Ante la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, madres y padres de víctimas del incendio en la Guardería ABC presentaron este miércoles solicitudes de juicio político en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Touméh.

Los integrantes de la asociación civil “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio” señalan que el ex gobernador de Sonora, el ex director del IMSS y el actual director de esta institución, respectivamente, incurrieron en graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, en torno a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009.

En rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y transmitida por Internet, Roberto Zavala explicó que Molinar y Karam tienen responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías a particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello.

Y en el caso de Bours, la responsabilidad es por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración, como en su administración, para proteger a los responsables de los delitos, añadió al dar lectura a un comunicado.

Afirmó que estos servidores públicos deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un término no menor a 20 años, en el caso de Molinar y Karam ser destituidos, y todos puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron.

José Francisco García fue el encargado de entregar las solicitudes por escrito ante la instancia legislativa, cuyos textos íntegros están disponibles en la página de Internet del Movimiento, en www.movimiento5dejunio.org, informó Zavala.

“Hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado: la justicia en el caso del incendio en la Guardería ABC, y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance”, expresó Zavala.

“Acudimos al tercero de los tres supremos poderes de la Unión, como lo es el legislativo en busca de justicia, ya que, como es público y notorio, las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, así como el máximo órgano impartidor de justicia ordinaria y constitucional, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con sus obligaciones de hacer justicia”, señaló Zavala.

Como padres y madres de las víctimas inocentes, destacó, no permitirán que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos, ni que el sacrificio de las 25 niñas y 24 niños que murieron, y las lesiones de 80 pequeños, siga sin castigo.

Desinformada y “devastada”

Daniel Gershenson, presidente co-fundador de la ONG Al Consumidor, que apoya al Movimiento, recordó que la semana pasada, Patricia Duarte Franco se reunió con la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Kyung-Wha Kang, quien dijo desconocer los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, y que al escucharlos dijo sentirse “devastada”.

El activista, que presenció dicha reunión, dijo que Kang se comprometió a llevar el tema a Ginebra, donde ya hay una solicitud que el Movimiento hizo llegar a las autoridades de la ONU sobre el crimen de la Guardería ABC, pero que no ha sido respondida, por lo que ella dará una respuesta pronta y expedita.

“(Dijo) que estaba absolutamente devastada, al enterarse de que en un país como México más de un año y medio después del incendio, las mismas personas directa o indirectamente responsables, sigan despachando”, señaló Gershenson.

Todo esto, agregó, significa que la estrategia del Movimiento se enfocará a acudir a instancias internacionales, como la Organización para las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Roberto Zavala desmintió las declaraciones que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, hizo hace algunos días con relación a que hay 17 personas detenidas por el crimen de ABC, pues la realidad es que no hay nadie tras las rejas.

(07-Ago-2010).- “Estoy devastada”, dijo la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Kyung-wha Kang, cuando escuchó la historia de la Guardería ABC, durante la reunión que sostuvo con organizaciones de la sociedad civil, el jueves.

Patricia Duarte, madre de familia de Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio, leyó ante la funcionaria de la ONU una carta donde expuso la tragedia y la impunidad.

Según el activista Daniel Gershenson, quien presenció la reunión, la Comisionada señaló que trataría el tema con el Secretario de Gobernación y con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Les comentó que, en virtud de que no se les ha dado respuesta en Ginebra, ella llevaría personalmente el caso.

Durante su visita a México, Kang se reunió con decenas de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos quienes le expusieron las problemáticas sobre violación a los derechos de las mujeres -feminicidios, derechos sexuales y reproductivos-, fuero militar, arraigo y tortura, desapariciones forzadas, trata de personas, violación a los derechos de migrantes, discriminación indígena, libertad de expresión y protección a periodistas, entre otros.

La organización “Las Libres” expuso ante la representante de la ONU el caso de 6 mujeres encarceladas por aborto, y le solicitó acuda a las cárceles de la entidad durante la visita oficial que hará en noviembre, señaló Verónica Cruz, representante de la ONG.

“Nos comentó que le parece indignante que continúen las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Señaló que harán una revisión de los casos en Guanajuato y también Chihuahua”, dijo Cruz.

Silvano Cantú, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,le expuso a la funcionaria los violaciones en que ha incurrido el Estado con las figuras de arraigo, tortura.

“La funcionaria coincidió con que la seguridad pública debe ser vista como parte integral de un problema de derechos humanos, no se debe contraponer el respeto de éstos con la seguridad ni sacrificarlos en aras de la seguridad”, señaló Cantú.

Tras su encuentro con las ONG, la Alta Comisionada se reunió con funcionarios federales. Ayer participó en dos reuniones en la Cancillería. Abordó las políticas públicas, legislación y prácticas institucionales sobre los derechos de las mujeres y las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de derechos humanos.

Durante la reunión con miembros de la Sedena, en lo que constituye la primera ocasión en la que se reúnen con una alta funcionaria de esa Oficina, el titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de dicha Secretaría, General Raymundo Balboa Aguirre, destacó la función de su oficina como puente de diálogo con la sociedad civil.

La funcionaria internacional también se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Felipe Zamora Castro, quien le aseguró que el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se realizan en apego a derecho.

Conózcala
Nombre: Kyung-wha Kang
Trayectoria: Alta Comisionada de los Derechos Humanos desde 2007.
Originaria de Seul, Corea, fue Embajadora de asuntos multilaterales y directora general de Organizaciones internacionales del ministerio de asuntos exteriores y comercio de su país.
También ha sido representante de Corea ante la ONU y ha presidido en este organismo la Comisión sobre la Condición de la Mujer.
Ha cursado estudios en las Universidades de Yonsei y de Massachusetts.

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Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, presentó un documento el día de ayer, a 14 meses del fallecimiento de su hijo y 48 pequeños más en el incendio de la Guardería ABC. Foto: Daniel Gershenson.

Agencia EFE | MÉXICO, D.F.— Familiares de los 49 niños que fallecieron en junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, norte de México, pidieron ayer a la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de la ONU, Kyung-wha Kang, que intervenga en el caso.

La petición fue hecha en una carta entregada en Ciudad de México a Kang durante una reunión que sostuvo con Patricia Duarte Franco, miembro del Movimiento 5 de Junio, que representa a los familiares de los niños fallecidos.

En la carta, le solicitan la intervención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con el propósito de que el Estado mexicano cumpla “su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos” que sufrieron sus hijos, “aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales”.

El Movimiento asegura que, catorce meses después de la tragedia, hay “cero avances en el castigo a los responsables” y continúa la impunidad.

En la misiva, afirman que lo “más grave” es que las autoridades municipales, estatales y federales lejos de impartir justicia “han venido haciendo un control de daños” al reducir el número de responsables, además de que solo hay entre estos 18 “funcionarios menores”, además de cuatro propietarios de la estancia infantil.

Aseguran que las autoridades “han tendido un execrable manto de impunidad” en favor de altos funcionarios, entre ellos el actual ministro de Comunicaciones, Juan Molinar, quien era director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando ocurrió la tragedia.

Aunque la guardería pertenecía al IMSS, ésta era operada en concesión a particulares.

El 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, se registró un incendio en una bodega que se propagó a la “Guardería ABC”.

El centro era propiedad de Gildardo Urquides, ex secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, y de Marcia Gómez y Sandra Téllez, esposas de dos funcionarios estatales.

Las investigaciones de la Fiscalía mexicana han revelado graves deficiencias en las instalaciones donde se ubicaba la guardería, como un diseño inadecuado en las puertas de emergencia, falta de extintores, detectores de humo defectuosos y un plafón elaborado con materiales inflamables, entre otras.

El pasado 20 de julio el Gobierno mexicano decretó una “ayuda vitalicia” para las madres de los niños muertos y heridos en el incendio y otras ayudas, que algunos padres agrupados en el Movimiento 5 de junio consideran insuficientes.

Los padres lamentaron hoy que durante la visita que hiciera el 20 de julio pasado a Hermosillo el presidente Felipe Calderón, el mandatario fuera “incapaz siquiera de definir qué entiende por justicia, como le fue exigido de viva voz”.

Los familiares de los niños señalaron que Calderón no “demostró tener voluntad de procurar (la justicia) en su condición de jefe supremo del ministerio público federal”.

Por: Oscar Colibrí Maldonado

Eran las 18.00 horas en punto del jueves 5 de agosto, y las 15 personas presentes que observaban a unos metros frente al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encaminaron sus pasos hasta las escalinatas frente a las enormes columnas.A unos metros se escucha el ruido de una máquina que taladra el pavimento, así como el dolor taladra día a día el corazón de las familias de los pequeños muertos en el incendio de la Guardería ABC que ayer cumplió 14 meses.

Vehículos llegaban y el número de personas se iban multiplicando aunque apenas y si rebasaron el centenar de asistentes en lo que algunos llamaron una protesta simbólica en recuerdo de los 49 niños fallecidos, lo cierto es que las voces de dolidos familiares subieron de tono en contra del Procurador Abel Murrieta, a quien llamaron “asesino”, “cómplice”, entre otras palabras altisonantes.

Unidos y hasta ya coordinados en sus tareas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ataban las enormes banderolas en colores azul y rosa, a las improvisadas astas de maderas, mientras otro grupo desenrollaba una muy enorme manta con 49 rostros de angelitos dibujados y al final las letras ABC.

A lo lejos descendía de su auto Julio César Márquez, de los principales portavoces del Movimiento 5 de Junio. De pronto contesta su celular, su rostro pensativo y casi desencajado, de andar que se advierte lento fija su mirada al suelo. Termina la llamada. Se encuentra con Lourdes Amaya, le abraza, besa su mejilla y hasta entonces esboza una sonrisa como diciendo “Aquí estamos de nuevo”.

Los comunicadores se arremolinan ante Julio César, quien soporta el alud de preguntas y los últimos rayos de sol que chocan en su rostro, y en tono amable contesta:

“Los reclamos en contra de Abel Murrieta van a seguir, es para recordarle también al gobernador que tiene a un funcionario que no merece estar en donde está” -y agregó: “Que Murrieta tendió un cerco de responsabilidades muy limitado como en lo arraigar a los dueños de la estancia, y que si tiene vergüenza que renuncie, que su presencia como Procurador es un agravio a los sonorenses”.

CARRUSEL DE ANGELITOS

Como si ya lo tenían planeado, familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, colocan a alreredor de las columnas de la PGJE, la enorme manta y en el centro gritando consignas y enarbolando las banderolas y pancartas, mientras la manta comienza a girar como un carrusel mientras se escuchan voces y mensajes como: “¡Murrieta cómplice!” “¡Fuera Murrieta!”, “Sonora SI, quiere justicia”.

Luego se multiplican los reclamos haciendo eco al joven Manuel Rodríguez, quien camina en circulo con altavoz en mano y agitando una bandera azul como muestra de que perdió a su niño varón.

Luego, las personas con banderas se colocan en los escalones, mientras los automovilistas que pasan accionan los claxón como muestra de que están con ellos.

Una niña, Fernanda de 11 años porta un enorme poster ahulado con la foto de Santiaguito, su primito a quien llaman “El angel de los ojitos” porque a todos les hacía guiños tal y como aparece su imagen.

De pronto me percató al fondo casi en la columna que está frente a la puerta de acceso a la PGJE, se encuentra una joven mujer sollozando con la mirada perdida y una bandera azul sostenida casi sin fuerzas. Me acercó y sin articular palabra toco su hombro, se me hace un nudo en la garganta y encuentro la mirada más triste que he visto en muchos años y que jamás olvidaré.

Me empiezo a alejar. Detengo mis pasos. Me regreso y le pregunto: ¿Como te llamas?…Se me queda viendo como si no me escuchara, balbucea su nombre aguantando el llanto y me dice…” Raquel… ¿Raquel qué?…y con una voz apagada apenas entendible susurra: “Torúa”.

Ella, camina escalones abajo, y comienza a agitar la bandera, que en cada ondeada parece reclamar justicia.

Fuente: Radioplay

Por: Carolina García
Publicado el miércoles 21 de julio de 2010

Hace tres días empezó a escribirse en twitter la historia de la reunión entre los padres de las víctimas de la guardería ABC y el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“A un año y casi 2 meses FC viene a HILLO con deudos d ABC, martes 20 de julio, no hay lugar todavia, #JUSTICIA ABC”, expresó el 18 de julio la mamá de Eduardo Alonso, Patricia Duarte, quien ayer increpó al presidente Felipe Calderón y abandonó la junta.

El día 18 se supo del posible encuentro, pero los detalles se dieron a conocer hasta el lunes 19, cuando el Movimiento 5 de Junio (M5J) envió el mensaje: “Martes, 10:30 am. FCH se reunirá con deudos de #GuarderiaABC en Carlos Ortiz #35. Col. Country Club. Hermosillo”.

Otros padres simplemente no quisieron asistir. Es el caso de Julio César Márquez, vocero del M5J, quien explicó el día 19: “Expreso más con mi ausencia. No significa absolutamente para mí. Terminó de matar mi fe en el sistema”.

El martes 20, Abraham Fraijo, padre de Emilia Fraijo, tras enterarse de las becas para los deudos y sobrevivientes del incendio que ofreció el gobierno señaló: “Me da gusto por los niños sobrevivientes #GuaderíaABC, pero y mi hija? Emilia no tiene derechos? Con todo respeto”.

Cerca de la hora de la cita, amigos de los padres, como Jesús Robles Maloof, tuitearon: “Les quitan el celular para la reunión a padres y madres”. Robles, activista de derechos humanos, hizo una crónica en 140 caracteres de la junta con Calderón, que empezó alrededor de las 13:00 horas.

“Roberto, padre, sale de la reunión indignado, ‘porque sólo se habla de becas. La seguridad social nos mató a nuestros hijos’”, contó cuando ya los deudos se mostraban molestos.

A pesar de que la junta se anunció como privada, en twitter se supo, alrededor de las 15:00: “La reunión sigue. Algunos padres de @cincodejunio continúan adentro y han logrado filmar la reunión”.

Para las 17:00 horas, la reunión era del dominio público, pues mediante tuits y retuits se difundió en youtube el video de Duarte increpando a Calderón y también se supo que habrá una grabación de la junta.

Incluso, el M5J escribió en su cuenta: “Comentan padres: Calderón dijo ‘si a mí me pasara lo mismo, buscaría venganza’”.

Fuente: El Universal

Por: Georgina Saldierna

Padres de niños que fallecieron en la guardería ABC entregaron ayer al Senado de la República una solicitud de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, por participar en las discusiones sobre el incendio del centro infantil pese a que con ello incurrían en conflicto de intereses.

Puntualizaron que ambos ministros mantuvieron vínculos con la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y por ese hecho estaban impedidos de participar en el citado debate.

Los padres de familia llegaron al Senado de la República a las 11 de la mañana y entregaron en la oficialía de partes el documento en el que solicitan el juicio político contra los dos ministros; que sean destituidos de sus cargos, se les inhabilite durante un periodo de al menos 20 años y sean puestos a disposición del Ministerio Público para que sean encausados penalmente por delitos cometidos contra la administración de justicia.

Argumentaron que con su conducta afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales, además de perjudicar los intereses públicos fundamentales.

Los paterfamilias explicaron que decidieron recurrir al Poder Legislativo, ya que es público y notorio que las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con su obligación de hacer justicia en el caso de la guardería ABC, que costó la vida de 25 niñas y 24 niños, así como lesiones de distintos niveles de gravedad en otros 100.

Asimismo, instaron a los legisladores a dar pronta respuesta a su demanda.

Fuente: La Jornada

Padres que integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio promueven un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber incurrido en graves conductas durante las discusiones y votación sobre el crimen de la Guardería ABC, realizadas los días 14, 15 y 16 de junio de 2010.

En rueda de prensa, Manuel Rodríguez y José Francisco García, explicaron que la mañana de este jueves, Patricia Duarte, Julio César Márquez y Abraham Fraijo acudieron ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para entregar escritos con dicha solicitud de juicio político contra los ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández.

“Deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a 20 años, y ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia”, precisaron.

Los ministros tienen responsabilidad conforme a las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, dijeron, porque con sus actos y omisiones perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justicia, además de cometer el delito contra la administración de justicia previsto y sancionado por el artículo 225 del Código Penal Federal.

“Con sus conductas afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales… también les atribuimos responsabilidad por haber violentado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del siniestro mencionado, previsto en el artículo 17 constitucional, en lo relacionado a la obligación que tienen de impartir una justicia imparcial”, añadieron.

Violan principios éticos
Por otro lado, los deudos reprochan a los ministros González Salas y Valls Hernández el haber violado los principios del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, tales como la independencia, la imparcialidad, la objetividad, profesionalismo y excelencia.

Hicieron notar al órgano legislativo que el hecho de que la mayoría de los ministros que integran el Pleno de la SCJN estimara indebidamente que los imputados no estaban impedidos para intervenir en la discusión y resolución del caso ABC, de ninguna manera puede tener el alcance de eximirlos de las sanciones por las responsabilidades en que incurrieron.

Por otra parte, hicieron notar que ante las reiteradas determinaciones que tomó el Pleno de SCJN para estimar que González Salas y Valls Hernández no estaban legalmente impedidos para conocer y resolver en el caso ABC, surgía la pregunta: ¿Qué debieron hacer los mencionados ministros ante el empecinamiento de sus pares en la Corte, en el sentido de no tenerlos por impedidos?

“La respuesta no puede ser otra: debieron haberse ausentado de las sesiones, ello a fin de no estar obligados a pronunciarse en un sentido o en otro, en el tema de la Guardería ABC”, agregaron Manuel y José Francisco, en nombre del Movimiento.

No es dable considerar que los ministros imputados puedan atenerse al manto protector que indebidamente les brindaron la mayoría de sus compañeros, al declararlos no impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC, expusieron.

Obran a favor del IMSS
En la sesión de 16 de marzo de 2010, en el que no iba a tratarse el tema de ABC, González Salas solicitó el uso de la voz para insistir en su estado de impedimento, y pidió que se le relevara de la encomienda de elaborar el proyecto de dictamen, respecto de los resultados de la investigación ordenada por la SCJN, que le había sido asignada en la sesión del 1 de marzo, dijeron.

“De esta manera, una vez que el tribunal Pleno del Órgano Jurisdiccional discutió el planteamiento hecho por el ministro José Fernando Franco González Salas, acordó returnar el asunto, y el diverso ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue designado para elaborar el proyecto de dictamen correspondiente”, señalaron.

“Debemos destacar la circunstancia de que los servidores públicos imputados sólo expresaron reservas y plantearon sus respectivas convicciones de estar impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC, únicamente cuando advirtieron que habrían de ser tocados los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual ellos en lo personal estuvieron vinculados”, prosiguieron.

Al rechazar la causa de impedimento esgrimida por González Salas y Valls Hernández, se advierte el propósito del Pleno de la Corte por asegurarse una mayoría que le permitiera emitir la resolución final que dictó, para proteger a los altos servidores y ex servidores públicos de la Federación, del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo, consideraron.

Con esta instancia, los padres afectados acuden en busca de justicia al tercero de los tres supremos Poderes de la Unión, como lo es el legislativo, ya que las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, y la SCJN dejaron de cumplir con su obligación de hacer justicia, destacaron.

Intocables, altos mandos
Respecto al auto de formal prisión que el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito confirmó contra Martín Francisco Lugo Portillo, comandante de Bomberos de Hermosillo, Manuel dijo que falta ver la intención de esto, porque las autoridades a veces actúan sólo por “calmar un poco las aguas”.

José Francisco destacó que no se debe olvidar que se trata de un funcionario de bajo rango, por lo que los de alto nivel, tanto del gobierno estatal como federal, se han mantenido intocables ante la justicia.

Los padres informaron que el próximo juicio ciudadano, ésta vez contra el gobierno federal, se realizará en la Ciudad de México. Aunque en un inicio se dijo que sería el 5 de agosto en el Zócalo Capitalino, Manuel y José Francisco señalaron que podría haber cambios, sobre los cuales darán cuenta próximamente.

“Vamos a seguir en instancias tanto nacionales y vamos a retomar las internacionales en forma simultánea, como ya se ha empezado a trabajar en lo de los relatores, que eso está todavía en espera, porque es tardado, pero nosotros seguimos agotando las instancias nacionales”, explicó José Francisco.

Fuente: Dossier Político

Fotografía cortesía: Daniel Gershenson / @alconsumidor

El “movimiento Ciudadano por la Justicia: 5 de Junio”, integrado por padres de niños que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, presentó una solicitud de juicio político en contra de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al imputarles responsabilidades políticas, éticas, administrativas y jurídicas en la resolución que tomó el máximo órgano de justicia en relación a los culpables de la tragedia.

En rueda de prensa, Julio César Márquez Ortiz, padre de Julio César Márquez Báez, menor que falleció en el incendio, explicó: “Hemos presentado ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos escritos con solicitudes de juicio político en contra de los ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández.

Sostuvo que los ministros incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones: primera, segunda y tercera del 109 Constitucional, durante las discusiones y votación del caso del incendio de la Guardería ABC, realizadas en las sesiones del pleno, los días 14,15 y 16 de junio.

Márquez Ortiz delineó los siguientes puntos como sustento de la demanda: “La Suprema Corte no está facultada para expedir patentes de impunidad; tampoco está dentro de las facultades el dar permisos para delinquir; de igual manera el alto tribunal carece de atribuciones para otorgar licencia para violar las leyes”.
Estimamos, agregó al leer el comunicado oficial, que los servidores públicos deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus cargos e inhabilitación para ocupar otros durante en un término no menor a 20 años.

Más aún, dijo el padre de familia, es necesario que se pongan a disposición ante el Ministerio Público, para ser enjuiciados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia. “No permitiremos que el sacrifico de nuestros niños y niñas siga siendo un crimen sin castigo”.

En la conferencia estuvieron Patricia Duarte Franco, madre del fallecido Andrés Alonso García Duarte; Abraham Joel rejo, padre de Emilio Trejo Navarro; y Roberto Guadalupe Zavala Trujillo, padre de Santiago Jesús Zavala.

Fuente: Noticias MVS

El vocero del movimiento, Julio César Márquez Ortiz, señaló que independientemente de que no se efectuó la marcha, ellos siguen con su trabajo en materia de acudir a cortes internacionales, ante la situación que se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que este 5 de julio se cumple un año y un mes de la muerte de sus hijos, por lo que ya está establecido que en memoria de ellos, las puertas del Parque Infantil estarán abiertas a todos los infantes de manera gratuita, lo cual es algo que lograron, en nombre de los 49 angelitos.

En entrevista sobre las acciones a seguir, explicó que debido a que cuando se cumplió un año se tuvo una gran movilización de personas y que eso de alguna forma representa una gran responsabilidad, en esta ocasión optaron por realizar algo más sencillo, pero no menos importante, además de que se encuentran con los preparativos del juicio ciudadano en la Ciudad de México.

Márquez Ortiz agregó que acudirán con las autoridades capitalinas a presentar su movimiento social, esto debido a que hay que cumplir con ciertos requisitos para la fecha del juicio ciudadano y determinar el lugar donde se efectuará para su difusión correspondiente.

Abundó que de la misma forma todos los padres de familia de la guardería ABC siguen en la lucha, es por ello que acudieron a las instalaciones del Parque Infantil para recordar a sus infantes.

Dijo que en el caso de las instancias internacionales, ya tuvieron un acercamiento sencillo con alguien de la Organización de las Naciones Unidas, pero solamente para informar sobre sus intenciones, por lo que sostendrán nuevos encuentros a fin de oficializar su demanda fuera del país.

Fuente: Crítica