Cruz Angulo
No es la primera vez que en un proyecto de facultad de investigación se hace señalamiento a altos funcionarios. En el proyecto de Atenco, la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo (febrero del 2009) contemplaba la responsabilidad de altos funcionarios: tanto el procurador Eduardo Medina Mora como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Cuando el proyecto pasa al pleno de la Suprema Corte se dice que no hay suficiente cadena de evidencia para poder fincar la responsabilidad de dichos funcionarios. Veremos si en este caso existe suficiente cadena de evidencia para poder llegar a los funcionarios que señala el dictamen.

Ana Laura Magaloni
Lo que el dictamen del ministro Zaldívar propone es un cambio de 180 grados con respecto a lo que significa el ejercicio del poder. Un alto cargo público conlleva grandes responsabilidades, no sólo privilegios. Dicha responsabilidad no es sólo hacia el titular del Ejecutivo. También existe una responsabilidad de cara a la ciudadanía. Se trata de construir un gobierno que ponga a los ciudadanos en el centro. Ello significa, entre muchas otras cosas, que cuando en una institución existen fallas graves -como las que sucedieron en el caso de la Guardería ABC- más allá de las responsabilidades penales o administrativas que se puedan derivar, existe una responsabilidad política y ética por parte de las cabezas de la institución. Esta responsabilidad sólo se entiende si creemos que la democracia significa un gobierno que rinde cuentas frente a los ciudadanos.

Diego Valadés
El proyecto del ministro Zaldívar permite apreciar la magnitud del rezago de nuestro sistema constitucional en materia de democracia. Contamos con un sistema electoral que se basa en el ejercicio de las libertades públicas de los ciudadanos, pero no disponemos de un sistema de controles democráticos con relación a los integrantes del gabinete presidencial. El proyecto del ministro exhibe al mismo tiempo la indemnidad política de los titulares de altos cargos y la inoperancia del Congreso en materia de control político. Es muy llamativo que ninguna de las Cámaras del Congreso haya integrado una comisión de investigación, conforme a la facultad que les confiere el artículo 93 constitucional, y que se hayan conformado con llevar a cabo unas inocuas reuniones de trámite con los funcionarios involucrados en este trágico suceso.

¿Qué actitud deben asumir los demás ministros de la SCJN frente a esta ponencia y cuáles son los temas a considerar durante la discusión y votación del proyecto del ministro Zaldívar?

Miguel Carbonell
La Suprema Corte estaría enviando un mensaje muy contundente si aprueba por unanimidad, con los cambios que se estimen oportunos, el documento elaborado con gran maestría por el ministro Zaldívar.

La Corte puede constituirse en este momento tan complicado que está viviendo México en el único asidero de credibilidad y de lucha contra la impunidad.

Hay millones de mexicanos que dejaron de creer en la justicia y que ya no confían en ninguna autoridad. La decisión que tome la Corte en un tema que ha despertado tanta sensibilidad social puede ser un mensaje de esperanza, un recordatorio de que todavía tenemos Estado y que, por encima de intereses políticos, el ciudadano va a ser respetado y sus derechos protegidos.

Javier Cruz Angulo
El ministro está poniendo sobre la mesa cuáles pueden ser los alcances de la resolución o cuáles son sus efectos y eso debería ser un debate en la Suprema Corte. Por primera vez dentro de un proyecto se explica qué es la facultad de investigación de la Corte, eso sí es histórico. Es la primera vez que un proyecto dice que la facultad de investigación no es vinculante, no es obligatoria y que no prejuzga sobre la responsabilidad civil, penal o administrativa de un funcionario, pero que sí es un señalamiento sobre la legitimidad democrática de las instituciones, con la fuerza moral de la SCJN.

En el Congreso se va a votar si se retira o no la facultad de investigación de la SCJN, por lo que el tema se vuelve aún más relevante. En caso de ser la última, que al menos se defina qué fue o qué era; y en caso de que no sea la última es el primer antecedente que dice cuáles son sus alcances.

Vale la pena analizar también si la facultad de investigación puede ir de un caso particular a lo general, porque a partir de lo que pasa en la Guardería ABC se hace un estudio de todo el sistema de guarderías. Se necesitó analizar todo el sistema jurídico respecto a la subrogación de guarderías del IMSS para decir que hay un gran tema de derechos humanos, que la infancia se vulnera abiertamente porque hay un gran descuido por parte del IMSS en las condiciones en que están los niños. De más de mil 400 guarderías, sólo el 14 por ciento cumplen los requisitos, esto habla de un desprecio por el cuidado de los niños infame de parte de las autoridades.

Finalmente se tiene que debatir cuán fuerte puede ser el señalamiento político hacia las personas que están siendo consideradas como responsables, cuál debe ser la cadena de evidencia suficiente para que se pueda señalar a una autoridad.

Como la facultad de investigación es algo que no tienen otras cortes del mundo no tenemos reglas de juego; como son distintas en derecho penal, civil o administrativo, se debe definir qué reglas utiliza la Corte en la facultad de investigación. Por eso se cayó el caso de Lydia Cacho, porque se excluyó la prueba de las grabaciones bajo los estándares de prueba del derecho penal.

Por último, si estamos hablando de un señalamiento de legitimidad democrática, política y moral, las autoridades deberían de responder en ese mismo nivel, y el IMSS tendría que empezar a coordinarse con el gobierno del estado de Sonora para poder reparar el daño a las víctimas. Pero depende mucho de la fuerza con que la Corte haga el señalamiento y lo pueda explicar de forma lógica a la sociedad.

De la lectura del dictamen, a mí me queda muy claro que hay un total desaseo en cómo contrata el IMSS, y eso es muy importante porque cualquier ciudadano lo puede leer, pero también es importante que se explique por qué el gobernador de Sonora adquiere este mismo grado de responsabilidad, no se explica con la misma claridad.

El señalamiento político que le vayan a hacer a cualquier autoridad, se le debe explicar a la ciudadanía con peras y manzanas, precisamente porque se trata de un fallo que robustece la legitimidad política de la Corte.

Ana Laura Magaloni
La tarea principal de la Corte en el proceso de consolidación democrática es garantizar la eficacia de los derechos constitucionales que nos hacen ser ciudadanos y no meros gobernados. Si bien esta afirmación la pueden compartir en abstracto todos los ministros, Zaldívar les propone hacerla real y tangible en un caso tan emblemático como el de la Guardería ABC.

Este caso, como ningún otro que yo recuerde, toca las fibras más sensibles del ciudadano de a pie. Los ministros tienen enfrente un proyecto de dictamen que le habla a esos ciudadanos. ¿Podrán asumir cabalmente el papel que les toca en un asunto de esta dimensión? Yo creo que ello dependerá de su capacidad para mirar de una forma original y novedosa lo que significa la facultad de investigación de la Corte y de que su tarea en este ámbito es completamente distinta y atípica con respecto a lo que es propiamente la facultad jurisdiccional.

En este caso no están decidiendo un asunto en donde hay un demandado y un demandante y lo que decidan es obligatorio. Más bien, lo que tienen enfrente es un caso que, a pesar de su enorme gravedad, no ha sido atendido cabalmente por las instituciones legales respectivas y los controles políticos básicos de un sistema democrático tampoco han funcionado. Frente a ello lo que le queda a la Corte es intentar activar tales controles. No puede hacer más, pero yo creo que tampoco debería hacer menos.

Parte de los ejes rectores de la discusión serán: 1) cuál debe ser el papel de la Corte cuando está ejerciendo su facultad de investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales; 2) qué significa la responsabilidad “constitucional, política y moral” de los altos funcionarios y cómo se diferencia de la responsabilidad penal y administrativa y 3) si los funcionarios que señala el dictamen son o no responsables constitucional, política y moralmente de las omisiones que les imputa el proyecto.

Diego Valadés
Estoy seguro de que los ministros examinarán el proyecto con la seriedad que caracteriza su trabajo. No formulo sugerencia alguna acerca de lo que ellos deben hacer, porque la Corte es de las pocas instituciones que realiza sus labores con un alto sentido de responsabilidad. Temo que en éste, como en otros casos, la Corte será objeto de presiones; pero estoy seguro de que, como en esos casos, sabrá soportar y superar las presiones y resolverá en el sentido que corresponde en un Estado de derecho: contra la impunidad. El problema es que su decisión no será vinculante, por lo que la arrogancia y la insensibilidad políticas podrían hacer que nada pasara, y que los involucrados se limiten a esperar que nuevos escándalos hagan olvidar este doloroso caso.

¿Qué nuevas lecciones deja esta ponencia en lo que concierne a dos temas?: la facultad de investigación de la Suprema Corte y sus consecuencias, y las fallas del Ministerio Público y del proceso penal en general para investigar y castigar conforme a la ley delitos en hechos graves de gran trascendencia pública, en este caso, el incendio de la guardería.

Miguel Carbonell
Debemos hacernos, con seriedad, de las limitaciones que la Constitución señala respecto del ejercicio de la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos, prevista en el artículo 97 constitucional.

Al terminar su discusión y análisis, la Corte señalará simplemente si se han violado de forma grave, en un caso concreto, los derechos fundamentales de una o varias personas. Pero de ese señalamiento no se desprende, en automático, alguna responsabilidad.

De hecho, la Corte lo que va a hacer una vez que sea aprobado el dictamen correspondiente es ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, para que lleven a cabo los procedimientos que (entonces y sólo entonces) imputen responsabilidades concretas a los funcionarios o ex funcionarios señalados.

¿Qué autoridades son ésas? Las procuradurías de justicia (de Sonora y General de la República), por lo que respecta a la responsabilidad penal; las contralorías de los poderes ejecutivos, por lo que hace a la responsabilidad administrativa; los órganos legislativos (local y federal) en lo que toca a la responsabilidad política. Cada órgano debe llevar a cabo un proceso distinto, siempre muy riguroso, al determinar el grado y nivel de responsabilidad de cada persona involucrada. No es lo mismo la responsabilidad penal que la política, y no deben confundirse nunca.

La facultad de investigación no es muy “natural” para un tribunal constitucional. De hecho, no conozco ningún caso de otro país que tenga algo parecido. Pero en la tragedia de la Guardería ABC, la Corte parece que es el último eslabón en el funcionamiento del Estado mexicano. Una instancia superior a la que se apela ante las deficiencias, las complicidades, la falta de respuesta de todos los demás mecanismos de tutela y protección de derechos.

Por eso es que la Corte tiene la gran oportunidad, histórica, de devolverle a la sociedad mexicana un poco de confianza y de credibilidad hacia sus autoridades. El ministro Zaldívar, con su enorme documento, ha dado un paso de gigante en la dirección correcta. Esperemos que sus compañeros sepan estar a la altura del reto. Lo veremos muy pronto.

Javier Cruz Angulo
Como era obvio que la Procuraduría del estado jamás iba a señalar como penalmente responsable al gobernador, ni la Contraloría del IMSS iba a señalar como administrativamente responsable al director del IMSS, se tuvo que recurrir a la Corte. En un mundo ideal, la Contraloría señalaría a su propio director como su responsable, y en un mundo ideal la Procuraduría del estado no tendría ningún empacho en señalar al propio gobernador, pero como sabemos que aquí no iba a pasar eso, se recurre a la Suprema Corte, y ahora, a contrario sensu, la Corte tiene que dar una explicación muy detallada a los padres y a la sociedad de por qué señaló a cada quien, porque si no todos son responsables y se convierte nada más en una verbena popular.

Este caso es el más claro ejemplo, junto con el de Atenco, de que hay instituciones que son incapaces; es decir, en el momento en que hay un evento donde puede haber hechos que señalen a políticos, las instituciones se vuelven ineficaces y esto es muy triste. Tiene que llegar la SCJN a rescatar y entonces ellos, como un poder autónomo, sí hacen los señalamientos que otras instituciones no se atreverían a hacer.

Ana Laura Magaloni
1. El proyecto establece una nueva forma de entender la facultad de investigación. Esta debe estimarse como una facultad excepcional y que procede cuando: a) existen indicios de que se violaron gravemente los derechos fundamentales y b) los mecanismos ordinarios para imputar responsabilidades penales o administrativas no han dado resultados. Frente a ello lo que la Corte puede hacer es erigirse como un árbitro político y ético. En este sentido sólo puede definir responsabilidades políticas no jurídicas. En pocas palabras, es una facultad que existe porque el sistema político y las instituciones legales todavía son inmaduras para dar respuestas satisfactorias a la ciudadanía en asuntos de esta dimensión.

2. Una parte importante de lo que estos casos ponen a la luz pública es que procesos judiciales ordinarios no funcionan para asuntos que tienen que ver con los altos funcionarios o la élite económica. La construcción de un gobierno responsable en términos jurídicos pasa por resolver dos problemas: a) la incapacidad técnica y la falta de autonomía política de las procuradurías de justicia que conlleven a determinar responsabilidades penales a los funcionarios públicos y b) la ausencia de instituciones fuertes y autónomas para definir responsabilidades administrativas frente a funcionarios públicos, de cualquier nivel, que violan las leyes.

Diego Valadés
En varias ocasiones me he pronunciado, como la mayoría de los constitucionalistas, en contra de la facultad de investigación que le confiere a la Corte el artículo 97 constitucional. Sin embargo, a la luz de esta experiencia, tengo que admitir que si el caso no hubiera sido objeto de investigación por parte de la Corte, la muerte de 49 niños y las lesiones duraderas que otros muchos padecerán toda su vida habría sido un hecho sin consecuencias, como tantos más en el país. Los crímenes sin castigo y la ineficiencia sin sanción se han vuelto los elementos característicos de nuestro sistema; menos mal que la Corte no forma parte del letargo y de la mediocridad que hoy identifican a la función pública en México. Hay vacíos institucionales que la Corte está llenando; no es lo más recomendable, porque la distrae de sus funciones centrales y porque alimentará la tentación de politizar su integración, pero por el momento eso es preferible a quedar a merced de la arbitrariedad, de la indolencia o de la ineptitud dominantes.

Entrevistas: Karla Garduño y Ernesto Núñez.

Documento histórico
Fragmentos fundamentales de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el incendio de la Guardería ABC (facultad de investigación 1/2009). Este documento será presentado formalmente al pleno de la Corte el lunes 14 de junio, con lo que inicia su discusión. Se prevé que los ministros lo voten en los días subsiguientes.

Facultad de investigación de la SCJN:
Debe entenderse a la facultad de investigación, en primer lugar, como una facultad de carácter extraordinario, la cual debe atender a dos circunstancias: a la gravedad en la violación de los derechos fundamentales y a la insuficiencia de los medios ordinarios para hacer frente a dichas violaciones.

La facultad de investigación se justifica, además, cuando por el estado de cosas el ejercicio de otros recursos ordinarios no alcanza, lo que implica que los medios ordinarios, ya sean jurisdiccionales o políticos, son insuficientes para reparar el daño a las víctimas. No nos referimos con lo anterior a la necesidad de agotar todos los medios antes de acudir a la Suprema Corte, sino a que debido a la gravedad de las violaciones y a la indiferencia de las autoridades, las víctimas no hayan visto satisfecha su demanda de justicia. En suma, la Suprema Corte entrará allí donde las autoridades e instituciones han fallado.

Consecuencias de la resolución:
Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer. Con toda su autoridad moral esta Suprema Corte emite un dictamen de cara a la Nación, en el que declara la violación grave de garantías individuales y los responsables de las mismas, esto sin duda tiene un peso y un valor que reafirma a este Tribunal Constitucional como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.

La resolución que se emita no adjudicará responsabilidades penales, administrativas o civiles pero sí constitucionales, éticas y políticas. No servirá para sancionar a las autoridades pero sí para señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso.

Responsabilidad pública:
Asumir un cargo implica, entre otras cosas, aceptar la responsabilidad y los riesgos que la función trae aparejada.

Desde ese momento le serán imputadas todas las responsabilidades inherentes al cargo. Por ello, el servidor público está obligado a identificar una agenda de riesgos y a girar sus instrucciones y políticas para minimizarlos al máximo. Esto no es optativo; el orden jurídico nacional establece los fines, objetivos, atribuciones y obligaciones que deben de cumplir cada uno de los diferentes órdenes de gobierno y formas de ejercicio del poder.

Entre ellos figura, de manera destacada, el deber de cuidado para la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales de todos los gobernados, pero, de manera especial, de aquellos grupos más vulnerables. La Constitución no prevé una curva de aprendizaje. La Constitución supone la designación de personas capaces y capacitadas para los cargos que ostentan, no la de servidores públicos sin preparación que lleguen a sus funciones a aprender y a enterarse de cuáles son sus responsabilidades. Si desde el primer día cobran íntegro su salario y disfrutan de los beneficios del cargo que ostentan, es lógico y razonable sostener que, desde ese primer día, asumen la responsabilidad de la dependencia o entidad que dirigen.

La circunstancia de que sean asignadas facultades específicas a diversos servidores públicos de distintos niveles no significa en forma alguna que se delegue la responsabilidad del titular de la institución hasta convertirla en irresponsabilidad del superior jerárquico.

La responsabilidad del Estado por violaciones graves a derechos fundamentales no puede desaparecer en un mar de formalismos mediante los cuales al final nadie es responsable de los hechos, o que lo sean sólo los niveles más modestos de la cadena de mando. Un Estado democrático es un Estado responsable, y éste sólo es factible con servidores públicos que asuman la responsabilidad de las instituciones que se encuentran a su cargo.

Violaciones graves por omisión:
Las gravísimas omisiones que se detallan en este dictamen llevan a esta Suprema Corte a determinar la vinculación directa en las violaciones graves a las garantías individuales de los 49 niños que fallecieron en la tragedia investigada y los 104 niños lesionados, muchos de los cuales no podrán recobrar una vida normal debido a la gravedad de los daños físicos que recibieron, a los servidores públicos que tenían la obligación de cuidar la vida y su integridad. En específico de quienes tenían a su cargo la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y omitieron la emisión de las políticas públicas que pudieron haber evitado esta lamentabilísima tragedia; así como al entonces gobernador de Sonora, quien incurrió en inexcusables actitudes omisivas que generaron el incendio en la Guardería ABC.

Garantías individuales violadas:
1. Los derechos del niño y el principio de interés superior.
2. Derecho a la protección de la vida y a la integridad física.
3. Derecho a la seguridad social.
4. El derecho a la salud.
5. Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.

Esta Suprema Corte estima que existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes constitucionales de protección de la niñez, de conformidad con lo prescrito por el principio de interés superior, el sistema de guarderías subrogadas no sólo funcionaría adecuadamente de conformidad con los criterios de calidad garantizados por la Constitución, sino que con toda seguridad se habría evitado la muerte de 49 niños y la afectación en la integridad física de otros 104 menores.

Autoridades responsables
Dado lo anterior no puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas pudo haber evitado no sólo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudiendo preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores.

Atento a lo anterior, se presenta la relación de las autoridades a las que se les atribuye una responsabilidad de carácter constitucional.

IMSS:
Daniel Karam Toumeh, director general (desde marzo del 2009).
Juan Molinar Horcasitas, ex director general (2006-2009).
Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009).
Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de Guarderías (2007-2009).
Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado estatal en Sonora (2006-2009).
Noemí López Sánchez, ex titular del departamento delegacional de Guarderías (2001-2009).

Gobierno del Estado de Sonora:
Eduardo Bours Castelo, ex gobernador (2003-2009).
Wilebaldo Alatriste Candiani, ex titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009).
Ernesto Vargas Gaytán, ex secretario de Hacienda (2007-2009).
Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009).
Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la fecha).

Ayuntamiento de Hermosillo:
Ernesto Gándara Camou, ex presidente municipal (2006-2009).
Jesús Davis Osuna, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009).
Roberto Copado Gutiérrez, ex titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009).

Consulte este documento completo en:
http://www.scjn.gob.mx/Documents/ FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf

Un año de impunidad
Al cumplirse un año de la tragedia en la Guardería ABC, la Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia.

5 de junio del 2009. Incendio de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares.

30 de junio del 2009. El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz, recibe a los padres de los niños.

6 de agosto, 2009. La Corte resuelve ejercer su facultad de investigación sobre la tragedia.

1o. de marzo, 2010. Dan a conocer el informe preliminar de la Comisión Investigadora de la SCJN.

3 de junio, 2010. El ministro Arturo Zaldívar presenta su proyecto de resolución.

Conózcalos
Miguel Carbonell
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador y coordinador del Área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Javier Cruz Angulo
Licenciado en derecho por la UNAM. Investigador y director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Abogado de los indígenas detenidos tras la matanza de Acteal en 1997. Miembro del Centro de la Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.

Ana Laura Magaloni
Licenciada en derecho por el ITAM. Doctora en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Líneas de investigación: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema penal mexicano.

Diego Valadés
Licenciado en derecho por la Universidad Classica de Lisboa y la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Área de investigación: derecho constitucional.

Por: Lucio Alejandro Isá

El dolor de perder a un hijo es indescriptible, pero se agrava sin duda cuando autoridades presuntamente encargadas de velar por la seguridad de sus gobernados resultan responsables de esa pérdida y, sin embargo, se benefician de la impunidad, la negligencia y la corrupción que impiden una tan expedita como clara impartición de justicia: se cumplen ya casi diez meses desde el incendio que costó la vida a 49 niños y dejó mal heridos a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, sin que hasta el momento nadie reciba castigo alguno por la tragedia.

No obstante, el pasado 1 de marzo un informe preliminar de la investigación que en torno del caso ABC realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló al fin con nombres y apellidos a los involucrados en el fatal evento, quienes según el documento cometieron una serie de “conductas de omisión” relativos al cumplimiento de tareas de sanción, supervisión y coordinación, que determinaron una suma de condiciones que derivaron en el incendio y sus trágicas consecuencias.

De hecho, el informe que presentaron los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla concluyó que es clara “la existencia de deberes jurídicos incumplidos que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, hubieran evitado la propagación del incendio”.Así, en sus Conclusiones generales los magistrados indican que entre “los servidores públicos involucrados en la violación de garantías” en el caso ABC figura el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

Señalamientos

Al investigar la responsabilidad de las autoridades en el accidente, los magistrados buscaron determinar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias de la tragedia pudieron evitarse y con ello salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el recinto, así como identificar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Al respecto, el documento señala que “en el expediente de la Guardería ABC no existe prueba” de que las autoridades estatales o municipales de Sonora hayan “verificado las instalaciones” del colegio ni “aprobado su programa interno de protección civil”.

Se trata, pues, de “conductas de omisión” que dieron lugar a “la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente” por las autoridades competentes, entre las que destaca el ex gobernador Bours.

En este sentido, cabe recalcar en relación con el ex titular de la administración pública de la entidad que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 (fracciones I, II y V) constitucional, corresponde al gobernador ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y decretos, así como velar por la conservación del orden, tranquilidad, seguridad y, en términos generales, inducir el bienestar de la población en todos los órdenes y exigir de las autoridades que dependan de su mando el cumplimiento estricto de las obligaciones que imponen la Constitución federal, la estatal y las leyes que de ellas emanen.

Es decir, que al gobernador del estado le corresponde un deber de observancia de las leyes, tanto de las que correspondan directamente al Ejecutivo estatal, como las que están a cargo de las diversas autoridades que de él dependen.

En el caso que nos ocupa, Eduardo Bours debió verificar que se diera cabal cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil en su estado.

Sin embargo, el informe de la SCJN demuestra que nada de ello se hizo en tiempo y forma para evitar la tragedia en el caso ABC y, por el contrario, los padres de las víctimas afirman que luego del incendio el gobierno de Bours se dedicó más bien a “tratar de proteger a sus allegados, a sus conocidos, a sus amigos, que eran los dueños de la guardería, y también a funcionarios de su gobierno”.

Julio César Márquez —integrante del Movimiento 5 de Junio y padre de Julio César Márquez Báez, uno de los niños que perdieron la vida en el incendio— añade en entrevista que “si las autoridades hubieran hecho sus labores a través de Protección Civil; si los particulares hubieran tomado lo que tenían en sus manos más que como mero negocio; si el gobierno del estado no hubiera sido tan negligente, se hubiera cortado la cadena de corrupción o negligencia” que dio lugar a la tragedia.

Argumentos y omisiones

Al conocer el informe, presuntos allegados al ex gobernador de Sonora hicieron circular un comunicado que no es otra cosa que otro intento por lavarse las manos y negar su responsabilidad en el caso ABC.

El informe de la Suprema Corte, señala el comunicado, “precisa que a las diferentes instancias le corresponden distintas responsabilidades, a unos cumplir con la vigilancia de las normas de Protección Civil, al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como lo establece la ley estatal, y a otros, velar por las normas de seguridad de la guardería, tal y como lo dije desde un principio”.

Al respecto, vale la pena subrayar que este argumento soslaya lo estipulado en el artículo 79 constitucional que antes citamos y también el hecho de que el incendio —como ratifica el documento de la SCJN— se inició precisamente en la bodega a la que alude el propio Bours Castelo y que pertenecía a su Secretaría de Hacienda, ubicada al lado de la Guardería ABC.

Bours omite además referirse al señalamiento de que en dicha bodega su gobierno tenía almacenadas grandes cantidades de documentos y que como señalamos en estas mismas páginas (Vértigo 470) “la inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería”.

Tampoco aludió al hecho de que, de igual modo, “en virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral”. Y, en consecuencia, “el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba”.

Agrega el informe que al respecto “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil”.

“Control de daños”

En su comunicado, Bours Castelo afirma que su gobierno, de acuerdo con su responsabilidad, “adoptó diversas acciones específicas, entre otras, la atención que desde el principio se brindó a los menores que fueron víctimas, lo mismo que a las familias de estos. Ellos fueron la prioridad en las primeras horas y gracias a los doctores, enfermeras y personal de diez hospitales, se les dio atención médica a las víctimas”.

Pero los padres de los niños que murieron en el incendio contradicen esa versión. Patricia Duarte —madre del malogrado Andrés Alonso García Duarte— dice a Vértigo que algunas autoridades “ocultaron la información sobre dónde estaban los niños. Esas personas ya sabían que mi hijo había muerto, por ejemplo, pero no lo decían. Una de ellas me dijo que tenían órdenes de Eduardo Bours de nada decir. ¿Por qué no se pusieron en nuestro lugar en ese momento, sin que les importara el gobernador, pues? Como si no fueran seres humanos”.

El comunicado de Bours señala que, “asimismo, se traslado a hospitales especializados a las víctimas que así lo requirieron; se visitó personalmente en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara, Jalisco, y Sacramento, California, a niños y adultos que estaban siendo atendidos para supervisar la atención y atender personalmente las demandas de padres y familiares de las víctimas”.

Pero Patricia Duarte afirma que aquel 5 de junio, luego del incendio, las autoridades “nos ocultaron todo, hasta las once de la noche, sin importarles la angustia que vivíamos. Bours quería ocultar la magnitud de la tragedia y desde ese momento empezó a minimizarlo todo”.

En el mismo sentido se pronuncia Mirna Lara Méndez —madre del fallecido Juan Israel Fernández Lara—, quien acusa que “me retrasaron la información y tardé como cuatro horas en encontrar a mi hijo. Y luego pasaron varias horas más hasta que pude saber cómo estaba realmente él, con quemaduras en 90% de su cuerpecito. Pero no me dejaban entrar a verlo ni me daban mayor información”.

El abogado de los padres de familia que integran el Movimiento 5 de Junio, Lorenzo Ramos —del bufete jurídico Ramos, Saucedo y Asociados—, destaca a su vez que las investigaciones que realizó el gobierno del ex mandatario estatal “se hicieron de una manera sesgada, de un modo en el que se trataba de hacer un control de daños”.

El fideicomiso

El comunicado de Bours Castelo menciona igualmente el fideicomiso supuestamente creado para garantizar la reparación del daño a las familias que así lo solicitaron y refiere que “con el fin de que una tragedia como esta no vuelva a suceder, enviamos al Congreso del estado una serie de modificaciones a la Ley Estatal de Protección Civil, mismas que fueron aprobadas y que hoy están en vigor”.

Al respecto, el analista político local Demian Duarte recuerda que “en su momento el ex gobernador Eduardo Bours anunció triunfal la integración de un fideicomiso por alrededor de 140 millones de pesos, que según esto iniciaría con la indemnización a los deudos de los niños. Pero como se sabe ahora, era una manzana envenenada: pretendía pedir a los padres la cesión de derechos para entablar cualquier demanda en exigencia de la muy ansiada justicia”.

La verdad, dice Duarte, “es que ese juego infame propuesto por el entonces gobernador fue una jugada que le sugirieron sus asesores: se trataba en primera instancia de garantizar con bienes inmuebles propiedad del gobierno estatal las fianzas para los trabajadores de la Secretaría de Hacienda que fueron consignados en primer término por su responsabilidad directa en el origen del incendio”.

Pero al final de cuentas, agrega el politólogo sonorense, “el tiro salió por la culata: la indignación social y sobre todo la actitud arrogante y de confrontación en que entró el ex gobernador Bours para con las instancias de gobierno lo pintaron de cuerpo entero y la sociedad decidió cobrarle en las urnas su ceguera”.

“Cinismo”

Para Demian Duarte, la respuesta que ofreció Bours “muestra una mezcla de cinismo e indolencia respecto de este sensible tema, que ofende”.

Eduardo Bours, estima el analista, “pues simplemente siguió siendo el mismo de siempre: insensible e incapaz de escuchar o comprender que no es dueño de la verdad absoluta y que su gobierno no respondió a los padres de familia de manera adecuada tras la tragedia, al diseñar ese engaño financiero que es el famoso fideicomiso que se sacó de la manga para garantizar la fianza del personal de Hacienda que fue apresado en primera instancia”.

Lo peor, concluye, “es que Bours no respondió al principal señalamiento: que su gobierno no atendió las leyes, no observó las normas y por eso al fin de cuentas es responsable de esas 49 muertes. Pero no se puede esperar otra cosa de Bours Castelo, pues como dicen, él será genio y figura hasta la sepultura”.

Dossier Político, uno de los medios de Sonora que más ha investigado el caso ABC, desglosa así los señalamientos que contra el ex gobernador Eduardo Bours Castelo implica el informe preliminar que realizó la Suprema Corte sobre el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo: “Por lo que a Eduardo Bours se refiere, entre otras, centralmente su presunta responsabilidad procede de un negligente proceder al no impedir y al permitir que secretarías y funcionarios de su administración operaran en una ‘bodega’ carente de las elementales medidas de seguridad”.

Es responsable además, según señala el informe de la Suprema Corte, de la absoluta ausencia de equipo y medidas de seguridad en la bodega donde inició el incendio, que fueron causa directa de que el fuego se extendiera y penetrara al interior de la Guardería ABC.

No a la impunidad

E independientemente de que la guardería, en efecto, carecía también de medidas de seguridad (de donde les resulta la responsabilidad a los dueños y a otras autoridades), ello no exculpa a Eduardo Bours Castelo, señala el director de Dossier Político, Óscar Castro, “de su propia negligente responsabilidad, pues a él, como ya antes se dijo, su presunta responsabilidad le resulta no de las deficiencias de seguridad que presentaba la guardería, sino de las graves deficiencias de seguridad que presentaba la bodega del gobierno del estado, donde comenzó el incendio”.

Y “máxime al instalar esa bodega contigua a una institución responsable de la custodia, el cuidado y la seguridad de decenas de niños lactantes, cuya protección es deber fundamental de todo gobierno”.

En este sentido, el diputado perredista Nazario Norberto Sánchez, integrante de la comisión de Protección Civil en San Lázaro, exigió que los involucrados en el caso ABC asuman la responsabilidad que les atribuye el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador del PRD se pronunció por que no haya impunidad ni protección para los responsables, a quienes de existir pruebas contundentes debe condenarse.

Por su parte, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya —también integrante del Movimiento 5 de Junio y padre del malogrado Xiunelth Emmanuel Rodríguez García— dice a Vértigo que “una de las cosas de las que nosotros siempre hemos estado conscientes es de la necesidad de que, aparte de que se aplique la justicia, se sepa la verdad. Y el informe de la SCJN nos ayuda mucho a eso, por supuesto. Es parte de la justicia en sí, no algo que ya nos lleva a ella. Pero, evidentemente, tiene que tener alcances mayores. Y esperamos que los tenga. Desgraciadamente, no a todos nos va a ir bien en esto: hay culpables, y tienen que recibir el castigo equiparable a lo que hicieron o dejaron de hacer para que las cosas derivaran en esta tragedia. Confiamos en que el dictamen de la Suprema Corte le dé el suficiente impulso al caso para lograr una justicia plena… y que no quede nada más en algo efímero”.

Así, los responsables de la tragedia de hace diez meses en la Guardería ABC son ya señalados con nombres y apellidos. Y los padres de las víctimas, los sonorenses, los mexicanos todos, esperamos que se aplique una justicia plena.

Publicado por: Revista Vértigo
Fuente: Dossier Político

Por: Jorge Francisco Moncada

La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargada de investigar los sucesos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no dejó cabos sueltos cuando determinó que en las guarderías que dan servicio a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, al tiempo que destacó que esa institución carece de fundamento legal para ceder a terceros el servicio que actualmente brindan esos centros a miles de niños.

En su informe preliminar, los magistrados comisionados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y el incendio ocurrido en la Guardería ABC el pasado 5 de junio.

Puntos sobre las íes

Los jueces estimaron que en la eventual violación de garantías por los sucesos en esa guardería pueden estar involucradas diversas personas que ocupaban entonces cargos del más alto nivel en el IMSS, el gobierno del estado de Sonora y el municipio de Hermosillo.

Los comisionados indicaron que el incendio que costó la vida de 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

Aseveraron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.

Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron los casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenía celebrados el IMSS con particulares.

También recordaron que a petición de los padres de familia se contrató a una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la Guardería ABC.

Asimismo, se visitaron guarderías, conforme a una muestra preparada por peritos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y se tuvieron reuniones con padres de familia, autoridades de todos los niveles, bomberos, socorristas, policías, maestras de la Guardería ABC y quienes tuvieran alguna información para la investigación.

Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, por omisión de labores que debieron garantizar el cumplimiento de normas de seguridad que marca la ley.

Así, gracias a la investigación de la SCJN, hoy conocemos no sólo cómo se produjo el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, sino qué factores lo hicieron posibles; es decir, cuál fue el contexto que posibilitó la cadena de irresponsabilidades, omisiones, incumplimientos, falta de supervisión e irregularidades que propiciaron la magnitud de la tragedia.

Hechos y responsables

Al exponer al Pleno de ministros su informe de trabajo, los comisionados pusieron el dedo en la llaga respecto de prácticamente todas las aristas del caso.

Señalaron, por ejemplo, que conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado a, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 203 y 213 de la Ley del Seguro Social; y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería “únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios”.

El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, explicaron, “es una interpretación distinta a dichas normas, que puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente”. Pero si bien “los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico”, el hecho es que “el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”.

También consideraron que con su investigación “quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”.

Y es que los datos que arrojó la auditoría jurídica practicada al número total de guarderías que funcionan conforme a un contrato de prestación de servicios, sumados a los que se obtuvieron mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, “son evidencia fehaciente” de que la participación del instituto “en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa. Aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales”.

Lo anterior, subrayan, “revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”, tanto por parte de las autoridades como de los propios dueños de la guardería.

Por tanto, insisten, quedó probada “la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC” y si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas “en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que esta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquellas”.

Asimismo, la investigación confirmó que el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda estatal tenía almacenadas grandes cantidades de documentos: “La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería”.

Destaca de igual modo que “en virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral”. Y, en consecuencia, “el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba”.

Agrega que al respecto “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil”. Por lo tanto, tampoco hay testimonio de que los dueños de la Guardería ABC hayan cumplido cabalmente con la normatividad de protección civil, como no hay “prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Seguro Social hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego”.

Sin andarse por las ramas, el informe de la SCJN afirma que “en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo”, entre los que señala con nombre y apellido a diversos funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Facultades

¿Cómo incidirá el dictamen de la SCJN sobre el incendio en la Guardería ABC, en términos de la impartición de justicia en este caso?

Vale la pena recordar al respecto que los criterios utilizados por la Suprema Corte para atraer e investigar asuntos de gran impacto social (la matanza de Aguas Blancas, Atenco, los casos Oaxaca y Puebla, por ejemplo), así como su actuación y resoluciones, no se quedan sólo en el ámbito jurídico y llegan a tener gran relevancia política por su impacto y repercusiones entre los ciudadanos.

De esta manera, como máxima autoridad de justicia y quienes tienen la última palabra respecto de la constitucionalidad o no de leyes y reformas, los ministros adquieren una relevancia que trasciende el ámbito judicial, ya que tienen en sus manos asuntos trascendentales que afectan a amplios sectores sociales.

El peso que adquiere así la Suprema Corte con sus decisiones es incuestionable, más allá de los fallos jurídicos que emita. Aun en contra de su propia voluntad, los ministros se convierten en actores políticos de enorme peso, que ejercen su facultad de atraer o investigar un asunto no sólo bajo sus atribuciones constitucionales, sino también obligados por las exigencias de un número grande de mexicanos que demandan su intervención para que haga valer sus derechos cuando son afectados.

La SCJN tiene la facultad de atraer y resolver asuntos que corresponden a los tribunales colegiados, siempre que estos tengan las características de importancia y trascendencia de índole jurídica, relevancia, novedad o complejidad que requieren un pronunciamiento del máximo tribunal del país, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución, el 182 de la Ley de Amparo, y el 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para que el máximo tribunal del país ejerza la facultad de atracción de un caso se necesita que la naturaleza del asunto requiera su intervención ya sea por posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia.

Otro requisito que debe ser acreditado para que la Suprema Corte atraiga un caso es que este revista un carácter eminente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio trascendente para casos futuros o la complejidad de los mismos, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 27/2008 emitida por la Primera Sala.

Además, tiene la facultad de investigar hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 constitucional. Para realizar esa averiguación, puede nombrar alguno o algunos de los ministros, un juez de distrito o magistrado de circuito, o a uno o varios comisionados especiales.

Puede realizar las investigaciones cuando lo juzgue conveniente o cuando lo soliciten el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso o el gobernador de un estado.

Sus investigaciones no terminan con una sentencia, ya que se trata de una indagatoria documental que producirá una opinión autorizada con un peso moral especial, ya que al realizarla no actúa como un tribunal o un juez, porque no tiene facultades decisorias, ni de coerción ni ejecución.

Otra característica de las indagatorias es que deben ser sobre hechos consumados e irreparables, por lo que su resultado no restituye las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de una garantía individual.

En agosto de 2007 los ministros aprobaron las reglas a las que deben sujetarse las comisiones que investigan posibles violaciones graves a garantías individuales. Así, esas comisiones deben presentar un informe preliminar para después elaborar el dictamen respectivo. En caso de que se determine que hubo una violación grave de garantías individuales, se da vista a quien corresponde fincar responsabilidades, al que se entrega la relación de autoridades que intervinieron en los hechos.

Escenarios

Es por todo ello que, si bien el informe de la Suprema Corte no resulta vinculante para la resolución del caso ABC, sí es al mismo tiempo un factor que pesará en el dictado de sentencias y el señalamiento de responsables por la tragedia.

Al respecto, el especialista en Derecho Miguel González Compeán, académico de la UNAM, dice a Vértigo que “la SCJN es la última instancia para resolver conflictos entre particulares, o entre el Estado y particulares, o entre municipios y estados, o entre entidades. Y eso es importante porque cumple el papel de garantizar que se acaten la Constitución y las leyes”.

—¿Qué significa el hecho de que en este caso su dictamen no será vinculatorio?

—Cuando ejerce la facultad de investigación a petición de autoridad o de persona, por ejemplo en el caso ABC de Sonora, sus investigaciones, en efecto, no son vinculatorias, son investigaciones que hace la Suprema Corte de manera independiente para dar su opinión y decir qué piensa sobre un asunto en particular. Pero la autoridad debe respetar esas resoluciones no sólo por ética, sino también por obligación: cualquier resolución del juez o de la Suprema Corte que no sea cumplida por alguna autoridad o algún particular es motivo de cárcel o destitución del puesto.

—¿Tanto la PGR como la procuraduría sonorense deberán acatar el resultado de la investigación de la Suprema Corte?

—El artículo 97 de la Constitución —responde a su vez el doctor y profesor emérito de la UNAM, Raúl Carrancá—, en su párrafo segundo, prescribe que la Suprema Corte únicamente averiguará, a través de los magistrados designados, algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. El texto dice: “Únicamente para que averigüe”. Con base en el texto constitucional, su papel es sólo realizar una averiguación, en los términos de lo que hace el ministerio público.

El académico sostiene, sin embargo, que la SCJN absorbe también la responsabilidad y un papel similar al del ministerio público: “Sería absurdo e inútil que la Constitución dijera esto de manera simplemente declaratoria, sin que después pasara absolutamente nada; sería algo equivalente a una pérdida de tiempo, una contradicción. Yo me niego a esto y creo que aunque el artículo presenta una duda en la interpretación, una vez que la Suprema Corte averiguó asumiendo funciones de ministerio público por mandato constitucional, no queda más que informarle a la Procuraduría General de la República (PGR) para que proceda en términos de ley. Y esto quiere decir que si la SCJN está manifestando que determinadas personas son responsables, pues el ministerio público debe proceder en el ámbito de su competencia, dictar las correspondientes órdenes de aprehensión y con posterioridad iniciar el proceso, para que se dicte un auto de formal prisión”.

En este sentido, Carrancá añade que la resolución se debe respetar en el aspecto moral, pero también jurídico: “No me conformo con que sólo sea en el terreno moral, porque eso implicaría aceptar que se trata de una facultad de corte no obligatorio sino simplemente declaratorio; y yo entiendo que no es así, porque la Constitución no contiene este tipo de suposiciones. Entonces, si ya la Suprema Corte o los magistrados resolvieron, se debe proceder de inmediato”.

Por su parte, José Antonio Caballero, jurista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), asevera que el efecto de una resolución de la SCJN en realidad es mucho más de legitimidad, en cuanto al órgano que la emite y en cuanto a los órganos que tendrían que acatarla: “Es decir que, aquí sí, los distintos órganos del Estado mexicano tendrían que tomarla con muchísima seriedad y necesitarían muy probablemente adoptar una medida muy específica sobre esto y no simplemente desecharla. En este sentido, que la acaten o no en todos sus términos puede estar sujeto a la crítica pública”.

Caballero añade que el caso ABC refleja “uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestro país: que nadie es responsable de nada y este tipo de resoluciones lo que hacen es tratar de empezar a identificar a responsables”.

—En el plano ético y moral, ¿qué tanto deben respetar el dictamen las autoridades, sean la PGR o los jueces que llevan el caso?

—Completamente. En la medida en que se ajusta a las condiciones particulares en la función tanto de la PGR como de los jueces, el propio IMSS, el gobierno de Sonora… O sea, aquí hay muchas partes, pero lo tienen que tomar en serio. Tal vez en algunos casos no exista consenso o condiciones, pero cuando se van a alejar de lo que plantea la Suprema Corte tienen que justificarlo perfectamente y debe ser un proceso público, la opinión pública tiene que enterarse con mucha claridad de lo que está pasando.

Y aunque reconoce que la Suprema Corte no puede imponer sanciones en este caso, sí destaca que la PGR debería “retomar mucho de las conclusiones y los argumentos que se incorporen dentro de la investigación de la SCJN, y decir si efectivamente hay condiciones para iniciar un proceso penal en estos casos. La señal que no puede quedar, en este caso y en general, es la del ‘aquí no pasa nada’. Eso, me parece, es lo que separa al Estado de sus ciudadanos”.

—De identificarse a responsables concretos, ¿qué clase de delitos se castigarán en este caso y qué sanciones se aplicarían?

—Muy probablemente, delitos de corte imprudencial. Habría que revisar exactamente qué hay y ver si se consideraría algún delito doloso. ¿Qué quiere decir esto? Que no son delitos que tienen altas penas. Todo esto nos lleva a una reflexión en cuanto a nuestra sociedad: ¿de cuánto debe ser la pena por este tipo de cosas? Y ahí es donde debemos pensar, con la cabeza fría, como país, ya que son cosas que nos afectan a todos. Pero tenemos que ser cuidadosos en la manera de enfrentarnos a las penas por este tipo de asuntos.

Por separado, Raúl Carrancá insiste en señalar que en el caso ABC, una vez que se conozca el dictamen final de la Suprema Corte, “creo que todo debe realizarse con celeridad, que la justicia debe ser pronta y expedita. Los niños muertos y los lesionados, así como los padres de las víctimas, lo menos que merecen es que se actúe con celeridad. La SCJN ya habló y dijo lo que tenía que decir a través de estos magistrados. Entonces, desde mi punto de vista de abogado, la PGR debe cumplir con su responsabilidad, como ordena el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 123″.

Por todo ello, en el caso del incendio en la Guardería ABC de Sonora, sin duda está hoy en juego el peso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a prueba quedan la imparcialidad, la operatividad y la independencia en materia de impartición de justicia en el país.

Fuente: Revista Vértigo

Por: Vanessa Job

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Los padres de los 49 niños fallecidos y los 75 lesionados en el incendio de la
guardería ABC de Hermosillo, no sólo han tenido que pasar por el dolor de haber
perdido a sus hijos o de lidiar con los daños irreparables con que viven los
sobrevivientes. Desde el 5 de junio de 2009 han sido víctimas de una larga lista
de agravios por parte de las autoridades, que van desde la indiferencia,
la insensibilidad, la negligencia médica y los abusos.
Ahora, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia les ha dado la
razón: en el incendio hubo negligencia de las autoridades del gobierno de Sonora
y del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la bodega adjunta a la guardería,
donde empezó el incendio, no había ni siquiera extintores; nunca se realizaron las
inspecciones para garantizar la seguridad de los niños en esa estancia infantil, ni se
revisaron las condiciones de operación de las guarderías subrogadas –sólo 14
de mil 480 casos cumplían con la normatividad–. El dictamen, que deberá ser
aprobado por el pleno de la Corte, sólo respalda las historias de los padres de los
niños de Hermosillo. Eso no significa que habrá la justicia que esperan.

Fuente: Revista EmeEquis

Una semana antes de que entregara la gubernatura de Sonora al panista Guillermo Padrés, el priista Eduardo Bours llegó a Los Pinos para tomarse el café que le había invitado el presidente Felipe Calderón.

—Se manejó muy mal lo de la guardería ABC— dijo de botepronto el anfitrión.

—¿Dónde está el manual que diga cómo se debe manejar un incendio en el que mueren 49 niños?—, respondió Bours.

La que fuera una relación incluso estratégica en los comicios presidenciales de 2006 se convertió en una guerra declarada entre ambos gobiernos. Amigos y colaboradores cercanos al ex mandatario priista reconstruyeron para MILENIO la crisis desatada por el incendio de la guardería ABC, el cual ha llevado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera preeliminar, condene a ambas administraciones.

Horcasitas
Cuatro días después de la tragedia ocurrida el 5 de junio, Bours confirmó en entrevista telefónica con la periodista Carmen Aristegui que una de las beneficiarias de la subrogación del IMSS era Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la primera dama, Margarita Zavala, lo que malestó al gobierno federal.

Después se conoció que otros amigos y familiares de Bours también eran beneficiarios de estancias infantiles subrogadas. El domingo 21 de junio de 2009, el IMSS anunció, sin avisarle a Bours, que demandaría civilmente a la administración sonorense por el siniestro.

Bours llamó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien tenía una vieja relación de amistad.

—Dile a Molinar Horcasitas que ya le baje o le seguimos hasta donde tope—, pidió Bours.

—No es él—, contestó.

—Claro que es él. ¿A poco crees que me la voy a creer que es Karam? Molinar es el titiretero de todo esto.

Los padres
Según la version de colaboradores cercanos al ex mandatario, Gómez Mont le dijo a Bours que en los resultados de los sondeos de opinión que se estaban haciendo, al gobierno de Sonora le achacaban menos que al IMSS la responsabilidad por el siniestro. “¡Pues claro que sí, porque el Seguro Social es el responsable”, habría dicho Bours. “Eso no lo vamos a permitir”, acabaría Gómez Mont con la conversación.

Para ese entonces, las protestas encabezadas por los padres de los niños fallecidos, entrezmecladas con el proceso electoral, eran cada vez más numerosas y enérgicas. Bours, de acuerdo con un informe oficial, visitó personalmente a 32 de los 49 padres que perdieron a sus hijos durante el incendio, pero no pudo aminorar el enojo de los deudos.

La visita más difícil fue la que hizo a Patricia Duarte, madre del pequeño Andrés Alonso, ya que lo encaró directamente y le exigió que encarcelara a los dueños de la guardería por no cumplir con las medidas de seguridad.

En el equipo de Bours se asegura que hubo también padres que recibieron de forma tranquila al entonces gobernador y que una de las madres hasta le dijo que lo admiraba y que no quería saber más sobre lo que había pasado. “Lo único que quiero yo en este momento es que me devuelvan a mi hijo y eso ya no es posible”, dijo la madre.

Los dueños
El hecho de que los propietarios de la guardería incendiada —dos altos funcionarios de gobierno y un conocido recolector de fondos del PRI— tuvieran vínculos con el poder y el que no fueran detenidos ni encarcelados, aumentaba el malestar entre los deudos, quienes acusaban a Bours de proteger a sus amigos. El equipo del ex mandatario asevera que no podían hacer algo para detener ni siquiera arraigar a los dueños, debido a las leyes vigentes, y que incluso, cuando trataron de hacerlo con el representante legal, Marcelo Meouchi, fracasaron.

Alberto Escalante, Sandra Téllez, Marcia Gómez del Campo, Gildardo Urquidez y Antonio Salido, los dueños de la guardería, no querían dar la cara. La única conferencia que han dado fue gracias a la presión que ejerció el ex mandatario, quien les exigía que se responsabilizaran públicamente, afirman sus cercanos. Esos días fueron ríspidos y como resultado quedó una mala relación entre casi todos los dueños y Bours. Hace unas semanas, durante la boda del empresario Alejandro Calles, Bours y Sandra Téllez se toparon, pero la dueña de la guardería ABC volteó la cara ante el ex mandatario y evitó saludarlo, cuentan testigos.

Calderón
En ese momento, Bours tenía abiertos muchos frentes. El más importante era el del gobierno federal. La relación con Calderón, cultivada a través de Elba Esther Gordillo, se había deteriorado rápidamente en los primesos meses de 2007. La ruptura definitiva se hizo evidente cuando, en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Bours reclamó al presidente Calderón de incumplir promesas de campaña para Sonora. “Gavilán que agarra y suelta no es gavilán”, le parafraseó.

Sobre el apoyo de Bours a Calderón en las elecciones de 2006, los miembros de su equipo lo aceptan, pero aseguran “se trató de un pronunciamiento público, no de una operación electoral”.

Cuentan los cercanos a Bours que en caso de que no hubiera sucedido el siniestro de la guardería ABC, Bours estaría metido de lleno en la vida nacional. “Durante muchos años lo quisieron desencarrilar, empezando por Manlio Fabio Beltrones, que le decía que la política era para profesionales, no para improvisados como él. Bours todavía tenía mucho que dar”, dice uno de sus mejores amigos y colaboradores a la vez. “Pero lo perdio la Guarderia ABC y el poner a un candidato tan poco trabajador y listo como Elias Serrano”, sentencian.

Fuente: Milenio Diario