MÉXICO, D.F., 27 de julio.- La pregunta la hace Patricia Duarte. La ocasión es la cita del presidente Calderón con los padres de los niños muertos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. La época es ésta que vivimos, en la que la gente se ha venido a creer que tiene derechos. Que los derechos que la Constitución les otorga pueden bajarse de la letra y volverse con su uso reales. Usándola, extendiendo su alcance, la Ley cumplirá por fin su promesa, aplazada tantas veces durante nuestra historia: igualarnos a todos.

Precondición de una democracia efectiva: que el demos, el pueblo, y el cratos, el poder, estén ligados, a diario, en cada transacción, por la Ley. Por eso el tuteo de la ciudadana al poderoso.

“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”

Y es que no es seguro que lo sepa, a pesar de ser abogado. En un caso emblemático de esta lucha de la gente por tener Ley, y en otro caso emblemático también, y en el siguiente otra vez, Felipe Calderón ha caminado del lado contrario de los muchos para proteger a sus allegados, unos pocos.

Es el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, muertos en el fuego cruzado del Ejército con criminales y luego disfrazados de sicarios. Para proteger al Ejército el presidente inculpó en una declaración a los muchachos y la madre de uno de ellos se lo reclamó desde la multitud. “Mi hijo no es un maleante”, dijo al micrófono, tensa la voz por la rabia.

Es el caso de la familia Almanza Salazar, cuya camioneta fue baleada por un retén de soldados probablemente drogados. Dos niños murieron, Bryan y Martín, de nueve y seis años, y el presidente por boca de su secretario de Gobernación pidió a los ciudadanos que “no fueran tontos útiles” del crimen. La joven madre, de 25 años, se lo dijo en corto, en una visita a Los Pinos: “Esto no se me va a olvidar, presidente. No se me puede olvidar. Mis hijos también tienen derechos humanos.”

Agréguese la terquedad con que el presidente ha impulsado la agenda de un grupito panista para restringir los derechos de las minorías del país. De Los Pinos partió la orden para que 100% de los panistas vetaran en 18 estados del país el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. De Los Pinos igual salió la consigna de que los panistas de la Asamblea del DF vetaran el derecho de las parejas gays de casarse y de adoptar hijos. Y de Los Pinos sale ahora la orden de que la PGR prolongue en la Suprema Corte el esfuerzo para vetar estos derechos recién adquiridos.

Y desde luego fue el presidente quien hace cuatro meses delegó en su secretario de Gobernación el trabajo indigno de presionar a la Suprema Corte de Justicia para que no la hiciera, la Justicia, en el caso de los niños muertos en el incendio de la Guardería ABC. Es consabido: por salvar a dos de sus funcionarios y a los dueños de la guardería, el presidente presionó a la Corte para que se retractara de su primera intención de exceder sus funciones usuales –esas funciones usuales en una dictablanda– y se declarara “no capacitada para señalar responsables” hacia arriba, hacia los poderosos –como corresponde en una democracia, donde la Justicia debe operar autónoma, tanto hacia arriba como hacia abajo–.

Cuatro meses después de la declaración de discapacidad de la Suprema (sic) Corte de Justicia (sic sic), el presidente se apersona ante los deudos de los niños muertos para lo que los priistas vienen llamando desde hace un siglo “operación cicatriz”. Amén de que ha pasado tiempo, se ha amistado con los padres menos belicosos, y confía que ellos impongan el tono de resignación a la reunión.

“Les daremos”, dice varias veces el presidente en su anuncio. “Recibirán”, dice otras tantas. “Serán ayudados”. “Estos apoyos que repartiremos”. Becas vitalicias, un fideicomiso, un hospital flamante, ayuda sicológica: maíz para los pollos, llamaban los priistas al reguero de regalos baratos al vulgo. Primero los paleas, luego los maiceas.

Pero si el presidente se piensa a sí mismo como a un dictador –sexenal– filantrópico, creyendo que al menos la gente de México no se ha enterado que ya no puede serlo, la gente se le encabrita, porque ya no quiere filantropía, quiere Ley, quiere hacer valer sus derechos y –esto es lo más novedoso– tiene los recursos para hacerse escuchar. En lo que es una reunión a puerta cerrada, vetada a la prensa, Patricia Duarte, maestra de educación preescolar, toma el micrófono mientras la videa otro padre con el teléfono celular que ella misma ha introducido a la reunión. Ellos mismos subirán sus palabras al Facebook y saben que las retomarán los medios de comunicación nacionales y saben que tendrán eco, porque la pregunta que formula Patricia Duarte es la de una generación de ciudadanos preparada para una democracia que los políticos se empeñan en no dejar suceder.

“¿Sabes lo que es la Justicia, presidente?”

Esto que hacen, exigir que la Ley mande y no los políticos en turno, “es una revolución ciudadana”, han declarado los padres de la Guardería ABC. Lo es. Una revolución incipiente que ya rebasa al presidente y a la clase política entera, incluso a los opinadores profesionales.

Fuente: Proceso

Por: Jesús Robles Maloof

Viajé a Hermosillo el martes 20 de julio. Salí del DF a la 5 de la mañana, apesadumbrado porque ese mismo día visitaría la misma ciudad Felipe Calderón para reunirse finalmente con madres y padres de la Guardería ABC, tras más de un año de una actitud cómplice de la tragedia y negligente en sus responsabilidades de Estado.

Existía por parte de los padres una discusión sobre si asistir o no a dicha reunión; la mayoría decidió asistir con la misma postura que han mantenido durante meses; JUSTICIA. Le dije por teléfono a Claudia Díaz Symonds: “hay que armar una protesta, no puede pensar Calderón que llegará como justiciero a Hermosillo y saldrá de ese momento limpio.”, a lo que me contestó: “no te apures, los padres están ya tomando definiciones”.

Los deudos de las 49 niñas y niños fallecidos, así como de quienes quedaron lesionados, pidieron desde hace meses una reunión pública con la presencia de los medios de comunicación. Calderón en cambio, montó un esquema de seguridad y opacidad propio de quien tiene el máximo temor fundado. Intentó hacer una reunión privada de espaldas a la nación.

Cuando se discute un tema de interés público, como la Guardería ABC, en presencia de representantes populares y funcionarios del más alto nivel, donde se hablará de reparación de daño y presupuesto entre otros temas, nada justifica la privacidad de una reunión, sólo que las víctimas así lo soliciten. No fue el caso. El burdo intento de mover la maquinaria presidencial para poner cortinas sobre la reunión fracasó. Creo haber visto por qué fue así.

Ya en Hermosillo, en mi mismo hotel observé por los menos 100 burócratas del gobierno federal. Decidí acompañar hasta donde se pudiera a los padres esa mañana. Nos citamos en la Plaza Emiliana de Zubeldía donde acudieron un puñado de activistas y padres. Nos acompañaba a los lejos la tradicional “cola” de Gobernación o del IMSS para monitorear y reportar nuestros movimientos. Llegado el momento, nos dirigimos hacia el salón privado escogido para la reunión y, desde el auto de Roberto Zavala, apreciamos los cinturones de seguridad conformados por militares desde 5 kilómetros a la redonda.

Para entrar al salón se pasaron 7 filtros de seguridad. Los activistas esperamos afuera. En el arco detector de metales elementos de seguridad, intentaron quitarles los celulares a madres y padres, con el argumento de: “¿para qué los necesitaban?”. Con mucha decisión y conocedores de lo ilegal de dicho mandato, pudieron ingresar con ellos no sin antes discutir algunos minutos. La sala estaba provista de interruptores de señal para celulares. Calderón pensaba salir bien librado al impedir que, llamadas, grabaciones y fotografías de la reunión, se difundieran posteriormente. Perdió feo.

Afuera, aguantando los más de 40 grados de temperatura, reporteros y activistas miraban a lo lejos el ingreso de los políticos. Miembros del Estado Mayor Presidencial con prepotencia y evidente nerviosismo llamaron a granaderos de la Policía Federal. Para ellos 30 activistas y 20 reporteros amenazaban la seguridad presidencial. Las primeras noticias del desarrollo de la reunión las fuimos teniendo conforme salían los padres decepcionados. Martha y Roberto fueron los primeros en salir. Sus palabras me pusieron la piel de pollo: la indignación por un Presidente que piensa que la justicia son becas.

Ahí supimos que Patricia Duarte se había dirigido de manera implacable a Calderón, preguntándole qué era para él justicia y, ante su silencio, definiendo que justicia no eran becas sino procesos legales y destituciones, así como un nuevo modelo de estancias infantiles, palabras que sin duda, serán histórico ejemplo de la convicción. Su esposo Pepe, grabo en video aquellos momentos. Había fracasado el intento de Calderón. Horas después el video recorrería la pradera digital, demoliendo los intentos oficiales de censura.

Una vez más David venció a Goliat en esa mañana. ¿Cuáles fueron las claves?:
1. Madres y padres de la Guardería ABC tienen una voluntad indomeñable.
2. Tienen la razón y el derecho de su lado.
3. En nuestros días nos posible ya la opacidad en reuniones de esa trascendencia (cosa que Calderón no ha entendido).
4. En el Movimiento 5 de Junio tienen absoluta claridad de la importancia de las nuevas tecnologías para crear canales de información alternativa y las usan como pocos.
5. Existe un grupo de ciudadanos que estuvieron desde afuera reportando los incidentes y cientos desde las redes sociales amplificando la información.

Esa mañana volví a tener una lección de congruencia y de fortaleza, aprendí mucho. Por la tarde vi a Patricia Duarte un poco cansada, si eso cabe. Pero en minutos se repuso, segura de que su lucha será de largo aliento. Volví a aprender. Al día siguiente, los periódicos y medios electrónicos consignaron la información de lo sucedido. Los tuits de los activistas estaban en las primeras páginas.

Las madres y los padres lograron mantener la fuerza moral de su discurso. En el video se aprecia cómo Calderón, a los dos minutos, intenta interrumpir a Patricia Duarte y al no lograrlo, se hunde en su asiento y pierde su mirada en el paño de la mesa. He visto una y otra vez ese video, y cada vez que lo veo, la imagen del presidente se hace cada vez más pequeña.

Agradezco de manera especial a Claudia Díaz Symonds con quien tuve el honor de compartir esa jornada.

Video de la reunión:

http://www.movimiento5dejunio.org/abc/2010/07/21/video-de-la-reunion-con-fch-en-hermosillo-sonora/

Madres ABC “twitean” reunión con Calderón. Nota de El Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/primera/35264.html

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostuvo que siguen vigentes las demandas de justicia en el caso ABC, la oportunidad de revisar la corrupción en el sistema de subrogación de las guarderías, el incumplimiento del deber especial, el cuidado de niños y niñas, el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal, así como el derecho a la información.

En su colaboración para el programa de Ricardo Rocha, aseguró que no se trata solamente de una cosa de dinero, sino de derechos.

“El derecho de acceso a la información pública hasta antes del incendio no había transparencia sobre el sistema general de las guarderías y se vulneró este derecho al no brindar información oportuna y veraz a la sociedad y a los padres de familia”, detalló.

Indicó que hay una nula rendición de cuentas debido a que nunca se justificó la delegación de funciones a particulares y nunca se sancionaron las irregularidades en guarderías subrogadas.

“No existen las mínimas condiciones para fiscalizar y controlar la operación de guarderías. Este caso da para mucho y no me parece justo que solamente se les den ciertas dádivas a los padres de familia”, concluyó.

Fuente: Radiofórmula

Ella le miró de frente.

Él bajó la cabeza, parecía que leyera algo.

Ella, Patricia Duarte, madre de uno de los pequeños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC le dijo a él, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que no sabía qué es para él la justicia.

Él trató de interrumpirla, señaló que le respondería pero que había que dejar hablar a otras personas.

Ella continuó. Respetuosa, pero firme, siguió hablando. “Para mi justicia es que destituyas a ese señor que está a tu izquierda, Daniel Karam”, sentenció la mujer. Agregó que justicia es que también corra a Juan Molinar Horcasitas y lo someta a juicio penal igual que al ex gobernador Eduardo Robinson Bours.

Y siguió adelante: “Para mí justicia es que metas a la cárcel a Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo, prima de tu esposa Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez, socios en la guardería”.

El jefe del Ejecutivo, su esposa Margarita, una mujer, hay que decirlo, inteligente, auténtica, valiente, el director del IMSS y otros funcionarios, fueron de gira a Hermosillo la semana pasada.

Programada estaba la reunión con padres y madres de los niños, niñas que murieron o quedaron con fuertes heridas en el incendio.

Decidió el presidente Calderón, o su nueva vocera Alejandra Sota, que el encuentro fuese a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

Pero además, para asegurarse que nada se sabría de cuanto ahí se decía… o le decían a él, todos, todas las asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos celulares. Todos… o casi todas.

Inútil, vano intento de proteger la imagen presidencial. Porque alguien sí logró introducir un teléfono o una cámara de video con la que se pudieron captar las escenas, las palabras de la mujer, la imagen de un presidente que gran parte del tiempo se la pasó mirando hacia abajo, como si leyera… ¿qué? Y de su esposa, conmovida, apenada. De cualquier modo, después de hablar, Patricia Duarte abandonó la reunión, fue entrevistada, narró parte de lo ocurrido.

Y en youtube está el video.

Y se escucha cuando ella le dice lo que entiende por justicia, y no es precisamente o sólo un decreto presidencial que otorga becas a los niños sobrevivientes y dinero a las mamás, los papás que perdieron a sus pequeños. Y le reclama que vaya allá, con ellas, hasta después de haber estado en el partido inaugural del mundial de Sudáfrica, o comiento en Los Pinos con cantantes.

¿Qué decían el rostro, el gesto de Calderón? Pues quién sabe. La toma es lejana. Sólo se le ve gran parte del tiempo con la cabeza gacha, ya después la levanta. ¿Se habrá enojado? ¿Contuvo la reacción?

Y, ¿cuánto habrá cambiado Felipe Calderón? ¿Cuánto conservará de ese hombre que no tenía el poder, pero que era ciertamente una persona sencilla, sensible? Esto lo pregunto, no se la respuesta, porque antes, seguramente le hubiera dolido, y mucho, lo que le manifestó al final Patricia:

“Mira, yo voté por tí, y lo discutí mucho con mi familia, con mis amigos. Y no voté por tí porque fueras a ser el presidente del empleo o porque fueras a quitar la tenencia vehicular. Voté por tí…porque pensé que eras una buena persona… y mira lo que pasó”

¿Cuál fue su respuesta a todo lo que la mujer le dijo?.

Eso sí se supo. Nada.

Fuente: Blogs El Universal

Dice el autor citando a Kapuscinski que “ahora escribir un libro debe ser una protesta”. A un año de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, se publica este estremecedor recordatorio de cómo la corrupción y la impunidad impiden que se haga justicia. Ricardo Rocha afirma en el prólogo que el 5 de junio de 2009 se cometió “un crimen colectivo de larga data, que comenzó mucho antes del día del incendio y que todavía no termina… muchos años de corrupción en los que una obligación del Estado se convirtió en una franquicia para favorecer a unos cuantos… Osorno nos presenta un monumental coro de voces que narran el crimen múltiple de Hermosillo antes, durante y después de aquel día”. Por su parte, el autor dice: “Son cerca de 500 voces registradas en este relato coral. Recopilé sus testimonios por medio de entrevistas o tomando notas en actos a los que asistí y revisando los expedientes judiciales del caso… Hablan los padres de los niños fallecidos y sobrevivientes, familiares, ciudadanos indignados, funcionarios municipales, estatales y federales, bomberos, personal de protección civil, cholos, dueños de la guardería, maestras, enfermeras, policías, abogados y periodistas… un relato polifónico sobre la muerte de 49 niños, la impunidad y la lucha por la justicia… Estos padres trabajadores rechazan la indiferencia ciudadana y condenan un sistema donde las empresas obtienen beneficios máximos con costos mínimos, lo cual condujo a que no se respetaran las condiciones de seguridad y mantenimiento”.

La primera parte del libro narra qué sucedió (el lugar, “una bomba de tiempo”; “¿una bodega puede ser habilitada como guardería”); la segunda aborda todo el entramado oficial que asegura la impunidad e impide el castigo de los responsables (en 1996, Zedillo impulsó “las guarderías del esquema Levy de subrogación del IMSS”: hoy más de un millar en el país, un negocio más de los corrillos del poder; los propietarios, parientes y socios de funcionarios; todos eluden su responsabilidad: “únicamente soy la socia capitalista… no sé… me reservo el derecho a contestar…”; hubo recomendaciones de seguridad ignoradas desde 2005; “lo sucedido no fue un accidente, sino la consecuencia atroz de una red de corrupción en todos los niveles gubernamentales”; “la causa ha sido la sed desmesurada de ganancias, la descomposición moral de los gobernantes, de sus familiares y socios”; “a la cárcel los dueños y todos los que con su firma avalaron lo que pasó”; y la tercera parte cuenta cómo se originó en Hermosillo el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio (“IMSS: asume tu responsabilidad”; “somos demasiados los que estamos hartos de esta política”; “el gobierno sólo atiende al pueblo bajo presión”; “delincuencia organizada es también quienes trafican con influencias, los corruptos que aprovechan los puestos públicos y sus socios que se enriquecen con las guarderías subrogadas”; “las conductas de omisión son la suma de factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente”.

Un epílogo implacable: “la cadena de corrupción que mató a estos niños continúa intacta, funcionando como si nada hubiera pasado. En México, el poder de la razón para conseguir justicia es una ilusión”. El libro incluye fotografías, una cronología y la lista de los funcionarios del IMSS, del gobierno sonorense y del ayuntamiento de Hermosillo señalados por la Suprema Corte.

Nota: las regalías del autor (10 por ciento de la venta del libro) son para el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, AC.

Diego Enrique Osorno, Nosotros somos los culpables. La tragedia de la Guardería ABC, Grijalbo, México 2010, $169, 224 pp. ISBN 978-607-310-067-0

El 25 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Instituto Mexicano del Seguro Social “Mediante el cual se definen apoyos financieros de Guarderías ABC”.

Apoyos que se publicaron hace un año, sin embargo a consideración de las autoridades, se requería precisar ciertos puntos.

Este acuerdo comenzó por una propuesta presentada por la Dirección General de dicho Instituto a través de su Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y de la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente; dicho acuerdo menciona las “particularidades” sobre los “apoyos y ayudas” que se debieron otorgar por parte del IMSS a partir del 5 de junio de 2009, a los afectados por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; con el fin de otorgar “certeza y seguridad jurídica” a los menores, adultos y padres de familia involucrados en éste infortunio.

Entre las características para los beneficios, se consideraron diversas categorías:

• Padres de menores fallecidos
• Menores lesionados por quemaduras
• Menores que no sufrieron lesiones por quemaduras, pero que inhalaron el humo y tóxicos producidos por el incendio, con diagnóstico de una secuela permanente por ese motivo.
• Menores que asistieron a la Guardería ABC el día 5 de junio de 2009, sin haber sido lesionados por quemaduras, con probabilidad de haber inhalado humo y tóxicos producidos por el incendio, sin que a la fecha se les haya diagnosticado una secuela permanente por ese motivo.
• Adultos derechohabientes, lesionados por quemaduras o que no sufrieron lesiones por quemaduras pero que inhalaron el humo y tóxicos producidos por dicho incendio.

Para cada una de dichas condiciones, se incluyeron ciertos “beneficios”; sin embargo, las preguntas son: ¿Qué clase de beneficios recibieron quienes en su momento tenían la concesión de este lugar? ¿Serán directamente proporcionales a los que ahora se ofrecen…? ¿Estos patrocinios cubren lo que a los Padres ABC les falta? La respuesta, todos la conocemos.

Después de convivir fortuitamente con uno de los Papás ABC, me involucré un poco en los antecedentes y en todo lo que había detrás de lo tangible, de lo conocido; entonces de una u otra forma, encontré el lado que desconocía… Al enterarme de las diferentes historias que pudieron ser evitadas, me resultó imposible sentirme ajena a la situación de todos estos aguerridos seres humanos, así que de inmediato tuve la necesidad de solidarizarme ante lo que se estaba viviendo a un año del incendio.

Las autoridades tienen (tuvieron) dentro de sus facultades y atribuciones la posibilidad de determinar responsabilidades a quienes no tomaron las medidas adecuadas para prevenir cualquier situación de ese tipo; y ahora me queda claro que lo que se pretendía era el sancionar a quien resultara con responsabilidad ya que más allá del hecho de verlos padeciendo una pena en algún reclusorio, lo que se necesitaba era la consecuencia natural de dicho acto: En primera que el tráfico de influencias no quedara impune y tal vez la que pareciera menos importante, era el enviar un mensaje implícito a quienes lo practican de que “cualquiera puede ser juzgado y declarado responsable”; que México no es un país en el que haya distinciones y que manejen unos cuantos. Lo que los Padres ABC buscan es que no haya ningún otro Padre que pase por una situación similar, que exista quien le tenga al menos un mínimo respeto a la Ley; no buscan algo imposible de dar. Triste por decir lo menos, es saber que ante las ambiciones de algunos, se nos olvida el bien común y que todos somos seres humanos. En esta ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo todo, menos justicia.

A propósito de la justicia y las leyes, viene a colación que nuestro País se encuentra entre los que cuenta con los mejores ordenamientos legislativos a nivel internacional (con todas las imprecisiones que pueda tener) y para ligarlo con el tema de la Justicia, es necesario aclarar que el problema no radica precisamente ahí… la Ley está sujeta a interpretación y para fortuna de algunos, ciertos Ministros tuvieron a bien interpretar que efectivamente, no se había cumplido con las medidas de seguridad necesarias pero ello no era determinante para el determinar o no, responsabilidades.

Paradójicamente, el IMSS se encuentra obligado a dar los apoyos mencionados… es decir, la autoridad tiene obligaciones, facultades y atribuciones; ¿Por qué no las ejerce cuando así debe hacerlo?

Y ahora… Después de tal irresponsabilidad por parte de la Justicia Mexicana, viene una que no debería sorprendernos: Una legisladora tiene una brillante iniciativa de Ley para cuidar mucho más a todos quienes ejercen de manera descarada el tráfico de influencias, propone básicamente que el IMSS tenga facultades para proteger la información de quienes se encuentran a cargo de Guarderías subrogadas; le “preocupan” casos de extorsión, secuestros, etc. Por ello es que solicita mantener como confidencial información de contratos, actas relativas a la constitución de la sociedad en donde se encuentran detalles como por ejemplo, quienes son los accionistas, nombres o prestanombres que en algún momento puedan relacionarse con gente del propio IMSS; una historia que suena familiar.

Resalto dos últimas preguntas en esta última reflexión:

La primera es que los Servidores Públicos están obligados por Ley a la transparencia y hay miles de páginas en las que se encuentra información desde sus oficinas, números de teléfono, salarios, fotos, correo electrónico, hasta de sus declaraciones patrimoniales; ¿Por qué ocultar la de quienes tienen relación directa con el negocio (porque eso es para ellos) de las Guarderías?

La segunda ¿Por qué el 23 de septiembre de 2009, la misma legisladora propuso solicitar a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, enviar la Cámara de Diputados los parámetros de evaluación y los resultados de las evaluaciones que llevaran a cabo en dichas estancias? Asimismo, solicitó la aprobación de la creación de una comisión especial que revisara la política general de estancias infantiles del Estado Mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y realizara las evaluaciones que fueran necesarias a efecto de proponer las modificaciones que se requirieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños que ahí fueran atendidos, concluyendo que “Tener acceso a una estancia infantil para sus hijos es un derecho para las madres trabajadoras”.

Y, ¿Seguimos hablando de derechos…?

La misiva fue escrita por las OSC: “Grupo fuerza y conciencia ciudadanas” y “Los Niños de Sonora También son Nuestros Hijos”, antes de que los ministros determinaran  que sí hubo violación grave de las garantías individuales en el caso del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, pero descartaron señalar como responsables a 14 funcionarios, entre ellos  Juan Molinar Horcasitas, ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Daniel Karam, director del IMSS, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Carta abierta a los ministros de la Suprema Corte sobre caso ABC

Esperábamos -con mucha esperanza- que ustedes, señoras y señores ministros, hicieran caso de la exigencia de justicia que todo el pueblo de México les hace respecto al caso ABC.

Les exigimos que tengan el valor civil -ya que autoridad moral, como lo dejó muy claro Guillermo Ortiz Mayagoitia, no la tienen- y den un fallo que asegure justicia para los padres de familia afectados y a los más de 80 bebés con la herida en carne viva.

Nos sentimos víctimas de la burla y observamos que nos enfrentamos a personas absolutamente insensibles ante el dolor y la injusticia e incluso, incompetentes. ¿Acaso tenemos que recordarles sus clases de Derecho Constitucional, específicamente que nuestra Constitución Política, en el artículo 123, fracción XXIX establece el derecho a una guardería segura para las madres trabajadoras en México?

Dejen ya de simular que les interesa la justicia en este país, y reconozcan que los ciudadanos mexicanos, nosotros, los de a pie, no somos de su interés porque, como se ha visto, una entrevista con Molinar Horcasitas o Eduardo Bours tiene mucho más peso en su cobarde conciencia que el grito desesperado de un pueblo lacerado por ustedes mismos y sus irresponsables decisiones “legalistas”, demostrando con ello que, al estar al servicio del poder, son ustedes mismos cómplices en este infanticidio.

¿Cuál es su precio, señoras y señores ministros?, lo que eroga el IMSS por la subrogación de guarderías, cantidad que entrega a particulares. En el fondo es lo que la SCJN defiende, es la bolsa, es lo económico y no la justicia, es el criminal sistema de subrogación de guarderías y otros servicios, el sistema que asesinó a los 49 bebés de la guardería ABC y dejó con daños irreversibles a más de 80.

No es una cantidad despreciable para los empresarios y políticos voraces que se hacen ricos a costa de nuestro trabajo… pero con veinte mil millones no podrán comprar una conciencia tranquila, y mucho menos la vida de uno solo de esos bebés.

Les exigimos que tras su fallo renuncien, que no estorben más y dejen su circo y teatro de simulación de justicia.

Fuente: Agencia de Noticias Independiente

El pasado 16 de junio, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) expresó que sí existieron graves violaciones a las garantías individuales de los niños de la guradería ABC de Hermosillo, Sonora(1); sin embargo, como bien dice, Granados Chapa, en una “esquizofrenia” incomparable, la Suprema Corte, decidió que no hay violadores(2).

El ministro Zaldívar había ya enumerado con nombre y apellido a los responsables de esa masacre, sin embargo, la SCJN, se pronunció a sí misma como incapaz de ser el mayor órgano moral en México para dictaminar quiénes eran los culpables… entonces ¿quién es esa autoridad? ¿a dónde van a recurrir los padres ahora? ¿No son la Suprema Corte de Justicia??? ¿No son los que reciben los sueldos más altos en este país? ¿O es que ellos tampoco son responsables de sus cargos y de sus funciones?  Y más allá de esa burocracia, ¿qué no tienen sentimientos ni un mínimo de empatía por el prójimo? ¿dónde quedó el sentido común en este país? ¿ hemos perdido de vista al “otro”y olvidado que soy responsable de él?

No olvidemos que en el caso de Lydia Cacho pasó exactamente lo mismo: sí hay violaciones graves pero no hay responsables. Sin conocer cuáles son las funciones y los límites de la SCJN, me parece, por lo menos (y es mucho), indignante que una vez más, no existan responsables. El mensaje que, en el fondo se está transmitiendo, es que puedes ser funcionario, banquero, empresario y puedes hacer lo que se te hinche la gana con la gente: puedes matar niños en un retén si eres militar, puedes quemar a 49 niños y dejar con graves heridas a 104 más, cambiar la vida de sus familiares por completo, puedes ser secuestrada por órdenes de un gobernador, puedes no proteger a los civiles en un enfrentamiento con el narco, puedes morir violada por militares, puedes dejar al país en bancarota y pedirle al pueblo que pague y no va a pasar nada… pero sí pasa y mucho. Tal vez “el pueblo” no entendamos de leyes, códigos, reglamentos, funciones  pero sí experimentamos su aplastamiento, su indignidad. Las leyes que surgieron de la tradición, de lo colectivo del ser humano, hoy se ha covertido en una máquina separada de la humanidad y que parece incontrolable.

El problema es, como siempre, más complejo y profundo. En el Estado neoliberal existe una nueva forma de ser Estado: una repartición de obligaciones y la creación de redes y conexiones para gobernar, entre ellas redes con las ONG´s y empresas que se encargan de cumplir.

funciones del Estado (Duffield, 2006). Esto implica que esas ONG´s y esas empresas realicen funciones que el Estado ya no quiere hacer, por ejemplo actividades de guerra o guarderías subrogadas. Una de las consecuencias de esta nueva forma de relaciones políticas y económicas, es el desdibujamiento de responsabilidades: ¿quién es responsable de los civiles que murieron por una empresa privada que contrató el gobierno?, o ¿quién es responsable de la muerte y de la vida dolorosa de más de cien niños en una guardería?, ¿el Estado que repartió su obligación de cuidar niños? ¿la empresa que no hizo bien su trabajo?, ¿nadie porque la responsabilidad quedó en el aire y “se olvidó” estipular en el contrato?, ¿no es clara la relación entre Estado y empresas que buscan generar plusvalía y cuidarse entre ellos?, ¿es imposible que vean esto los ministros, personas de las más prepradas en este país?(3)

Y al final, ¿Cómo llegamos hasta aquí?, ¿cómo es que la Suprema Corte de Justicia no puede denunciar ni siquiera moralmente a los responsables?, ¿cómo es que un funcionario director de una institución no es responsable de lo que pasa en ella o la directora de guarderías del IMSS no es responsable, ni el gobernador de lo que pasa en su entidad? Pero tal vez estas preguntas sean llenadoras de espacio y no permiten ver que esos niños muertos somos nosotros muertos porque ya no somos humanos, porque el dolor del otro ya no es mío, porque no soy responsable de nadie mas que de mí, porque no soy capaz de dejar mi rutina para solidarizarme con el “otro”, escucharlo y luchar con él.

¡Pasa tanto en este país! Pensar que no pasa nada si levanto la voz, extiendo mi mano al otro,   o dejo de votar, es permitir que sigan haciendo lo que quieren aquellos gobernadores que el pueblo quiso quitar y la mafia política retuvo, que sigan en sus puestos autoridades sin responsabilidad, fobaproas y ministros sin corazón.

Escucha a los olvidados, organizáte en tu colonia o tu comunidad, apoya la autonomía y conoce las historias de los que han callado, tomáte una tarde para ir a escuchar al otro, dí NO y exíge la dignidad para cualquier humano. Esta situación no morirá por muerte natural. La lucha continúa en este mundo parado al revés.

Movimiento 5 de junio somos todos.

El dolor de un humano nos concierne a todos.

Los padres de la Guardería ABC se han levantado,

sus hijos les han hecho hacer cosas que jamás pensaron

y vivir cosas que jamás imaginaron.

Es necesario unirse y pasar la voz, los humanos no somos pasivos, sabemos luchar.

Visita la página, conoce, platícalo. Es tu responsabilidad.

http://www.movimiento5dejunio.org/abc/

“EN TIEMPOS OSCUROS, TENGAMOS EL TALENTO SUFICIENTE PARA APRENDER A VOLAR EN LA NOCHE, COMO MURCIÉLAGOS; SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE SANOS COMO PARA VOMITAR LAS MENTIRAS QUE NOS OBLIGAN A TRAGAR CADA DÍA; SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE VALIENTES COMO PARA TENER EL CORAJE DE ESTAR SOLOS Y LO SUFICIENTEMENTE VALIENTES COMO PARA ARRIESGARNOS A ESTAR JUNTOS…

“SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE MADUROS COMO PARA SABER QUE PODEMOS SER COMPATRIOTAS Y CONTEMPORÁNEOS DE TODOS LOS QUE TIENEN UNA VOLUNTAD DE BELLEZA Y UNA VOLUNTAD DE JUSTICIA, SIN IMPORTAR DÓNDE NACIERON NI DÓNDE SE ENCUENTRAN, PORQUE NO CREEMOS EN LAS FRONTERAS DE LOS MAPAS NI DEL TIEMPO, SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE TERCOS COMO PARA SEGUIR CREYENDO, CONTRA TODA EVIDENCIA, QUE LA CONDICIÓN HUMANA VALE LA PENA….

“SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE LOCOS COMO PARA SER LLAMADOS LOCOS… SEAMOS LO SUFICIENTEMENTE INTELIGENTES COMO PARA SER DESOBEDIENTES CUANDO RECIBIMOS ÓRDENES CONTRADICTORIAS A NUESTRA CONCIENCIA O CONTRA EL SENTIDO COMÚN”.

- EDUARDO GALEANO

(1) Blog del movimiento 5 de junio; 17 de junio 2010. La Jornada publica el mismo día  “Hubo consenso en que fueron violados los derechos constitucionales que tienen que ver con los derechos del niño y el principio de interés superior, así como los derechos a la protección a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud” (La Jornada en internet, 17 de junio 2010).

(2) “En este caso la SCJN afirmó que “sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009, que causó la muerte de 49 niños, y lesiones a 104” (La Jornada en internet, 17 de junio 2010). Y en todo caso ¿dónde están los dueños de la guardería?

(3) El Ministro Zaldívar refutó a los ministros que afrimanban que las gurderías funcionan bien:“Ahora dicen: ‘el IMSS no tiene nada que ver con la protección civil’. ¡Ahí es donde hay una grave omisión de políticas públicas! ¿Cómo es posible que el IMSS, y me refiero a sus autoridades, obviamente, se desatiendan de dónde están las guarderías, de si los niños están cuidados o no?” (La Jornada, 17 de junio 2010).

Por: Federico Campbell

Finalmente toda búsqueda de la verdad jurídica se encomienda a la subjetividad de los jueces. Véasele como se le vea, el grupo de magistrados de la Suprema Corte de Justicia siempre tendrá más de un argumento, jurisprudencias, citas de Recansens Siches y de Platón, para abonar y justificar cualquier resolución, a favor o en contra, negra o blanca, justa o injusta.

Es imposible que esa subjetividad escape a los ingredientes propios de la condición humana: las creencias, los intereses, la ideología personal, la clase social a la que se pertenece, el monto de los sueldos que se reciben e incluso las emociones. Todo cuenta. Todo influye. Y en casi todos los casos, por imperativos de la chamba y de la carrera profesional, e incluso por sincera convicción para defender a una institución como la del Seguro Social, se termina por favorecer a quienes detentan el poder. Tan es así el criterio subjetivo, que cinco de seis miembros de la Suprema Corte estimaron correcto el proyecto del ministro Arturo Zaldívar en el sentido de que sí había que atribuir responsabilidades a los funcionarios públicos que ejercían su cargo cuando el cinco de junio de 2009 se incendió la guardería de Hermosillo y murieron 49 niños. Es tal la subjetividad propia del oficio de juzgar que en algunos países el presidente escoge a los ministros según sean conservadores o liberales.

En la historia más reciente sobre violación a las garantías individuales, la Suprema Corte ha exonerado de toda responsabilidad al gobernador de Puebla, Mario Marín (en el caso de Lydia Cacho); al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y al ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, al sostener que en el caso de Atenco sí hubo graves violaciones pero que sólo eran imputables a los policías que directamente ejecutaron el operativo. Diferente fue el caso de Oaxaca, cuando la SCJ señaló de manera directa al gobernador Ulises Ruiz como responsable por la violación de garantías, aunque no se ha podido saber qué consecuencias tangibles tuvo esta resolución.

Los ministros que formalizaron la impunidad de Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y, entre otros, Daniel Karam, asumieron un carácter pragmático en su interpretación. Atendieron más al derecho, a la letra de la ley, que a la justicia. Uno de ellos se puso metafísico y se demoró en dilucidaciones medievales sobre las diferencias entre ética y moral. Lo que no está en la ley no está en el mundo.

El ministro Arturo Zaldívar, actualizado y riguroso, invocaba tanto el poder extraordinario de la Suprema Corte mexicana como su creatividad jurídica y aspiraba a “un nuevo paradigma para entender que el ostentar un cargo público es de una gran responsabilidad”. Optimista, creía que ya no vivimos en un México en que pasan cosas y no pasa nada: “Cuarenta y nueve niños muertos son 49 razones que nos comprometen. Si la muerte no es suficiente, ¿qué tiene qué pasar en este país para que actuemos con energía?”.

Si escatimar la justicia en México es un asunto de conveniencia o no para el Estado, un asunto de jerarquías políticas y de clases sociales, entonces la labor de nuestros ministros de 400 mil pesos mensuales termina por parecerse al vicio solitario.

Fuente: Revista M Semanal

“Hubo responsabilidad, pero no hubo responsables”, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descansando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como “el país donde nunca pasa nada”.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo: “hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables”, exonerando con ello a Luis Echeverría.

Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la “teoría pura del derecho” aclarando, para que nadie dudara de su “profesionalismo”, que su resolución se encontraba “completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas”: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?

Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola “un artículo anacrónico y redactado con los pies” (Mariano Azuela), o un numeral “que no sirve para nada” (Salvador Aguirre Anguiano).

Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución “viva”, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse “una invasión en el ejercicio del poder público” sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.

Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder “por el tramo de control que le corresponde”: ¿cuál es ese “tramo”, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)

Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es “anacrónico”, o que “no sirve para nada”?

El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas “le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia”. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.

Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: “no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres”. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos “alegatos de oreja” que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran “correctamente” la letra del artículo 97.

Como la Corte tampoco pudo entrar “allí dónde autoridades e instituciones fallaron” (cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.

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Fuente: La Jornada