Transcurrían los primeros días de junio, en 2010. Parecíamos vivir una extraña versión actualizada de El Castillo, la novela de Kafka. El papel de Joseph K o El Agrimensor le correspondía, en carne y hueso, a dos padres de niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo el 5 de junio de 2009.

Ante la brutal indiferencia y falta de resultados en Sonora, meses después de la tragedia un grupo de ellos –que conformaban el Movimiento por la Justicia Cinco de Junio- había venido a México a solicitar que la Corte ejerciera su facultad de investigación utilizada previamente en casos tan graves como el de la matanza de Aguas Blancas; el de Lydia Cacho y el gobernador Mario Marín o la represión en Atenco. Los dos papás solicitando citas con los miembros de la Suprema Corte, lo hacían porque el Dictamen ya se había presentado ante la opinión pública y su discusión era inminente.

Ante la gran presión social y la evidencia de sus reclamos, la SCJN emprendió la tarea de elaborar un Dictamen histórico. Quedarían señaladas innumerables anomalías en el uso y manejo de las estancias infantiles, con nombres y apellidos de dueños y funcionarios responsables. El recién llegado Ministro Arturo Zaldívar acometería la tarea que parecía inconcebible. Colocar al Poder Judicial en el centro de los cambios que un evento como el de la Guardería ABC lo ameritaba. Era urgente poner los puntos sobre las íes: someter a escrutinio la subrogación y cuestionar su permanencia, rescatar el honor de instituciones municipales, estatales y federales que habían permitido que 49 niños indefensos fallecieran y decenas más padecieran lesiones de por vida.

Con muchos trabajos, José Francisco García Duarte y Manuel Rodríguez Amaya; papás de Andrés Alonso y Xiunelth, habían buscado espacio profesional para acudir a México durante el proceso de discusión del Dictamen. De las deliberaciones de los Ministros dependería algo más que su credibilidad y la salud pública. Podría desprenderse una renovada voluntad de atacar de raíz la impunidad manifiesta, la corrupción y negligencia que habían ocasionado un suceso de dimensiones tan inimaginables como éste.

El desenlace lo conocemos todos. Se perdió una oportunidad que, bien conducida, habría derivado en una mayor independencia y autonomía del tribunal constitucional y en un importante precedente que hubiera reforzado los linderos de la división de poderes en México. Pudo más el chantaje, la difamación y el operativo de Estado que derivó en la vergonzosa capitulación de una mayoría intimidada. Queda el ejemplo de Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar (y en votaciones específicas, los Ministros Cossío y Gudiño), quienes resistieron la andanada oficial y pasarán por ese motivo a la Historia cuando se haga un recuento de los daños. Cuando trascienda que dos Ministros no debieron haber participado en las votaciones, por conflictos de interés (en cualquier otro tribunal del mundo Valls y Franco hubieran tenido que recusarse, sin someter su decisión al voto del pleno).

No es ocioso señalar que el Poder Judicial se encontraba totalmente copado por funcionarios directamente señalados en el Dictamen, y que la campaña del Ejecutivo para descarrilarlo estaba en su apogeo cuando José Francisco, Manuel, el abogado Leopoldo Maldonado del Centro Pro de Derechos Humanos y yo nos dimos cita en la sede del Poder Judicial Federal para hablar directamente con los Ministros. Ya se habían publicado cuestionamientos infundados en contra el Ponente (que insinuaban, por ejemplo, que todo era una campaña personal contra Juan Molinar, al haber éste ganado casos ante la Secretaría de Comunicaciones cuando Zaldívar aún era abogado de empresas afectadas). Era un secreto a voces que el entonces responsable de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se inmiscuía abiertamente en la Corte y que
-sin ningún recato- buscaba imponer su opinión interesada: la de un Poder Ejecutivo que no cumplió su función elemental, y buscaba evitar a toda costa la acción de la Justicia.

Era evidente que los papás no habían tenido oportunidad de agendar citas, y que tendrían que inventarse formas de abordar a los Ministros para exponer la gravedad de su caso y la necesidad de reencausar su curso. Se jugaba la credibilidad de la última instancia en la que ellos creían. El Estado les había quitado a sus hijos. Desde el momento mismo del incendio, la principal prioridad de las autoridades parecía ser el control de daños y la desacreditación de aquellos familiares de las víctimas, que sólo buscaban respuestas claras, rendición de cuentas, castigo ejemplar y garantías de no repetición.

Como era de esperarse, los dos Agrimensores de Hermosillo fueron tratados -desde que visitaron las distintas Ponencias, y con raras excepciones- como intrusos. Fueron dos días de educación intensiva en usos y costumbres profundamente arraigadas. La zalamería de prepotentes Secretarios de Estado y ex-gobernadores como Bours, que se paseaban a sus anchas entre los pasillos: evitando la mirada de los papás de la Guardería cuando llegábamos a coincidir, como fue el caso del dueño de Bachoco, es del dominio público. Por su lenguaje corporal y el aspecto de su cara, preferible hacerse aún más chico e insignificante que verlos a los ojos. También atestiguamos la expresión y rictus de terror de Molinar, quien emprendió graciosa huida afuera del recinto del Ministro Presidente en cuanto le informaron los de seguridad que Pepe y Manuel se encontraban en la antesala. También el semblante de extravío de Karam, esperando pacientemente su turno en otra de las oficinas (inmortalizado en una foto tomada por Manuel con su celular).

Buscamos reuniones con todos los Ministros: tenían totalmente llena su agenda, ‘no hablaron de Hermosillo. Lo sentimos mucho’. La secretaria de Ortiz nos mostró las citas pendientes de su jefe. Todo absolutamente bloqueado para que Molinar (principal arquitecto del esquema de privatización del servicio de guarderías, durante su paso como director del Seguro Social), Karam (su actual titular), Bours, Gándara (ex-presidente municipal de Hermosillo), y más servidores públicos pudieran abogar por su causa. Así fue durante la semana hábil que duró el periodo de reflexión y estudio. Los papás tenían el tiempo contado, y sólo pudieron acudir dos días para exponer, con argumentos contundentes, sus razones.

Tal como nos lo confesó un prominente miembro de la Corte, el Gobierno Federal tomó las instalaciones, muy a su manera, por asalto. Ante la advertencia de que se recurriría a los medios en caso de no ser atendidos, algunas Ponencias sí permitieron que los padres se expresaran en unos cuantos minutos, y casi para cumplir las formas.

Uno de los once Ministros expuso a grandes rasgos sus motivos para votar en contra, y se sinceró. ‘Estamos con Ustedes’, dijo. ‘Lo siento por los cuarenta niños muertos’. Debió haber realizado mejor su tarea. ‘Le recordamos que fueron cuarenta y nueve’, corrigieron los papás.

De aquellos días quedan el dolor y la injusticia. También queda la indeclinable certeza de que -a pesar de todo y gracias al empeño, compromiso y enorme dignidad de estos papás y mamás ejemplares- el día en que impere la Justicia para las víctimas de la Guardería ABC pronto llegará.

Gracias ciudadan@s solidari@s, por compartir esas palabras y por recordar a nuestr@s amad@s hij@s con esta ofrenda y su apoyo hacia nosotr@s, no hay palabras para agradecerles su esfuerzo, en especial a @ContingenteMX

Pareciera que nos hemos vuelto impermeables. Aunque hablamos tanto del horror es como si eso de lo que tanto hablamos no terminara por conmovernos. Hay tragedias de sobra que deberían haber marcado hace mucho un límite: el secuestro como industria, la decapitación como moneda de cambio entre criminales; pero tal vez nada se compare al horror bíblico que sucedió hace un año en Hermosillo y que también hemos visto pasar de largo. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de que estamos tocando fondo, qué más terrible que la muerte por fuego de cuarenta y nueve niños, seguida de la impunidad de quienes permitieron que eso sucediera?

Diego Enrique Osorno, uno de los periodistas que todavía reportean sobre el terreno los temas más incómodos y peligrosos (el Oaxaca de Ulises Ruíz, la barbarie gubernamental en Atenco, el cártel de Sinaloa) ha publicado un libro crucial para entender la bancarrota moral de nuestro tiempo; crucial por dos razones: una, saca la tragedia del mero ámbito de la estadística o la explicación sociológica en la que se diluyen los dramas personales; y dos, porque en la forma que Osorno ha elegido para narrar este episodio encuentra no sólo una estrategia eficaz, sino que asume una posición ética sobre cómo decir el horror, sobre todo cuando le ha sucedido a otros.

Nosotros somos los culpables cuenta cómo la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, comenzó mucho antes de que iniciara el fuego: en la cadena de irregularidades en torno a la privatización parcial de las guarderías del IMSS, en la negligente vigilancia de las autoridades a las condiciones de seguridad de esa guardería, en el desdén con que los dueños respondieron a las advertencias de que ésa era una bomba de tiempo.
El libro incluye una cronología de la tragedia, un listado de funcionarios señalados por la Corte, nombres de los padres y madres del Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio, y fotografías de los niños en vida. Es un documento valiosísimo por la información que aporta y por la forma en que organiza los testimonios: relato coral que (a la manera de La noche de Tlatelolco) permite sean las voces de los protagonistas las que expresen, primero, el dolor por la muerte de los niños, luego su incredulidad ante la protección oficial a los dueños de la guardería, y por último la organización de los padres para exigir justicia. Es, decía, no sólo una forma eficaz de narrar, sino una que apuesta por un principio: la Historia es un ejercicio de escritura polifónica, porque su construcción es una responsabilidad colectiva.
Este libro es literatura del modo en que la Historia es literatura: ordena los hechos para que tengan sentido. Pero la literatura además trata de entender cómo nos sucede la vida, en los órganos, en el alma, y Nosotros somos los culpables ya es parte de la literatura del crimen en México porque no sólo da cuenta de la muerte de esos niños, sino que exhibe sus efectos. Señala responsables, sí, pero también muestra cómo fue posible —como es posible para todos nosotros— reaccionar y tratar de cambiar las cosas.

En la tercera parte del libro, “El movimiento”, uno de los padres dice que solía criticar a los luchadores sociales: “«Por qué no ocupan su tiempo en trabajar?» Es algo increíble, ahora me arrepiento de haberlo dicho, de haber pensado alguna vez eso. A los que cierran calles, es porque no les queda de otra para que el gobierno los atienda, porque el gobierno, la única forma de que atienda al pueblo, es bajo presión. Eso es histórico y bien conocido”. En esa frase está la salida que ofrece el relato: frente a la apatía, el absurdo burocrático, la voracidad empresarial, la corrupción y la impunidad, está la lucidez de quienes, aún en su hora más difícil, son capaces de entender el dolor de los otros.

Fuente: La Tempestad

Manuel Rodríguez Amaya -padre de Xiunelth Emanuel- y José Francisco García Quintana -padre de Andrés Alonso- en la protesta frente al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Foto: Jorge Moreno.

Por: Arturo Soto Munguía

Al cumplirse 14 meses de la tragedia en la Guardería ABC, los padres agrupados en el Movimiento por la Justicia 5 de junio realizaron ayer una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Una de las demandas levantadas en esta movilización: exigir la destitución del procurador Abel Murrieta Gutiérrez, “por la obstrucción de justicia en que incurrió al dejar de cumplir con su deber de perseguir por delitos graves a todos los involucrados en los hechos que nos afectan”, plantean los padres agraviados en un extenso comunicado difundido ayer mismo.

Se refieren, obviamente a los socios de la guardería incendiada, sobre quienes presumen, se ha tendido un cerco de impunidad que impide tocarlos ni con el pétalo de una orden de aprehensión.

Pero también a los 13 funcionarios menores que, habiendo sido procesados judicialmente, se encuentran libres tras pagar sus respectivas fianzas, utilizando para ello los recursos del fideicomiso creado por el ex gobernador Eduardo Bours, con un monto de 67 millones de pesos.

Esos recursos tenían como destino cubrir a las familias de los menores fallecidos y lesionados en el incendio, la reparación del daño, la indemnización y en general cualquier pago derivado de la responsabilidad directa, subsidiaria y solidaria del gobierno del estado de Sonora. En realidad, el dinero se utilizó para pagar las fianzas de los inculpados, todos ellos funcionarios menores.

Para esta fecha, el fideicomiso está reducido a unos 30 mil pesos, insuficientes para continuar garantizando la reparación del daño a cargo de los trece procesados, por lo que el juez que conoce la causa requirió una nueva garantía que de no presentarse, obligaría a revocarles la libertad condicional y serían aprehendidos e internados en el Cereso local.

La garantía fue cubierta por el Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, quien informó de un refinanciamiento del fideicomiso, mediante la incorporación al mismo, de un bien inmueble (terreno) localizado en Guaymas.

Los padres interpusieron un recurso de apelación contra el acuerdo de julio de 2010 dictado por el juez octavo de lo penal en el que tuvo por satisfecha la garantía de la reparación del daño. Sin embargo, el juzgador mencionado, excediéndose en sus atribuciones, se negó a admitir el recurso de apelación, no obstante que él no es la instancia que debe resolverlo, razón por la cual tuvimos que presentar un recurso de denegada apelación, que actualmente está en trámite ante un tribunal colegiado de circuito del fuero común, explican los padres.

Todo eso, agregan, revela el marcado interés del gobierno del estado y del juzgador presuntamente imparcial, por favorecer a los trece inculpados.

Mañana sábado, a las 9:30 horas, periodistas de Hermosillo sumarán su voz a la de miles de periodistas más en todo México, que han decidido tomar la calle para fijar un posicionamiento respecto a la violencia desbordada que asuela al país entero, y que ya alcanzó a los comunicadores.

En realidad, nos alcanzó desde hace rato, pues por ejemplo aquí en Sonora, es hora de que no sabemos nada del reportero Alfredo Jiménez Mota, desaparecido; ni del avance en las investigaciones del asesinato de la reportera Miriam Denisse Ramos, casos que datan de hace cinco años.

Pero los últimos acontecimientos, en los que se ha secuestrado a periodistas, tomándolos como rehenes de la delincuencia organizada para negociar contenidos de noticiarios y programas televisivos, han encendido todos los focos rojos en el tablero de los medios de comunicación.

Por la libertad de expresión, contra el intento de los poderes fácticos pero peligrosísimos del narcotráfico por normar criterios en la difusión de información, este sábado los periodistas tomaremos las calles del país, para fijar un posicionamiento respecto a ese estado de cosas.

Rápidamente se recomiendan los videos. En la era tecnológica, donde la internet permite presenciar eventos bochornosos a escasos segundos de acontecidos, miles de personas hemos visto y escuchado el reclamo de una madre desconsolada al mismísimo Presidente de la República.

La señora Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso (fallecido el año pasado durante el incendio de la guardería “ABC”), habló claro y fuerte. Con la rabia entre los dientes exigió justicia para su hijo. En una reunión de Felipe Calderón con algunos padres afectados por la tragedia de “ABC”, Duarte Franco increpó a éste, señalando a los principales responsables de los hechos.

Muchos dirán que la señora comete una equivocación al reclamar al Presidente; se argumentará, además, que él está haciendo lo posible otorgando becas, pensiones vitalicias, y asegurando el futuro de los niños sobrevivientes. Pero, entonces, ¿qué responsabilidad tiene Felipe Calderón en este asunto? Si nos vamos a los tecnicismos de siempre, diremos que, estrictamente hablando, el Presidente no es responsable directo de esta desgracia, como tampoco resultara serlo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el gobernador de Sonora, ni los empleados medios, ni los encargados, ni nadie…

Y parece que de esta manera es como se ha procurado resolver el caso: como un asunto técnico de justicia “a la mexicana”; en la que si eres un simple particular tienes que seguir los “canales correspondientes”, pero si posees renombre se movilizan todos los recursos del Estado. El laberinto desde donde se imparte justicia no puede ser recorrido por el ciudadano común, pues seguramente se perderá en él. Sólo si te llamas Diego Fernández de Cevallos, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, o Carlos Slim, conseguirás obtener el mapa que te indique qué hacer, a quién acudir, y cómo salir airoso.

La señora Patricia Duarte evidentemente carece del plano laberíntico. Sin embargo, con valor y con dignidad levantó la voz y le dijo al Presidente: “¿Va a ver justicia para mi hijo? Esa es mi pregunta. Va a ver un fideicomiso, va a ver becas [...] ¿Y mi hijo, qué?, ¿y los 49 niños, qué? ¿Ellos no cuentan? [...] Esta es mi pregunta: ¿usted sabe lo que es justicia? [...] Para mí justicia es que cada uno de los responsables de la muerte de mi hijo y de todos los niños esté detrás de las rejas. [...] Para mí justicia es que esta persona que tiene a su izquierda [Daniel Karam], que dice que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quede destituido de esa institución; para mí justicia es que Juan Molinar Horcasitas quede destituido de la secretaría que representa (Comunicaciones y Transportes); para mí justicia es que Bours (ex gobernador de Sonora) quede en la cárcel. [...] ¡Eso es justicia, señor! ¿Le queda claro? ¿Me la podrá dar?; ¿sí puede darme esa justicia? Dígame ¿De qué me sirve a mí el dinero?, ¿de qué me sirve el fideicomiso?, ¿de qué me sirve que me dé una pensión vitalicia, a mí?, si no tengo mi más grande tesoro que es Alonso, mi único hijo. ¿De qué me sirve? De nada”.

Y retornamos a la pregunta: ¿Qué responsabilidad tiene Felipe Calderón en este asunto? Si dejamos de lado los tecnicismos, podemos afirmar que mucha. Es responsable por omisión, pues teniendo el poder de realizar los cambios en las instituciones involucradas, nada ha hecho; pues sabiendo que el presente asunto ha trascendido las fronteras de “lo particular”, para convertirse en un problema de altísimo interés para la opinión pública nacional, apenas ha realizado los gestos que indiquen verdadera preocupación; porque a más de un año del incendio fatal para decenas de niños, hasta ahora fue a dar la cara al lugar de la tragedia.

El caso “ABC”, donde 49 niños murieron quemados por la negligencia de una cadena de funcionarios, sigue abierto y sigue doliendo. Lastima ver la impotencia de los padres, lastima pensar que si a este asunto conocido por todos no se le ha dado solución, qué podemos esperar otras personas con problemas de justicia cotidiana.

Felipe Calderón Hinojosa debe dar las señales correctas y debe dejar de utilizar un discurso recio, para abrir paso a acciones concretas. Si dedicara una ínfima parte del tiempo, interés y recursos de su “guerra contra el narco”, para resolver este asunto, muchos le estaríamos agradecidos. De que puede, puede. Basta que quiera.

Permítaseme terminar la presente reflexión con las palabras finales que la señora Patricia Duarte pronunció ante Felipe Calderón Hinojosa: “Tú vas a decidir aquí si quieres ser el Presidente que pase a la historia como el Presidente que solapó a los delincuentes que mataron a 49 niños, o como el Presidente que le dio justicia a 49 niños. Tú decides, señor Presidente, cómo quieres pasar a la historia de México…”.

Fuente: NoticiasNet.mx

MÉXICO, D.F., 27 de julio.- La pregunta la hace Patricia Duarte. La ocasión es la cita del presidente Calderón con los padres de los niños muertos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. La época es ésta que vivimos, en la que la gente se ha venido a creer que tiene derechos. Que los derechos que la Constitución les otorga pueden bajarse de la letra y volverse con su uso reales. Usándola, extendiendo su alcance, la Ley cumplirá por fin su promesa, aplazada tantas veces durante nuestra historia: igualarnos a todos.

Precondición de una democracia efectiva: que el demos, el pueblo, y el cratos, el poder, estén ligados, a diario, en cada transacción, por la Ley. Por eso el tuteo de la ciudadana al poderoso.

“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”

Y es que no es seguro que lo sepa, a pesar de ser abogado. En un caso emblemático de esta lucha de la gente por tener Ley, y en otro caso emblemático también, y en el siguiente otra vez, Felipe Calderón ha caminado del lado contrario de los muchos para proteger a sus allegados, unos pocos.

Es el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, muertos en el fuego cruzado del Ejército con criminales y luego disfrazados de sicarios. Para proteger al Ejército el presidente inculpó en una declaración a los muchachos y la madre de uno de ellos se lo reclamó desde la multitud. “Mi hijo no es un maleante”, dijo al micrófono, tensa la voz por la rabia.

Es el caso de la familia Almanza Salazar, cuya camioneta fue baleada por un retén de soldados probablemente drogados. Dos niños murieron, Bryan y Martín, de nueve y seis años, y el presidente por boca de su secretario de Gobernación pidió a los ciudadanos que “no fueran tontos útiles” del crimen. La joven madre, de 25 años, se lo dijo en corto, en una visita a Los Pinos: “Esto no se me va a olvidar, presidente. No se me puede olvidar. Mis hijos también tienen derechos humanos.”

Agréguese la terquedad con que el presidente ha impulsado la agenda de un grupito panista para restringir los derechos de las minorías del país. De Los Pinos partió la orden para que 100% de los panistas vetaran en 18 estados del país el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. De Los Pinos igual salió la consigna de que los panistas de la Asamblea del DF vetaran el derecho de las parejas gays de casarse y de adoptar hijos. Y de Los Pinos sale ahora la orden de que la PGR prolongue en la Suprema Corte el esfuerzo para vetar estos derechos recién adquiridos.

Y desde luego fue el presidente quien hace cuatro meses delegó en su secretario de Gobernación el trabajo indigno de presionar a la Suprema Corte de Justicia para que no la hiciera, la Justicia, en el caso de los niños muertos en el incendio de la Guardería ABC. Es consabido: por salvar a dos de sus funcionarios y a los dueños de la guardería, el presidente presionó a la Corte para que se retractara de su primera intención de exceder sus funciones usuales –esas funciones usuales en una dictablanda– y se declarara “no capacitada para señalar responsables” hacia arriba, hacia los poderosos –como corresponde en una democracia, donde la Justicia debe operar autónoma, tanto hacia arriba como hacia abajo–.

Cuatro meses después de la declaración de discapacidad de la Suprema (sic) Corte de Justicia (sic sic), el presidente se apersona ante los deudos de los niños muertos para lo que los priistas vienen llamando desde hace un siglo “operación cicatriz”. Amén de que ha pasado tiempo, se ha amistado con los padres menos belicosos, y confía que ellos impongan el tono de resignación a la reunión.

“Les daremos”, dice varias veces el presidente en su anuncio. “Recibirán”, dice otras tantas. “Serán ayudados”. “Estos apoyos que repartiremos”. Becas vitalicias, un fideicomiso, un hospital flamante, ayuda sicológica: maíz para los pollos, llamaban los priistas al reguero de regalos baratos al vulgo. Primero los paleas, luego los maiceas.

Pero si el presidente se piensa a sí mismo como a un dictador –sexenal– filantrópico, creyendo que al menos la gente de México no se ha enterado que ya no puede serlo, la gente se le encabrita, porque ya no quiere filantropía, quiere Ley, quiere hacer valer sus derechos y –esto es lo más novedoso– tiene los recursos para hacerse escuchar. En lo que es una reunión a puerta cerrada, vetada a la prensa, Patricia Duarte, maestra de educación preescolar, toma el micrófono mientras la videa otro padre con el teléfono celular que ella misma ha introducido a la reunión. Ellos mismos subirán sus palabras al Facebook y saben que las retomarán los medios de comunicación nacionales y saben que tendrán eco, porque la pregunta que formula Patricia Duarte es la de una generación de ciudadanos preparada para una democracia que los políticos se empeñan en no dejar suceder.

“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”

Esto que hacen, exigir que la Ley mande y no los políticos en turno, “es una revolución ciudadana”, han declarado los padres de la Guardería ABC. Lo es. Una revolución incipiente que ya rebasa al presidente y a la clase política entera, incluso a los opinadores profesionales.

Fuente: Proceso

Por: Jesús Robles Maloof

Viajé a Hermosillo el martes 20 de julio. Salí del DF a la 5 de la mañana, apesadumbrado porque ese mismo día visitaría la misma ciudad Felipe Calderón para reunirse finalmente con madres y padres de la Guardería ABC, tras más de un año de una actitud cómplice de la tragedia y negligente en sus responsabilidades de Estado.

Existía por parte de los padres una discusión sobre si asistir o no a dicha reunión; la mayoría decidió asistir con la misma postura que han mantenido durante meses; JUSTICIA. Le dije por teléfono a Claudia Díaz Symonds: “hay que armar una protesta, no puede pensar Calderón que llegará como justiciero a Hermosillo y saldrá de ese momento limpio.”, a lo que me contestó: “no te apures, los padres están ya tomando definiciones”.

Los deudos de las 49 niñas y niños fallecidos, así como de quienes quedaron lesionados, pidieron desde hace meses una reunión pública con la presencia de los medios de comunicación. Calderón en cambio, montó un esquema de seguridad y opacidad propio de quien tiene el máximo temor fundado. Intentó hacer una reunión privada de espaldas a la nación.

Cuando se discute un tema de interés público, como la Guardería ABC, en presencia de representantes populares y funcionarios del más alto nivel, donde se hablará de reparación de daño y presupuesto entre otros temas, nada justifica la privacidad de una reunión, sólo que las víctimas así lo soliciten. No fue el caso. El burdo intento de mover la maquinaria presidencial para poner cortinas sobre la reunión fracasó. Creo haber visto por qué fue así.

Ya en Hermosillo, en mi mismo hotel observé por los menos 100 burócratas del gobierno federal. Decidí acompañar hasta donde se pudiera a los padres esa mañana. Nos citamos en la Plaza Emiliana de Zubeldía donde acudieron un puñado de activistas y padres. Nos acompañaba a los lejos la tradicional “cola” de Gobernación o del IMSS para monitorear y reportar nuestros movimientos. Llegado el momento, nos dirigimos hacia el salón privado escogido para la reunión y, desde el auto de Roberto Zavala, apreciamos los cinturones de seguridad conformados por militares desde 5 kilómetros a la redonda.

Para entrar al salón se pasaron 7 filtros de seguridad. Los activistas esperamos afuera. En el arco detector de metales elementos de seguridad, intentaron quitarles los celulares a madres y padres, con el argumento de: “¿para qué los necesitaban?”. Con mucha decisión y conocedores de lo ilegal de dicho mandato, pudieron ingresar con ellos no sin antes discutir algunos minutos. La sala estaba provista de interruptores de señal para celulares. Calderón pensaba salir bien librado al impedir que, llamadas, grabaciones y fotografías de la reunión, se difundieran posteriormente. Perdió feo.

Afuera, aguantando los más de 40 grados de temperatura, reporteros y activistas miraban a lo lejos el ingreso de los políticos. Miembros del Estado Mayor Presidencial con prepotencia y evidente nerviosismo llamaron a granaderos de la Policía Federal. Para ellos 30 activistas y 20 reporteros amenazaban la seguridad presidencial. Las primeras noticias del desarrollo de la reunión las fuimos teniendo conforme salían los padres decepcionados. Martha y Roberto fueron los primeros en salir. Sus palabras me pusieron la piel de pollo: la indignación por un Presidente que piensa que la justicia son becas.

Ahí supimos que Patricia Duarte se había dirigido de manera implacable a Calderón, preguntándole qué era para él justicia y, ante su silencio, definiendo que justicia no eran becas sino procesos legales y destituciones, así como un nuevo modelo de estancias infantiles, palabras que sin duda, serán histórico ejemplo de la convicción. Su esposo Pepe, grabo en video aquellos momentos. Había fracasado el intento de Calderón. Horas después el video recorrería la pradera digital, demoliendo los intentos oficiales de censura.

Una vez más David venció a Goliat en esa mañana. ¿Cuáles fueron las claves?:
1. Madres y padres de la Guardería ABC tienen una voluntad indomeñable.
2. Tienen la razón y el derecho de su lado.
3. En nuestros días nos posible ya la opacidad en reuniones de esa trascendencia (cosa que Calderón no ha entendido).
4. En el Movimiento 5 de Junio tienen absoluta claridad de la importancia de las nuevas tecnologías para crear canales de información alternativa y las usan como pocos.
5. Existe un grupo de ciudadanos que estuvieron desde afuera reportando los incidentes y cientos desde las redes sociales amplificando la información.

Esa mañana volví a tener una lección de congruencia y de fortaleza, aprendí mucho. Por la tarde vi a Patricia Duarte un poco cansada, si eso cabe. Pero en minutos se repuso, segura de que su lucha será de largo aliento. Volví a aprender. Al día siguiente, los periódicos y medios electrónicos consignaron la información de lo sucedido. Los tuits de los activistas estaban en las primeras páginas.

Las madres y los padres lograron mantener la fuerza moral de su discurso. En el video se aprecia cómo Calderón, a los dos minutos, intenta interrumpir a Patricia Duarte y al no lograrlo, se hunde en su asiento y pierde su mirada en el paño de la mesa. He visto una y otra vez ese video, y cada vez que lo veo, la imagen del presidente se hace cada vez más pequeña.

Agradezco de manera especial a Claudia Díaz Symonds con quien tuve el honor de compartir esa jornada.

Video de la reunión:

http://www.movimiento5dejunio.org/abc/2010/07/21/video-de-la-reunion-con-fch-en-hermosillo-sonora/

Madres ABC “twitean” reunión con Calderón. Nota de El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35264.html

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostuvo que siguen vigentes las demandas de justicia en el caso ABC, la oportunidad de revisar la corrupción en el sistema de subrogación de las guarderías, el incumplimiento del deber especial, el cuidado de niños y niñas, el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal, así como el derecho a la información.

En su colaboración para el programa de Ricardo Rocha, aseguró que no se trata solamente de una cosa de dinero, sino de derechos.

“El derecho de acceso a la información pública hasta antes del incendio no había transparencia sobre el sistema general de las guarderías y se vulneró este derecho al no brindar información oportuna y veraz a la sociedad y a los padres de familia”, detalló.

Indicó que hay una nula rendición de cuentas debido a que nunca se justificó la delegación de funciones a particulares y nunca se sancionaron las irregularidades en guarderías subrogadas.

“No existen las mínimas condiciones para fiscalizar y controlar la operación de guarderías. Este caso da para mucho y no me parece justo que solamente se les den ciertas dádivas a los padres de familia”, concluyó.

Fuente: Radiofórmula

Ella le miró de frente.

Él bajó la cabeza, parecía que leyera algo.

Ella, Patricia Duarte, madre de uno de los pequeños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC le dijo a él, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que no sabía qué es para él la justicia.

Él trató de interrumpirla, señaló que le respondería pero que había que dejar hablar a otras personas.

Ella continuó. Respetuosa, pero firme, siguió hablando. “Para mi justicia es que destituyas a ese señor que está a tu izquierda, Daniel Karam”, sentenció la mujer. Agregó que justicia es que también corra a Juan Molinar Horcasitas y lo someta a juicio penal igual que al ex gobernador Eduardo Robinson Bours.

Y siguió adelante: “Para mí justicia es que metas a la cárcel a Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo, prima de tu esposa Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez, socios en la guardería”.

El jefe del Ejecutivo, su esposa Margarita, una mujer, hay que decirlo, inteligente, auténtica, valiente, el director del IMSS y otros funcionarios, fueron de gira a Hermosillo la semana pasada.

Programada estaba la reunión con padres y madres de los niños, niñas que murieron o quedaron con fuertes heridas en el incendio.

Decidió el presidente Calderón, o su nueva vocera Alejandra Sota, que el encuentro fuese a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

Pero además, para asegurarse que nada se sabría de cuanto ahí se decía… o le decían a él, todos, todas las asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos celulares. Todos… o casi todas.

Inútil, vano intento de proteger la imagen presidencial. Porque alguien sí logró introducir un teléfono o una cámara de video con la que se pudieron captar las escenas, las palabras de la mujer, la imagen de un presidente que gran parte del tiempo se la pasó mirando hacia abajo, como si leyera… ¿qué? Y de su esposa, conmovida, apenada. De cualquier modo, después de hablar, Patricia Duarte abandonó la reunión, fue entrevistada, narró parte de lo ocurrido.

Y en youtube está el video.

Y se escucha cuando ella le dice lo que entiende por justicia, y no es precisamente o sólo un decreto presidencial que otorga becas a los niños sobrevivientes y dinero a las mamás, los papás que perdieron a sus pequeños. Y le reclama que vaya allá, con ellas, hasta después de haber estado en el partido inaugural del mundial de Sudáfrica, o comiento en Los Pinos con cantantes.

¿Qué decían el rostro, el gesto de Calderón? Pues quién sabe. La toma es lejana. Sólo se le ve gran parte del tiempo con la cabeza gacha, ya después la levanta. ¿Se habrá enojado? ¿Contuvo la reacción?

Y, ¿cuánto habrá cambiado Felipe Calderón? ¿Cuánto conservará de ese hombre que no tenía el poder, pero que era ciertamente una persona sencilla, sensible? Esto lo pregunto, no se la respuesta, porque antes, seguramente le hubiera dolido, y mucho, lo que le manifestó al final Patricia:

“Mira, yo voté por tí, y lo discutí mucho con mi familia, con mis amigos. Y no voté por tí porque fueras a ser el presidente del empleo o porque fueras a quitar la tenencia vehicular. Voté por tí…porque pensé que eras una buena persona… y mira lo que pasó”

¿Cuál fue su respuesta a todo lo que la mujer le dijo?.

Eso sí se supo. Nada.

Fuente: Blogs El Universal