Los padres de los niños de la guardería ABC demandaron justicia en la sede del Gobierno de la Ciudad de Hermosillo, estado de Sonora. Fue un acto a 10 meses del incendio en el que murieron 49 niños. Los padres exigieron al gobernador, Guillermo Padrés, y a la Cámara de Diputados que declaren el 5 de junio, fecha en la que ocurrió la tragedia, como día de luto nacional.

Del mismo modo, solicitaron que las banderas del país sean colocadas a media asta en señal de duelo.

Además, pidieron la expropiación de las instalaciones de la guardería ABC para realizar un memorial en honor a los menores que perdieron la vida.

Cecilia Lara, madre de un niño que falleció en el incendio, señaló que piden un memorial para honrar las vidas de sus hijos. Y remarcó que exigen que se conozca todo lo que “provocó ese crimen”.

Por su parte, el Grupo Fuerza y Conciencia Ciudadana y la Liga Méxicana por la Defensa de los Derechos Humanos indicaron que “en tragedias de este tamaño se deben involucrar los tres poderes de Gobierno federales, no sólo para investigar, sino para atender y reparar de manera responsable las consecuencias”.

Al mismo tiempo, denunciaron la falta de compromiso de parte del presidente mexicano, Felipe Calderón, para atender las consecuencias del siniestro. Las organizaciones señalaron que “ni siquiera se ha hecho realidad el apoyo sin reservas para los bebés con daños permanentes y sus papás”.

Fuente: Noticias LaNeta, S. C.

La noche este lunes 5 de abril, un grupo de deudos de niños fallecidos en esa tragedia, colocaron frente a palacio de Gobierno una cruz de más de dos metros y le recordaron al mandatario estatal que gracias a dicha tragedia ganó la gubernatura de Sonora el 5 de julio, un mes después del incendio.

“Yo solamente le quiero recordar al señor Padrés, que si él está en la silla del estado es por la muerte de 49 niños, que la ciudadanía en Hermosillo decidió darle ese castigo al PRI por los malos manejos que hizo y que por eso el PAN está en el poder”, dijo Abrahán Fraijo, padre de Emilia, una de las menores muertas tras el siniestro en la bodega que servía de estancia infantil.

“Él (Guillermo Padrés) tiene compromisos para con nosotros, hemos sido firmes exigiéndole lo que nosotros consideramos que se tenía que hacer, él no ha cumplido nada de lo que nos prometió, yo ya estoy harto, estoy muy cansado de estar esperando, sin pensar que las cosas van a llegar por si solas”, lamentó.

Aseguró que las autoridades no han hecho más allá de lo que los deudos han impulsado, como que el caso fuera tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No se ha hecho nada más que lo que nosotros hemos impulsado y el gobierno sigue sentado y dormido en sus laureles esperando a que nosotros nos quedemos callados o que se nos olvide, no se nos va a olvidar nunca, si lo que quiere es que nosotros empecemos a tomar medidas más drásticas, es lo que va a conseguir, es lo único que va a lograr”, dijo Abraham Fraijo.

En esta fecha que se cumplieron diez meses se dieron cita familiares de los 49 niños y niñas que murieron la tarde de la tragedia y en honor a esos menores se prendieron 49 velas alrededor de la cruz que se colocó.

A través de un comunicado, Yamaira Lara Méndez, una madre de familia de las víctimas, enumeró las promesas pendientes y las nuevas demandas que están solicitando como el que se declara luto nacional cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia.

Por su parte, Patricia Duarte Franco, informó que también están a la espera de la respuesta del presidente Felipe Calderón a la solicitud de audiencia que se hizo hace meses firmada por mil personas.

Fuente: Diario Rotativo de Querétaro

Por: Ana Rosa Sánchez

Con la colocación de una cruz blanca en memoria de los 49 niños y niñas que murieron por el incendio de la Guardería ABC, y consignas directas hacia el gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, se llevó a cabo la concentración conmemorativa de los diez meses transcurridos desde la tragedia.

La cruz que fue colocada frente al edificio del Palacio de Gobierno portaba una leyenda que dice: “Desde el 13 de septiembre estamos esperando ¡Justicia! como lo prometiste, Guillermo Padrés, no tienes las manos limpias”.

Tras el pase de lista de los 49 pequeños fallecidos, se realizó un pronunciamiento mediante el cual piden que se instituya como día luctuoso nacional el 5 de junio y que se expropie el inmueble y el predio donde está situada la Guardería para construir un monumento en memoria de los infantes.

Al percatarse de la presencia de una persona que se hizo presente en el lugar, quien preguntaba los nombres de las personas que leyeron la declaración y presuntamente informaba a autoridades estatales, Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso García Duarte, uno de los niños fallecidos, expresó:

“No tenemos miedo, ya nos quitaron lo que más queríamos, no podemos perder más”.

Reveló que se realizan las gestiones ante el gobierno del Distrito Federal para tener disponibilidad de utilizar el Zócalo para realizar el tercer juicio ciudadano dirigido a autoridades federales.

El próximo 5 de mayo se realizará el segundo juicio ciudadano que tendrá lugar en la Plaza Zaragoza, acerca del cual el Movimiento 5 de junio divulgará las bases, con el que se buscará, de manera simbólica, juzgar la responsabilidad de autoridades estatales en la tragedia.

Fuente: Ehui.com

Al pie de una gran cruz de madera pintada de blanco, donde en parte superior del madero vertical se escribió “Desde el 13 de sept. estamos esperando ¡Justicia! como lo prometiste Guillermo Padrés. No tienes las manos limpias”, decenas de hermosillenses protestaron la tarde y noche del lunes frente al palacio estatal, para exigir justicia a 10 meses de la tragedia en la guarderia ABC, que dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 con diversos niveles de heridas.

Julio César Márquez, uno de los voceros del movimiento ciudadano 5 de Junio, expuso que la protesta fue para demandar que no se olvide la tragedia y que las autoridades cumplan con sus obligaciones en la búsqueda de justicia.

Antes, por la tarde, en el Parque Infantil cientos de niños acudieron gratuitamente, como cada día 5, para recordar a los pequeños que fallecieron en el incendio ocasionado por el tráfico de influencias, la iresponsabilidad gubernamental y la codicia, de acuerdo a lo que han denunciado los propios padres que integran el movimiento.

Explicó que en aquel lugar, como también lo hicieran en la Plaza Zaragoza, los padres hicieron el pase de lista de los niños que no debieron morir, además de que varias de las personas que colaboran con el movimiento tomaron la palabra durante el evento para hacer pronunciamientos.

Es importante señalar que en el acto celebrado en las puertas de Palacio de Gobierno, desde el lugar donde se colocó el micrófono y los aparatos de sonido salieron lo que pudiera calificarse como las primeras muestras de desaprobación contra la administración de Guillermo Padrés, debido, dijo a Dossier Político uno de los presentes, a que durante las intervenciones de los padres en el micrófono, “uno de ayudantía, que dijo haber sido enviado por Héctor Larios (Seccretario de Gobierno) salió a pedir los nombres de quiénes hablaban al público; por supuesto eso motivó la molestia de los presentes que empezaron a cuestionar la medida y a exhibir el poco tacto político de Larios”.

Por último, Julio César Márquez recordó que el próximo 5 de mayo se realizará el Juicio Ciudadano a los funcionarios gubernamentales del estado, en funciones el día de la tragedia y previamente. Indicó que el tercer juicio, contra los funcionarios federales, se realizará en la ciudad de México tal vez en Agosto o Septiembre, para lo cual ya se realizan gestiones con el Gobierno del Distrito Federal.

Fuente: Dossier Político

HERMOSILLO, Sonora(PH) Una gran cruz de madera fue colocada en la Plaza Zaragoza, frente a Palacio de Gobierno, donde decenas de personas se reunieron para exigir justicia por los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC hace ya 10 meses.

Mediante la lectura de un comunicado, Celia Lara Méndez, mamá de Juan Israel, informó que el próximo 5 de mayo se realizará la segunda parte del juicio ciudadano contra las autoridades estatales y municipales que tuvieron algún grado de responsabilidad en el hecho del 5 de junio pasado.

Recordó que en una reunión previa con el gobernador Guillermo Padrés se acordó gestionar para instituir el 5 de junio como día de luto nacional, así como la construcción de un memorial para las víctimas en el lugar donde estuvo ubicada la estancia infantil.

Patricia Duarte Franco, mamá del niño Andrés Alonso, comentó que en varias partes del País siguen siendo apoyados por personas que simultáneamente realizaron vigilias afuera de las instalaciones locales del IMSS o palacios de Gobierno de cualquier ciudad.

El 5 de junio, en el primer aniversario del siniestro, reveló que se tiene planeada una megamarcha en Hermosillo con la participación de diversos grupos que los apoyan.

Para ese mismo mes esperan los resultados y el dictamen final de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación entorno al caso, apuntó Duarte Franco.

Avisó que un grupo de padres del Movimiento 5 de Junio se reunió con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para solicitarle el permiso de realizar un juicio ciudadano contra la Federación en el Zócalo, el 5 de agosto próximo.

Fuente: El Imparcial

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Por: Angélica Pérez Nochebuena

Después de su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, el titular del ramo, Juan Molinar Horcasitas confirmó que se pondrá a disposición de la Suprema Corte de Justicia por el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

El ex director del Seguro Social recalcó que contestará legalmente los términos que la Corte le solicita dentro del plazo de 15 días establecido y que ya está corriendo.

“Voy a contestar a la Suprema Corte de Justicia en los términos en los que me ha solicitado que haga mi manifestación, tengo 15 días para contestarlo y está corriendo ya el plazo…”.

De las madres de niños en guardería que exigieron afuera de Palacio Legislativo su renuncia y castigo, Molinar Horcasitas sólo comentó que deben recibir el apoyo necesario.

Fuente: Notisistema.com

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Por: Angélica Pérez Nochebuena

Fotografía: @plastilupe / Twitter

Ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados comparece el secretario del ramo Juan Molinar Horcasitas, a quien los legisladores le solicitaron una prórroga de seis meses más para el registro de celulares, dado que ni siquiera la mitad se han acreditado a nivel nacional.

El funcionario ha contestado que analizará la petición, pero este mismo día en la sesión ordinaria, el pleno de los diputados le hará esa demanda.

Afuera en San Lázaro, unas 30 madres de familia en la Ciudad de México en solidaridad con los familiares de los niños que murieron en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y de los lesionados, se manifiestan con pancartas, exigen justicia y la renuncia del ex director del Seguro Social.

“Que queremos justicia porque todas las madres que estamos aquí dejamos a nuestros niños en guardería y tenemos miedo que suceda lo que sucedió en Hermosillo”.

También diputados del PRD se van a manifestar al mediodía en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Fuente: Notisistema.com

Patricia Duarte, dirigente del "Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio". Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Ciudad de México.- “La tragedia registrada el pasado 5 de junio de 2009 durante el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, es un claro ejemplo de que en México no puedes confiar en las autoridades”, exteriorizaron los dolidos padres de tres de los 49 menores fallecidos ese inolvidable día.

Entrevistados durante el programa radiofónico “En la Mira”, de ABC Radio, los padres advirtieron, sin tapujos, que el caso de la Guardería ABC “no será un caso más, porque hay un gran movimiento en todo Sonora que no dejará dormir a las autoridades hasta que apliquen la ley y hagan justicia”.

En lo particular, la señora Patricia Duarte, una de las dirigentes del “Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio”, dijo que no descansarán hasta que se haga justicia y José Eduardo Bours Castello esté tras las rejas.

“Jamás nos vamos a cansar, nos han querido callar, pero la vida de un hijo no se vende, no tiene precio”, exclamó.

En este sentido, la mujer acusó directamente al exgobernador de Sonora Eduardo Bours de pretender comprarlos con ofrecimientos que casi tachaban en lo económico, “a cambio de que ya no siguieran haciendo más grande el escándalo”.

Si esto queda impune, entonces podemos entender que en México todo puede pasar o más bien no pasa nada.

Por su parte, don Alfredo Rodríguez Amaya dejó en claro que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene validez si no se castiga a los culpables y, al igual que Patricia Duarte, para él el culpable es Eduardo Bours Castelo.Los dolientes dieron a entender que no permitirán que el hilo se rompa por lo más delgado y que sólo sean castigados los otros 16 funcionarios menores que no tienen dinero y relaciones políticas y perversas para defenderse, como casi siempre sucede en estos casos.

“Tampoco estamos de acuerdo que el caso de Salvador Cabañas, las autoridades locales y federales hayan trabajado más rápido en la identificación y persecución de los responsables del ataque del jugador de futbol que en el caso de la tragedia donde murieron 49 inocentes de clase humilde”, aseveraron.

Para finalizar la entrevista, los tres padres dejaron bien claro que confían en la justicia divina, “no tanto como en la terrenal, pero aún nos queda un poco de esperanza de que la muerte de nuestros hijos y la de los otros 46 niños no va a quedar impune”.

Fuente: El Mexicano

Por: Jorge Francisco Moncada

La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargada de investigar los sucesos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no dejó cabos sueltos cuando determinó que en las guarderías que dan servicio a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, al tiempo que destacó que esa institución carece de fundamento legal para ceder a terceros el servicio que actualmente brindan esos centros a miles de niños.

En su informe preliminar, los magistrados comisionados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y el incendio ocurrido en la Guardería ABC el pasado 5 de junio.

Puntos sobre las íes

Los jueces estimaron que en la eventual violación de garantías por los sucesos en esa guardería pueden estar involucradas diversas personas que ocupaban entonces cargos del más alto nivel en el IMSS, el gobierno del estado de Sonora y el municipio de Hermosillo.

Los comisionados indicaron que el incendio que costó la vida de 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

Aseveraron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería, para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.

Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron los casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenía celebrados el IMSS con particulares.

También recordaron que a petición de los padres de familia se contrató a una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la Guardería ABC.

Asimismo, se visitaron guarderías, conforme a una muestra preparada por peritos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y se tuvieron reuniones con padres de familia, autoridades de todos los niveles, bomberos, socorristas, policías, maestras de la Guardería ABC y quienes tuvieran alguna información para la investigación.

Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, por omisión de labores que debieron garantizar el cumplimiento de normas de seguridad que marca la ley.

Así, gracias a la investigación de la SCJN, hoy conocemos no sólo cómo se produjo el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, sino qué factores lo hicieron posibles; es decir, cuál fue el contexto que posibilitó la cadena de irresponsabilidades, omisiones, incumplimientos, falta de supervisión e irregularidades que propiciaron la magnitud de la tragedia.

Hechos y responsables

Al exponer al Pleno de ministros su informe de trabajo, los comisionados pusieron el dedo en la llaga respecto de prácticamente todas las aristas del caso.

Señalaron, por ejemplo, que conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado a, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 203 y 213 de la Ley del Seguro Social; y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería “únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios”.

El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, explicaron, “es una interpretación distinta a dichas normas, que puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente”. Pero si bien “los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico”, el hecho es que “el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”.

También consideraron que con su investigación “quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”.

Y es que los datos que arrojó la auditoría jurídica practicada al número total de guarderías que funcionan conforme a un contrato de prestación de servicios, sumados a los que se obtuvieron mediante la inspección ocular que se verificó en un número representativo, “son evidencia fehaciente” de que la participación del instituto “en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa. Aun cuando por virtud de su propia normatividad está obligado a verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas que abordan esa materia y además remiten a la legislación estatal y municipal del mismo tópico, las autoridades competentes del instituto han omitido vigilar que las prestadoras del servicio cumplan los estándares mínimos de protección civil previstos en dichas legislaciones federales, estatales y municipales”.

Lo anterior, subrayan, “revela la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”, tanto por parte de las autoridades como de los propios dueños de la guardería.

Por tanto, insisten, quedó probada “la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC” y si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas “en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que esta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquellas”.

Asimismo, la investigación confirmó que el incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda estatal tenía almacenadas grandes cantidades de documentos: “La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería”.

Destaca de igual modo que “en virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral”. Y, en consecuencia, “el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba”.

Agrega que al respecto “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil”. Por lo tanto, tampoco hay testimonio de que los dueños de la Guardería ABC hayan cumplido cabalmente con la normatividad de protección civil, como no hay “prueba demostrativa de que las autoridades competentes del Seguro Social hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego”.

Sin andarse por las ramas, el informe de la SCJN afirma que “en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo”, entre los que señala con nombre y apellido a diversos funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Facultades

¿Cómo incidirá el dictamen de la SCJN sobre el incendio en la Guardería ABC, en términos de la impartición de justicia en este caso?

Vale la pena recordar al respecto que los criterios utilizados por la Suprema Corte para atraer e investigar asuntos de gran impacto social (la matanza de Aguas Blancas, Atenco, los casos Oaxaca y Puebla, por ejemplo), así como su actuación y resoluciones, no se quedan sólo en el ámbito jurídico y llegan a tener gran relevancia política por su impacto y repercusiones entre los ciudadanos.

De esta manera, como máxima autoridad de justicia y quienes tienen la última palabra respecto de la constitucionalidad o no de leyes y reformas, los ministros adquieren una relevancia que trasciende el ámbito judicial, ya que tienen en sus manos asuntos trascendentales que afectan a amplios sectores sociales.

El peso que adquiere así la Suprema Corte con sus decisiones es incuestionable, más allá de los fallos jurídicos que emita. Aun en contra de su propia voluntad, los ministros se convierten en actores políticos de enorme peso, que ejercen su facultad de atraer o investigar un asunto no sólo bajo sus atribuciones constitucionales, sino también obligados por las exigencias de un número grande de mexicanos que demandan su intervención para que haga valer sus derechos cuando son afectados.

La SCJN tiene la facultad de atraer y resolver asuntos que corresponden a los tribunales colegiados, siempre que estos tengan las características de importancia y trascendencia de índole jurídica, relevancia, novedad o complejidad que requieren un pronunciamiento del máximo tribunal del país, de acuerdo con el artículo 107 de la Constitución, el 182 de la Ley de Amparo, y el 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para que el máximo tribunal del país ejerza la facultad de atracción de un caso se necesita que la naturaleza del asunto requiera su intervención ya sea por posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia.

Otro requisito que debe ser acreditado para que la Suprema Corte atraiga un caso es que este revista un carácter eminente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio trascendente para casos futuros o la complejidad de los mismos, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 27/2008 emitida por la Primera Sala.

Además, tiene la facultad de investigar hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 constitucional. Para realizar esa averiguación, puede nombrar alguno o algunos de los ministros, un juez de distrito o magistrado de circuito, o a uno o varios comisionados especiales.

Puede realizar las investigaciones cuando lo juzgue conveniente o cuando lo soliciten el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso o el gobernador de un estado.

Sus investigaciones no terminan con una sentencia, ya que se trata de una indagatoria documental que producirá una opinión autorizada con un peso moral especial, ya que al realizarla no actúa como un tribunal o un juez, porque no tiene facultades decisorias, ni de coerción ni ejecución.

Otra característica de las indagatorias es que deben ser sobre hechos consumados e irreparables, por lo que su resultado no restituye las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de una garantía individual.

En agosto de 2007 los ministros aprobaron las reglas a las que deben sujetarse las comisiones que investigan posibles violaciones graves a garantías individuales. Así, esas comisiones deben presentar un informe preliminar para después elaborar el dictamen respectivo. En caso de que se determine que hubo una violación grave de garantías individuales, se da vista a quien corresponde fincar responsabilidades, al que se entrega la relación de autoridades que intervinieron en los hechos.

Escenarios

Es por todo ello que, si bien el informe de la Suprema Corte no resulta vinculante para la resolución del caso ABC, sí es al mismo tiempo un factor que pesará en el dictado de sentencias y el señalamiento de responsables por la tragedia.

Al respecto, el especialista en Derecho Miguel González Compeán, académico de la UNAM, dice a Vértigo que “la SCJN es la última instancia para resolver conflictos entre particulares, o entre el Estado y particulares, o entre municipios y estados, o entre entidades. Y eso es importante porque cumple el papel de garantizar que se acaten la Constitución y las leyes”.

—¿Qué significa el hecho de que en este caso su dictamen no será vinculatorio?

—Cuando ejerce la facultad de investigación a petición de autoridad o de persona, por ejemplo en el caso ABC de Sonora, sus investigaciones, en efecto, no son vinculatorias, son investigaciones que hace la Suprema Corte de manera independiente para dar su opinión y decir qué piensa sobre un asunto en particular. Pero la autoridad debe respetar esas resoluciones no sólo por ética, sino también por obligación: cualquier resolución del juez o de la Suprema Corte que no sea cumplida por alguna autoridad o algún particular es motivo de cárcel o destitución del puesto.

—¿Tanto la PGR como la procuraduría sonorense deberán acatar el resultado de la investigación de la Suprema Corte?

—El artículo 97 de la Constitución —responde a su vez el doctor y profesor emérito de la UNAM, Raúl Carrancá—, en su párrafo segundo, prescribe que la Suprema Corte únicamente averiguará, a través de los magistrados designados, algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. El texto dice: “Únicamente para que averigüe”. Con base en el texto constitucional, su papel es sólo realizar una averiguación, en los términos de lo que hace el ministerio público.

El académico sostiene, sin embargo, que la SCJN absorbe también la responsabilidad y un papel similar al del ministerio público: “Sería absurdo e inútil que la Constitución dijera esto de manera simplemente declaratoria, sin que después pasara absolutamente nada; sería algo equivalente a una pérdida de tiempo, una contradicción. Yo me niego a esto y creo que aunque el artículo presenta una duda en la interpretación, una vez que la Suprema Corte averiguó asumiendo funciones de ministerio público por mandato constitucional, no queda más que informarle a la Procuraduría General de la República (PGR) para que proceda en términos de ley. Y esto quiere decir que si la SCJN está manifestando que determinadas personas son responsables, pues el ministerio público debe proceder en el ámbito de su competencia, dictar las correspondientes órdenes de aprehensión y con posterioridad iniciar el proceso, para que se dicte un auto de formal prisión”.

En este sentido, Carrancá añade que la resolución se debe respetar en el aspecto moral, pero también jurídico: “No me conformo con que sólo sea en el terreno moral, porque eso implicaría aceptar que se trata de una facultad de corte no obligatorio sino simplemente declaratorio; y yo entiendo que no es así, porque la Constitución no contiene este tipo de suposiciones. Entonces, si ya la Suprema Corte o los magistrados resolvieron, se debe proceder de inmediato”.

Por su parte, José Antonio Caballero, jurista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), asevera que el efecto de una resolución de la SCJN en realidad es mucho más de legitimidad, en cuanto al órgano que la emite y en cuanto a los órganos que tendrían que acatarla: “Es decir que, aquí sí, los distintos órganos del Estado mexicano tendrían que tomarla con muchísima seriedad y necesitarían muy probablemente adoptar una medida muy específica sobre esto y no simplemente desecharla. En este sentido, que la acaten o no en todos sus términos puede estar sujeto a la crítica pública”.

Caballero añade que el caso ABC refleja “uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestro país: que nadie es responsable de nada y este tipo de resoluciones lo que hacen es tratar de empezar a identificar a responsables”.

—En el plano ético y moral, ¿qué tanto deben respetar el dictamen las autoridades, sean la PGR o los jueces que llevan el caso?

—Completamente. En la medida en que se ajusta a las condiciones particulares en la función tanto de la PGR como de los jueces, el propio IMSS, el gobierno de Sonora… O sea, aquí hay muchas partes, pero lo tienen que tomar en serio. Tal vez en algunos casos no exista consenso o condiciones, pero cuando se van a alejar de lo que plantea la Suprema Corte tienen que justificarlo perfectamente y debe ser un proceso público, la opinión pública tiene que enterarse con mucha claridad de lo que está pasando.

Y aunque reconoce que la Suprema Corte no puede imponer sanciones en este caso, sí destaca que la PGR debería “retomar mucho de las conclusiones y los argumentos que se incorporen dentro de la investigación de la SCJN, y decir si efectivamente hay condiciones para iniciar un proceso penal en estos casos. La señal que no puede quedar, en este caso y en general, es la del ‘aquí no pasa nada’. Eso, me parece, es lo que separa al Estado de sus ciudadanos”.

—De identificarse a responsables concretos, ¿qué clase de delitos se castigarán en este caso y qué sanciones se aplicarían?

—Muy probablemente, delitos de corte imprudencial. Habría que revisar exactamente qué hay y ver si se consideraría algún delito doloso. ¿Qué quiere decir esto? Que no son delitos que tienen altas penas. Todo esto nos lleva a una reflexión en cuanto a nuestra sociedad: ¿de cuánto debe ser la pena por este tipo de cosas? Y ahí es donde debemos pensar, con la cabeza fría, como país, ya que son cosas que nos afectan a todos. Pero tenemos que ser cuidadosos en la manera de enfrentarnos a las penas por este tipo de asuntos.

Por separado, Raúl Carrancá insiste en señalar que en el caso ABC, una vez que se conozca el dictamen final de la Suprema Corte, “creo que todo debe realizarse con celeridad, que la justicia debe ser pronta y expedita. Los niños muertos y los lesionados, así como los padres de las víctimas, lo menos que merecen es que se actúe con celeridad. La SCJN ya habló y dijo lo que tenía que decir a través de estos magistrados. Entonces, desde mi punto de vista de abogado, la PGR debe cumplir con su responsabilidad, como ordena el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 123″.

Por todo ello, en el caso del incendio en la Guardería ABC de Sonora, sin duda está hoy en juego el peso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a prueba quedan la imparcialidad, la operatividad y la independencia en materia de impartición de justicia en el país.

Fuente: Revista Vértigo

Al principio fue un silencio sepulcral, nadie entendía lo que estaba pasando en la guardería ABC localizada en la colonia Y Griega, a las afueras de Hermosillo. O mejor dicho, nadie quería creerlo, un incendio estaba arrasando con la bodega malamente acondicionada como guardería para más de cien niños y muchos de ellos estaban muertos.

Con el paso de las horas se propaló la noticia, era la tragedia más terrible en la historia del estado y del país: habían muerto decenas de niños en un incendio ocurrido en la bodega que el gobierno de Eduardo Bours estaba rentando para guardar documentos de la secretaría de Hacienda. Al paso del tiempo se sabría que la guardería también estaba subrogada a familiares y amigos del gobernador que habían ganado millones de pesos pero sin preocuparse por dotarla de salidas de emergencia ni de materiales para proteger a los infantes.

Del aturdimiento los sonorenses pasaron a la rabia y a la demanda de justicia, pues con el paso del tiempo se confirmó la muerte de 46 inocentes y 20 hospitalizados con graves quemaduras. Y mientras las madres y padres de los niños fallecidos y miles de sonorenses han tomado las calles como no lo había hecho nunca, en uno de los panteones de Hermosillo se han abierto nuevas fosas, pues algunos de los que se salvaron hasta ahora siguen luchando por su vida.

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