Video de la conferencia de prensa del 11 de agosto en DF
Aug 11, 2010 Comunicados, Videos
Cortesía: Centro ProDH
Conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., de México, D. F., en la que participaron Daniel Gershenson -de Alconsumidor A. C.-, Leopoldo Maldonado -del Centro anfitrión-, Roberto Zavala Trujillo -padre de Santiago- y Abraham Fraijo -padre de Emilia-.
Comunicado de prensa – 11 de agosto de 2010
Aug 11, 2010 Comunicados, M5J
México, D. F., a 11 de agosto de 2010
C O M U N I C A D O
En esta misma fecha, las madres y los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, integrados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Asociación Civil, hemos presentado ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tres escritos en los que se contienen solicitudes de juicio político en contra de JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS, DANIEL KARAM TOUMÉH y JOSÉ EDUARDO ROBINSON BOURS CASTELO, ex director del IMSS, actual director del IMSS Y ex gobernador del estado de Sonora, respectivamente, debido a que ellos incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, en torno a los hechos ocurridos a partir de las 14:45 horas, del 5 de junio de 2009, en que se produjo un incendio en la Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, que trajo como resultado el fallecimiento de 25 niñas y 24 niños de entre cero y cuatro años de edad, y las lesiones de distintos grados de severidad de otros 80 niños y niñas.
Estimamos que los servidores públicos imputados deben ser sometidos a juicio político y sancionados, los primeros con la destitución de sus respectivos cargos, y todos con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a veinte años, y ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de las víctimas.
En los escritos que hemos presentado ante la instancia legislativa mencionada, cuyos textos íntegros se encuentra visibles en el portal de internet del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C., http://www.movimiento5dejunio.org, estamos expresando las razones por las cuales consideramos que JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS, DANIEL KARAM TOUMÉH y JOSÉ EDUARDO ROBINSON BOURS CASTELO, tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido, los dos primeros, en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías a particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello, y el último de los mencionados, por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración, como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.
Ante la Comisión Permanente del Congreso Federal, precisamos que los imputados tienen responsabilidad conforme a las fracciones I, II Y III del mencionado artículo 109 constitucional.
Consecuentemente, también les atribuimos responsabilidad por haber violentado el derecho de acceso a la justicia de las victimas del siniestro mencionado, previsto en el artículo 17 constitucional.
Hacemos notar públicamente que con esta instancia acudimos al tercero de los tres supremos Poderes de la Unión, como lo es el legislativo en busca de justicia, ya que como es público y notorio las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, así como el máximo órgano impartidor de justicia ordinaria y constitucional, esto es, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con sus obligaciones de hacer justicia, procurándola e impartiéndola, en el funesto caso de la Guardería ABC, que costó la vida de 25 niñas y 24 niños, y las lesiones de distintos niveles de gravedad de otros cien.
Asimismo, manifestamos que al acudir ante la Instancia Legislativa, lo hacemos conscientes de que hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado, la justicia en el caso del incendio en la Guardería ABC, y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance, porque como padres y madres de las víctimas inocentes, no vamos a permitir que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos.
Por todo lo anterior, nuevamente apelamos a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, para que esté pendiente del desarrollo de este nuevo esfuerzo que emprendemos, con la misma convicción que nos ha animado desde el principio, en el sentido de no permitir que el sacrificio de nuestros niños y niñas siga siendo un crimen sin castigo.
Atentamente,
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA CINCO DE JUNIO, A. C.
Escrito entregado a la Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
Aug 6, 2010 Comunicados, Documentos
México, Distrito Federal, a 05 de agosto de 2010.
SEÑORA KYUNG-WHA KANG,
ALTA COMISIONADA ADJUNTA DE NACIONES UNIDAS
PARA DERECHOS HUMANOS (ACNUDH),
P R E S E N T E . –
Las personas que abajo firmamos, padres y madres de niños y niñas que fueron afectados por el incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 05 de junio de 2009, integrados al MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, ASOCIACIÓN CIVIL; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Hegel 703-601 Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, en esta ciudad de México, Distrito Federal; autorizando para que intervengan en nuestros nombres a los C. C. LUIS ARRIAGA VALENZUELA y DANIEL GERSHENSON SHAPIRO, por este medio respetuosamente comparecemos para exponer lo siguiente:
Aproximadamente a las 14:45 horas, del 5 de junio de 2009, se produjo un incendio en la Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, que trajo como resultado el fallecimiento de 25 niñas y 24 niños de entre cero y cuatro años de edad, y las lesiones de distintos grados de severidad de otros 80 niños y niñas.
El incendio antes mencionado se produjo a consecuencia de la conjunción de una serie de varios factores, propiciados por la corrupción, la negligencia, el tráfico de influencias y el desprecio a la legalidad, de parte de funcionarios de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como también de personas particulares, entre ellos los propietarios de esa estancia infantil, servicio cuya prestación en principio, por mandato constitucional, debió estar a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por razones de corruptelas y una flagrante violación de la ley aplicable se subrogó a tales particulares, quienes siempre lo vieron como una fuente de lucro, aún a costa de la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas, como fatalmente así ocurrió.
Después del incendio, lo más grave resultó ser el hecho de que las autoridades mexicanas de los tres niveles, municipal, estatal y federal, tanto las administrativas, como las judiciales, lejos de procurar e impartir justicia, han venido haciendo un control de daños, esto es reduciendo el número de responsables, en el ámbito estatal, a sólo 13 personas, todas ellas funcionarios menores y de los últimos niveles del gobierno estatal de Sonora y del municipal de la ciudad de Hermosillo, y en el fuero federal, a sólo 5 empleados de menor jerarquía en la delegación en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, más 4 de los propietarios de la estancia infantil.
Así, tenemos lo siguiente:
A) Las procuradurías federal de México, y estatal de Sonora, han optado por no ampliar el número y calidad de los involucrados, tendiendo un execrable manto de impunidad en favor, por lo menos del ex director y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Touméh, respectivamente, y José Eduardo Robinson Bours Castelo, ex gobernador del estado de Sonora, así como de diversos funcionarios de los niveles federal mexicano, estatal de Sonora y municipal de Hermosillo, no obstante que todos ellos tienen un alto grado de involucramiento y responsabilidad personal y directa, no sólo en los hechos en que perdieron la vida el elevado número de infantes y las lesiones de otros tantos, que hemos señalado, sino en las evidentes ilegalidades en el otorgamiento de la subrogación de esa y otros cientos de guarderías o estancias infantiles.
B) El más reciente golpe a nuestra búsqueda de justicia, lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, después de haber decidido ejercer la facultad de investigación que le autoriza el artículo 97 segundo párrafo de la Constitución General de México, para determinar si en el caso del incendio en la Guardería ABC se violaron gravemente las garantías individuales, en resolución tomada después de las sesiones del tribunal pleno, celebradas los día 14, 15 y 16 de junio de 2010, concluyó que, si bien es cierto que se habían violado gravemente las garantías individuales (derechos humanos) de nuestros hijos e hijas, tales violaciones no pueden ser atribuidas a ningún alto cargo de las administraciones públicas federal mexicana, estatal de Sonora y municipal de Hermosillo, sino sólo a funcionarios de menor jerarquía, preferentemente de los niveles estatal y municipal.
Todavía más, bregando en sentido opuesto a la doctrina y a la jurisprudencia internacional más aceptadas, el máximo órgano de justicia de México se negó a admitir que los particulares, cuando realizan funciones o servicios públicos (como es el caso de los dueños de la guardería ABC) pueden violar derechos humanos en razón de sus actos u omisiones en el desempeño de esas atribuciones.
C) Recientemente, el pasado 20 de julio de 2010, Felipe Calderón, presidente de México, estuvo en Hermosillo y convocó a los padres y a las madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC para ofrecernos, a manera de justicia algunos “apoyos económicos” y “ayudas solidarias”, pretendiendo distorsionar con ello el principio universal de que a los ofendidos por la comisión de algún delito no se les puede satisfacer con “ayudas” o “apoyos”, exiguos por cierto, sino con el castigo que prevén las leyes, tanto en lo que hace a las penas privativas de la libertad, las sanciones administrativas, la corrección de las causas que propiciaron el hecho delictuoso, y la reparación moral y material del daño.
D) Mención aparte debemos hacer respecto de la actuación de los organismos oficiales de derechos humanos de México, pues su actuación no pudo ser más deplorable: la Comisión Estatal (de Sonora) de Derechos Humanos, desde el primer momento se declaró incompetente para intervenir en el caso del incendio en la Guardería ABC y reservó el conocimiento del mismo a la Comisión nacional de los Derechos Humanos, la cual, mediante resolución de 31 de julio de 2009 emitió una tibia recomendación al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Touméh, José Eduardo Robinson Bours Castelo, entonces gobernador del estado de Sonora, y Ernesto Gándara Camou, a la sazón presidente municipal de Hermosillo, Sonora (no obstante que estos tres personajes tienen responsabilidad personal directa en los hechos configurativos de violación de derechos humanos) para que corrigieran algunas irregularidades y sancionaran a varios de sus respectivos subordinados, lo que ni siquiera hicieron a cabalidad.
Ante la renuencia que han mostrado las instancias de procuración e impartición de justicia de México, independientemente de que estamos agotando las opciones de intervención del poder legislativo federal mexicano, con anterioridad a esta fecha acudimos a las instancias internacionales siguientes:
I.- Mediante escrito que hicimos llegar en enero del presente año al señor Anand Grover, Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental le solicitamos la designación de algún relator para el caso de la Guardería ABC.
II.- Igualmente, mediante escrito presentado directamente el 17 de junio de 2010, solicitamos al Comité de Derechos del Niño de la ONU su intervención.
Con este escrito, acompañamos copias de los textos antes mencionados, especto de los cuales, le hacemos saber, no hemos obtenido respuesta alguna hasta la fecha.
En razón de lo anterior, le solicitamos su intervención, en su calidad Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos para que, a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la Guardería ABC que le hemos expuesto, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones, como para que la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias a fin de conminar al estado mexicano a cumplir con su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido nuestros niños y niñas, aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales que tienen signados.
Atentamente,
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C.
Comunicado del M5J a 14 meses de impunidad en Caso ABC
Aug 5, 2010 Comunicados, M5J, Videos
Por: Jorge Moreno
El Movimiento Ciudadano por la justicia 5 de Junio, A.C., emite un comunicado en rueda de prensa al cumplirse 14 meses de impunidad, agravios e indolencia por parte de las autoridades en el caso ABC. José Francisco García, padre del niño Andrés Alonso García Duarte, da lectura al comunicado.
Hermosillo, Sonora a 5 de agosto de 2010.
Carta a Kyung-wha Kang – Alto comisionado de la ONU
Aug 5, 2010 Comunicados, M5J
Ciudad de México, a 5 de agosto de 2010
Documento entregado el día de hoy, por Patricia Duarte, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, señora Kyung-Wha Kang, quien lo recibió en propia mano, comprometiéndose a dar un seguimiento puntual, impulsar su interés con el relator de educación y salud de la ONU, así como a preguntar de manera puntual al secretario de gobernación, José Francisco Blake Mora, los avances en el tema.
Comunicado de prensa – Agosto 5 de 2010
Aug 5, 2010 Comunicados, M5J
Hermosillo, Sonora, a 05 de agosto de 2010
COMUNICADO DE PRENSA
Hoy se cumplen catorce meses del incendio en la Guardería ABC, en el que perdimos a veinticinco niñas y veinticuatro niños, y resultaron lesionados otros cien.
En este catorceavo mes de la impunidad el saldo es el mismo: cero avances en el castigo a los responsables.
Dentro el recuento de sucesos ocurridos en los pasados treinta días de simulaciones, encubrimientos y pretensiones de eludir responsabilidades, podemos anotar lo siguiente:
Felipe Calderón, el pasado 20 de julio, finalmente hizo acto de presencia en Hermosillo, y en una reunión, con alto blindaje militar, a la que por primera vez convocó a todos los padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, hizo el intento de dar por terminado el problema de justicia que afrontamos, ofreciendo “ayudas” y “apoyos solidarios” consistentes en becas, pensiones vitalicias y otras prestaciones de tipo económico, muy limitadas y mezquinas, por cierto, pero fue incapaz siquiera de definir qué entiende por JUSTICIA, como le fue exigido de viva voz, y mucho menos demostró tener voluntad de procurarla en su condición de jefe supremo del ministerio público federal.
En cambio, también de visita en Hermosillo en esa misma fecha, su entonces recién designado secretario de gobernación, campanudamente afirmó que en el caso de la Guardería ABC había diecisiete detenidos y algunos prófugos de la justicia, demostrando con ello una profunda ignorancia del asunto y una total falta de respeto a las familias de las víctimas, quienes siempre hemos sabido que, desde agosto de 2009, sólo hay nueve procesados en el fuero federal y trece en el fuero común y ninguno está detenido, pues todos están imputados por delitos no graves.
Los padres y madres integrados al MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, ASOCIACIÓN CIVIL, por nuestra parte, continuamos en nuestra lucha y para el efecto:
A) Hemos presentado sendos demandas de juicio político en contra de José Armando Valls Hernández y Fernando Franco González Salas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la conducta prevaricadora que asumieron al haber intervenido en los debates del tribunal pleno de la propia Corte, celebrados los días 14, 15 y 16 de junio de 2010, en los cuales se decidió no recomendar sanciones a los altos funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en la violación grave de garantías individuales, ocurrida con motivo del incendio en la Guardería ABC, a pesar de encontrarse legalmente impedidos, por haber sido funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y mantener un evidente conflicto de intereses.
B) En esta misma fecha, nuestra compañera Patricia Duarte Franco se encuentra en la ciudad de México, donde habrá de entrevistarse con la señora Kyung-Wha Kang, titular adjunta de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para Derechos Humanos (ACNUDH), con el fin de hacerle entrega de un comunicado (cuyo texto enseguida daremos a conocer) en el que le exponemos la situación de denegación justicia que padecemos por la negativa del estado mexicano a aplicar cabalmente las normas internas y las derivadas de tratados internacionales, en materia de derechos humanos, en el caso del incendio en la Guardería ABC.
C) En el plano procesal, hacemos saber que actualmente estamos enfrentando las inocultadas pretensiones proteccionistas del gobierno del estado de Sonora y del juez octavo del fuero común en favor de los trece inculpados sometidos a juicio penal en esa instancia, expresadas en lo siguiente:
a) Como lo establece el artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, todo inculpado por delitos no graves tiene derecho a obtener su libertad provisional mientras dure el proceso, ello si cauciona que no se evadirá de la acción de la justicia, y garantiza el pago de la reparación del daño a la víctima.
b) Como es bien sabido, desde el mes de junio de 2009, el Gobierno del Estado de Sonora constituyó un fideicomiso por la cantidad de sesenta y siete millones cien mil pesos, con el objeto de “cubrir a las familias de los menores fallecidos y lesionados y de manera directa a los adultos lesionados en el siniestro ocurrido en la Guardería ABC el 05 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la reparación del daño, la indemnización, y en general cualquier pago derivado de la responsabilidad directa, subsidiaria y solidaria del Gobierno del Estado de Sonora, determinada, en su caso, mediante resolución firme, emitida por la autoridad jurisdiccional competente, con motivo de dicho siniestro”.
c) No obstante que, de acuerdo con la ley, es directamente el procesado por un delito quien tiene la obligación directa de garantizar el pago de la reparación del daño, en forma por completo ilegal, desde junio de 2009, el juez octavo penal que lleva el proceso en contra de los trece responsables imputados por el ministerio público del fuero común, dentro del expediente número 226/2009, aceptó que tal reparación del daño quedara garantizada con el monto del fideicomiso constituido para apoyar a las víctimas del incendio.
d) Debido al manejo discrecional y opaco que hizo del fideicomiso el Gobierno del Estado de Sonora, mismo cuya ejecución quedó como información reservada (con el objeto de omitir los datos del destino dado a esos fondos), desde mediados del presente año tal fideicomiso quedó reducido a una cantidad mínima de poco menos de treinta mil pesos, que hasta para el juez penal de la causa resultó insuficiente para continuar garantizando el pago de la reparación del daño a cargo de los trece procesados, de nombres Francisco Arturo Bracamonte Córdova, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri, Álvaro Pacheco Ferral, Arturo Torres Escalante, Ignacio Alduenda Salazar, Manuel Gaxiola Santacruz, Jesús Adán Méndez Duarte, Juan Esteban Parra Valenzuela, Roberto Copado Gutiérrez, Martín Francisco Lugo Portillo, José de Jesús Galindo López, Arturo Dávila Pacheco y Rafael Robles Jáuregui; por esa razón, el mencionado juzgador requirió a los inculpados para que presentaran nueva garantía, advirtiéndoles que de no hacerlo así, les sería revocada la libertad provisional que actualmente disfrutan y serían aprehendidos e internados en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad.
e) En lugar de ser los procesados quienes atendiesen el requerimiento del juez octavo de lo penal, fue el señor Héctor Larios Córdova, secretario de gobierno del estado de Sonora, el que, mediante escrito de 29 de junio de 2010, compareció ante el referido juzgador para hacerle saber que el fideicomiso había sido refinanciado con la incorporación de un inmueble ubicado en Guaymas, solicitando que con el mismo se tuviera por garantizado el pago de la reparación del daño.
f) El juez octavo de lo penal de Hermosillo, diligentemente aceptó la propuesta del funcionario gubernamental mencionado y tuvo por garantizado el pago de la reparación del daño que debieron hacer directamente los inculpados.
g) Ante esa situación, la parte ofendida, que somos los familiares de las víctimas, por conducto de nuestro equipo jurídico, interpuso recurso de apelación en contra del acuerdo de julio de 2010 dictado por el juez octavo de lo penal en el que tuvo por satisfecha la garantía de la reparación del daño.
h) Sin embargo, el juzgador mencionado, excediéndose en sus atribuciones, se negó a admitir el recurso de apelación, no obstante que él no es la instancia que debe resolverlo, razón por la cual tuvimos que presentar un recurso de denegada apelación, que actualmente está en trámite ante un tribunal colegiado de circuito del fuero común.
i) Todo lo anterior revela el marcado interés del gobierno del estado de Sonora y del juzgador presuntamente imparcial, por favorecer a los trece inculpados que estamos mencionando.
D) Por lo demás, en el plano estatal seguimos insistiendo en nuestras demandas:
a) Que se destituya al actual procurador general de justicia del estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, por la obstrucción de justicia en que incurrió al dejar de cumplir con su deber de perseguir por delitos graves a todos los involucrados en los hechos que nos afectan.
b) Se informe acerca de los procedimientos administrativos sancionadores que la Contraloría general del estado de Sonora inició en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, y que imprima mayor celeridad a los mismos hasta emitir resoluciones que traigan aparejadas la inhabilitación, destitución y encausamiento penal de los mismos.
Nuevamente reiteramos que nuestros afanes de justicia, que nada tienen qué ver con venganzas personales, jamás los dejaremos, aunque pase el tiempo que quieran las autoridades.
Atentamente,
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C.
Video del stream de conferencia de prensa
Aug 5, 2010 Comunicados, M5J, Videos
José Francisco García, padre de Andrés Alonso, emitió hoy a la opinión pública comunicado y rueda de prensa, a 14 meses de impunidad en el Caso ABC.
Documento entregado a FCH, en Hermosillo, Sonora
Jul 21, 2010 Comunicados, Documentos, M5J, Videos
Por: Jorge Moreno
José Francisco García Quintana (@JOFAGARCIA) dá lectura al documento entregado por madres y padres del Movimiento Ciudadano por la Justicia, A. C., frente a medios de comunicación que aguardaban afuera de la reunión con Felipe Calderón Hinojosa, realizada en Hermosillo, Sonora.
Comunicado público a Felipe Calderón
Jul 20, 2010 Comunicados, M5J
Hermosillo, Sonora, a 20 de julio de 2010.
SR. FELIPE CALDERÓN,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
Los padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, integrados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Asociación Civil, por este medio nos permitimos dirigirnos a usted, para exponer lo siguiente:
Finalmente, hemos recibido la invitación, sin distingos ni exclusiones, para dialogar con el Jefe del Poder Ejecutivo Federal, en esta ciudad de Hermosillo, en relación al estado que guardan la procuración e impartición de justicia, las medidas correctivas y preventivas que se han tomado o dejado de tomar, la atención y desatención a las víctimas del incendio y a sus familiares, los avances, retrocesos y estancamientos del fincamiento de responsabilidades de los altos funcionarios federales, estatales y municipales, y el trato privilegiado que están recibiendo los dueños de la Guardería ABC, que en todo tiempo lucraron con nuestros hijos y quienes hasta hoy no han tenido la menor decencia de asumir las responsabilidades que les corresponden; todo lo anterior, respecto del siniestro en que perdieron la vida cuarenta y nueve niños y niñas, y resultaran lesionados con distintos niveles de gravedad otros cien.
Aunque hasta ahora habían transcurrido más de trece meses desde la fecha en que violenta y cruelmente perdimos a nuestros hijos e hijas, sin que el Jefe del Estado Mexicano hubiese hecho acto de presencia, como era y es su obligación, en el lugar del siniestro, ocasionado por culpa, entre otros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprovechamos esta ocasión para exigirle que usted no sólo nos escuche, sino sobre todo, tome las decisiones que satisfagan plenamente nuestros reclamos de justicia.
En primer lugar, todos y cada uno de nosotros, los familiares agrupados en el Movimiento Cinco de Junio, exigimos lo siguiente:
Que usted, como Jefe de las Instituciones Nacionales, asuma el compromiso de procurar justicia, y destituya a los servidores públicos federales involucrados por su responsabilidad en el caso de la Guardería ABC, como lo son los señores Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Touméh, y, ordene al Ministerio Público Federal, por conducto del Procurador General de la República, lo siguiente:
A) Que amplíe el ejercicio de la acción penal en contra de todos y cada uno de los servidores públicos señalados en el informe preliminar que rindió la Comisión Investigadora, integrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
B) Que realice todas las diligencias y aporte las pruebas necesarias ante el juez federal de la causa penal que se sigue en contra de los propietarios de la estancia infantil siniestrada, a fin de que éstos en su momento sean sentenciados por los delitos dolosos de homicidio en número de cuarenta y nueve y lesiones en perjuicio de cien, niños y niñas que resultaron afectados por el incendio mencionado.
En segundo término, respecto de los niños y niñas que resultaron con lesiones de diversos niveles de gravedad, reclamamos que el Estado mexicano, por su conducto, suscriba un Convenio de Reparación del Daño, que deberá ser ratificado ante las instancias judiciales, para que tenga eficacia de cosa juzgada, en el que expresamente se comprometa a pagar los costos de atención médica vitalicia de calidad en instituciones hospitalarias de primer nivel de calidad, del país o del extranjero, para cada uno de los menores que la requieran, y a pagar una pensión vitalicia a las madres o familiares a cargo del menor correspondiente, bajo las siguientes bases:
A) Que, a partir de los expedientes clínicos de Shriners y del Instituto Mexicano del Seguro Social, un panel de médicos especialistas seleccionados de común acuerdo por los familiares de las víctimas y los representantes del Estado, y en su defecto, por el juez federal del conocimiento, hagan una evaluación y diagnóstico del estado de salud de todos y cada uno de los niños que estuvieron en la Guardería ABC el 5 de junio de 2010.
B) Que el referido panel de médicos elabore un pronóstico científico de la evolución esperable del estado de salud de cada menor afectado.
C) Que a partir de la prognosis de la salud de cada niño o niña, se precisen los tratamientos, terapias, medicaciones y demás tipo de atención médica y hospitalaria especializada que deberá brindárseles.
D) Que el mismo panel médico, auxiliado por actuarios y demás peritos necesarios, calculen, preferentemente en dólares norteamericanos, los costos que deberán solventarse para la debida atención de cada menor lesionado hasta su total recuperación, o vitalicia en los casos que no sea posible hacerles recuperar la calidad de vida y de salud que tenían hasta antes del 5 de junio de 2009.
E) Que para determinar el monto de la pensión que deberá asignarse a cada madre o familiar encargado de la atención de los menores lesionados, se constituya un panel de trabajadores sociales, seleccionados de común acuerdo por los familiares de las víctimas y los representantes del Estado, y en su defecto, por el juez federal del conocimiento, para que elaboren un estudio socioeconómico preciso de las necesidades, que deberá solventar el Estado mexicano, de cada familia con niños o niñas afectados por el siniestro mencionado.
En tercer orden, exigimos que usted ordene al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que, de acuerdo con las necesidades y el deseo expreso que formulen los afectados, condone los adeudos que padres y/o madres de víctimas del incendio en la Guardería ABC, o las propias víctimas, tengan con dicho instituto, ya que a causa de los trastornos que dicho evento produjo en sus existencias, muchos de ellos perdieron sus trabajos, cayeron en graves estados depresivos, o simplemente desatendieron sus compromisos para avocarse al cuidado de sus menores hijos e hijas.
Esperamos una vez más la respuesta puntual de Felipe Calderón, Presidente de México.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO
Comunicado y rueda de prensa del M5J (videos)
Jul 15, 2010 Comunicados, M5J, Videos
Comunicado por Manuel Rodríguez (Parte 1)
Comunicado por Manuel Rodríguez (Parte 2)
Rueda de prensa, voceros José Francisco García y Manuel Rodríguez.
Videos cortesía: Silvia Núñez Esquer / Mujer Sonora
Comunicado – Julio 15 de 2010
Jul 15, 2010 Comunicados, Documentos, M5J
Hermosillo, Sonora, a 15 de julio de 2010.
COMUNICADO DE PRENSA
En esta misma fecha hemos presentado ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sendos escritos en los que se contienen solicitudes de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLES SALAS y SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ, debido a que ellos incurrieron en las graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, durante las discusiones y votación del caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, realizadas en las sesiones del Pleno los días 14, 15 y 16 de junio de 2010.
Estimamos que los servidores públicos imputados deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a veinte años, y ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de justicia.
En los escritos que hemos presentado ante la instancia legislativa mencionada, cuyos textos íntegros se encuentra visibles en el portal de internet del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C., http://www.movimiento5dejunio.org, estamos expresando las razones por las cuales consideramos que FRANCO GONZÁLES SALAS y VALLS HERNÁNDEZ tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido en las sesiones del Tribunal Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, no obstante encontrarse afectados por impedimentos inexcusables, que los debieron haber llevado a no asistir a tales sesiones.
Ante la Comisión Permanente del Congreso Federal, precisamos que los ministros de referencia tienen responsabilidad conforme a las fracciones I, II Y III del mencionado artículo 109 constitucional, por las razones siguientes:
A) Porque con sus actos y omisiones perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justicia;
B) Porque cometieron, al menos, el delito contra la administración de justicia previsto y sancionado por el artículo 225 del Código Penal Federal; y
C) Porque con sus conductas afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales.
Consecuentemente, también les atribuimos responsabilidad por haber violentado el derecho de acceso a la justicia de las victimas del siniestro mencionado, previsto en el artículo 17 constitucional, en lo relacionado a la obligación que tienen de impartir una justicia imparcial.
De la misma manera, reprochamos a los ministros imputados el haber violado los principios del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, expresados de la siguiente manera:
INDEPENDENCIA 1. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél.
IMPARCIALIDAD 2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables.
OBJETIVIDAD 3. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir.
PROFESIONALISMO 4. Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.
EXCELENCIA 5. El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las virtudes judiciales.
Al margen de lo anterior, hemos hecho notar al Órgano Legislativo Bicamaral que deberá iniciar el enjuiciamiento político solicitado, que el mero hecho de que la mayoría de los ministros que integran el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubieren estimado indebidamente que los ministros imputados no se encontraban impedidos para intervenir en la discusión y resolución del caso de la Guardería ABC, de ninguna manera puede tener el alcance de eximir a éstos de las sanciones por las responsabilidades en que incurrieron, conforme lo venimos mencionando, ello debido a lo siguiente:
A) La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada constitucionalmente para expedir patentes de impunidad.
B) Tampoco está dentro de las prerrogativas de nuestro Máxima Instancia de Justicia, el otorgar permisos para delinquir.
C) De igual manera, el Alto Tribunal carece de atribuciones para conceder licencias para violar las leyes.
Estimar todo lo anterior, sería admitir que el estado constitucional de derecho en nuestro país es sólo una expresión vacía de contenido y de significado.
Por otra parte, hicimos notar al Órgano Representativo del Poder Legislativo de la Unión, que ante las reiteradas determinaciones que tomó el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para estimar que los ministros JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS y SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ, no se encontraban legalmente impedidos para conocer y resolver en el caso del incendio en la Guardería ABC, surgía la pregunta siguiente:
¿Qué debieron hacer los mencionados ministros ante el empecinamiento de sus pares en la Corte, en el sentido de no tenerlos por impedidos?
La respuesta no puede ser otra: debieron haberse ausentado de las sesiones, ello a fin de no estar obligados a pronunciarse en un sentido o en otro, en el tema de la Guardería ABC.
En este orden de ideas, manifestamos al Órgano de Representación Legislativa que jurídicamente no es dable considerar que los ministros imputados puedan atenerse al manto protector que indebidamente les brindaron la mayoría de sus compañeros, al declararlos no impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC, pues así como los criminales de guerra que en sus particulares circunstancias se acogieron al atroz principio de “obediencia debida”, los C. C. FRANCO GONZÁLEZ SALAS y VALLS HERNÁNDEZ, no pueden ser eximido de responsabilidad porque “hubiesen acatado la decisión de la mayoría” de los ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A mayor abundamiento, debemos precisar que las ocasiones en las cuales el servidor público imputado expuso las causas de impedimento que lo inhabilitaban para intervenir en las discusiones y decisión del tribunal Pleno respecto de la facultad de investigación ejercida con motivo de los hechos ocurridos en la Guardería ABC, fueron las siguientes:
A) En la sesión de 01 de marzo de 2010.
B) En la diversa sesión de 16 de marzo de 2010, en el que no iba a tratarse el tema de la Guardería ABC, inopinadamente el C. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, solicitó el uso de la voz para insistir en su estado de impedimento, y pidió que en todo caso se le relevara de la encomienda de elaborar el proyecto de dictamen, respecto de los resultados de la investigación ordenada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los hechos del incendio de la Guardería ABC, que le había sido asignada, precisamente en la diversa sesión de 01 de marzo de 2010.
De esta manera, una vez que el tribunal Pleno del Órgano Jurisdiccional discutió el planteamiento hecho por el ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, acordó returnar el asunto y el diverso ministro ARTURO SANDÍVAR LELO DE LARREA fue designado para elaborar el proyecto de dictamen correspondiente
C) Todavía más, al inicio de la sesión matutina de 14 de junio de 2010, celebrada por el tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el C. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, volvió a solicitar el uso de la voz para ampliar y precisar las causas por las cuales se estimaba impedido para intervenir en la discusión y decisión del caso de la Guardería ABC.
Al margen de lo anterior, debemos destacar la circunstancia de que los servidores públicos imputados sólo expresaron reservas y plantearon sus respectivas convicciones de estar impedidos para intervenir en el caso de la Guardería ABC, únicamente cuando advirtieron que habrían de ser tocados los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual ellos en lo personal estuvieron vinculados; prueba de lo anterior es el hecho de que en las diversas sesiones del tribunal Pleno, de 13 de julio de 2009 y 06 de agosto de 2009, ninguna manifestación vertieron para estimarse impedidos.
No omitimos señalar que al rechazar la causa de impedimento esgrimida por el ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS y SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ, se advierte el deliberado propósito del Pleno de la Suprema Corte por asegurarse una mayoría que le permitiese emitir la resolución final que dictó, con las limitaciones e incongruencias que se han advertido en la misma, ello con a fin de proteger a los altos servidores y ex servidores públicos de la Federación, del Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, a los cuales alcanza un alto grado de responsabilidad en la violación grave de garantías.
Hacemos notar públicamente que con esta instancia acudimos al tercero de los tres supremos Poderes de la Unión, como lo es el legislativo en busca de justicia, ya que como es público y notorio las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, el máximo órgano impartidor de justicia ordinaria y constitucional, esto es, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con su obligación de hacer justicia, procurándola e impartiéndola, en el funesto caso de la Guardería ABC, que costó la vida de 25 niñas y 24 niños, y las lesiones de distintos niveles de gravedad de otros cien.
Asimismo, manifestamos que al acudir ante la Instancia Legislativa, lo hacemos conscientes de que hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado, la justicia en el caso del incendio en la Guardería ABC, y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance, porque como padres y madres de las víctimas inocentes, no vamos a permitir que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos.
Por todo lo anterior, nuevamente apelamos a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, para que esté pendiente del desarrollo de este nuevo esfuerzo que emprendemos, con la misma convicción que nos ha animado desde el principio, en el sentido de no permitir que el sacrificio de nuestros niños y niñas siga siendo un crimen sin castigo.
Atentamente,
Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C.
DOCUMENTOS:
Solicitud de juicio político al C. Sergio Armando Valls Hernández – PDF
Solicitud de juicio político al C. José Fernando Franco González Salas – PDF
Lectura de comunicado de prensa – Julio 15 de 2010
Jul 15, 2010 Comunicados, M5J, Videos
Video cortesía: José Francisco García Quintana
Comunicado de prensa emitido en la Plaza Emiliana de Zubeldía, de Hermosillo, Sonora, por Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, de manera simultánea a la lectura en el Distrito Federal, por Julio César Márquez Ortiz.
Postura del M5J tras fallo de la Suprema Corte
Jun 20, 2010 Comunicados, M5J, Pronunciamientos, Videos
Parte I
Parte II
Por: Jorge Moreno
En reunión pública informativa, el día sábado 19 de junio de 2010, padres y madres integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C., se congregaron en la Plaza Emiliana de Zubeldía -en la ciudad de Hermosillo, Sonora- para emitir a la opinión pública su postura tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Caso ABC: la Suprema Corte sienta precedente negativo en la protección de derechos humanos
Jun 17, 2010 Comunicados
México, D.F., a 17 de junio de 2010
Boletín de prensa
- Lamentable la decisión del tribunal: contribuye a la impunidad y no garantiza las condiciones mínimas de acceso a la justicia.
- La mayoría de los ministros atendió a criterios formalistas que limitaron el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas agraviadas por el incendio en la Guardería ABC
Después de tres días de debate, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la discusión sobre el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y resultaron lesionados 75 más. El Pleno, en votación dividida, optó por no señalar responsabilidades a los funcionarios de alto nivel implicados en el caso y por acotar los alcances de la facultad de investigación y de los derechos humanos violados.
El 15 de junio la SCJN validó, en el marco de esta discusión, la legalidad del sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De esta manera el tribunal dejó el camino abierto a la corrupción y la alta discrecionalidad que han caracterizado la adjudicación de servicios públicos bajo responsabilidad del Estado a particulares. La mayoría de los ministros convalidó el modelo de negocios que prevalece en la prestación del servicio de guarderías, el cual tiene preeminencia sobre los derechos a la salud, la seguridad social, la vida e integridad personal, el acceso a la información y los inherentes a las madres trabajadoras.
De la misma manera, es preocupante que el Máximo Tribunal haya determinado que no hay desorden generalizado en la contratación y operación del servicio de guarderías del IMSS y que, en el caso de la guardería ABC, no se demostró que el esquema de subrogación haya sido la causa generadora de la tragedia. El criterio dominante de los ministros determinó que fue producto de un hecho aislado más que de una deficiencia estructural en el servicio público de guarderías. Esta posición no corresponde con la realidad en razón de las múltiples irregularidades corroboradas por los magistrados integrantes de la Comisión Investigadora y retomados en el proyecto inicial del ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Lectura de comunicado y rueda de prensa – 12 de junio de 2010
Jun 13, 2010 Acciones, Comunicados, M5J, Videos
Por: Jorge Moreno
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C., que agrupa a 20 familias de niñ@s fallecidos y lesionad@s, emite comunicado de prensa, en Hermosillo, Sonora, previo al inicio de sesiones del Pleno en donde los 11 Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votarán si fueron violadas, o no, las garantías individuales como consecuencia del incendio en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009.
Rueda de prensa – 12 de junio de 2010
Jun 13, 2010 Comunicados, Videos
Cortesía: Silvia Núñez Esquer
El “Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio” ofreció hoy una rueda de prensa, en donde da sus puntos de vista sobre el peritaje “Smith”, y responde a dudas de la comunidad y de los medios de comunicación. También da a conocer la visita que hicieran a la SCJN, con el fin de solicitar a las y los ministros que resistan las presiones de grupos políticos que buscan que desresponsabilicen a quienes han sido señalados como violadores de garantías individuales de 49 infantes fallecidos y más de 70 lesionados, en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.
Lectura de comunicado – 12 de junio de 2010
Jun 13, 2010 Comunicados, Videos
Cortesía: Silvia Núñez Esquer
El “Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio”, emitió este día un comunicado para fijar su postura sobre el peritaje Smith en el caso del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, en donde fallecieron 49 niñas y niños y resultaron con lesiones 75 infantes, dado a conocer recientemente por la Procuraduría General de la República, PGR a través de los medios de comunicación.
Comunicado de prensa – 12 de junio de 2010
Jun 12, 2010 Comunicados, M5J
Hermosillo, Sonora, a 12 de junio de 2010.
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, integrados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Asociación Civil, por este medio nos permitimos exponer lo siguiente:
Expresamos nuestro rechazo a la impúdica serie de presiones que el Gobierno Federal y diversos ex funcionarios están haciendo en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendiendo revocar o al menos atenuar el señalamiento de responsables y responsabilidades, que resulten del dictamen definitivo que nuestro más Alto Tribunal habrá de emitir a partir del proyecto formulado por el ministro Arturo Zaldívar, durante las discusiones que tendrán lugar del próximo 14 de junio en adelante.
Las presiones a que hacemos referencia, las localizamos, entre otros, en los siguientes hechos:
A) La sospechosa publicidad y pretendida sobrevaloración de un supuesto dictamen pericial, presumiblemente formulado por un equipo de “expertos” cuyas credenciales no han sido demostradas, a petición de dos familiares de víctimas del siniestro, y ordenado por un Agente del Ministerio Público de la Federación, dentro de la averiguación previa número AP/PGR/SON/HER-V/1132/2009.
Al respecto, debemos señalar que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos mágicos de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos a dolosos. Por su naturaleza, la prueba pericial, en un proceso penal, debe ser colegiada, es decir rendida por tantos peritos como las partes pretendan; esto es, si el Representante Social Federal consigna los hechos ante un Juez Federal incluyendo esa prueba pericial, la misma puede ser cuestionada a través de otros peritajes que ofrezcan las demás partes, entre ofendidos y procesados, y en caso de existir dictámenes periciales contradictorios, el Juez de la Causa Penal puede nombrar a un perito tercero en discordia.
Con ello se evidencia que el peritaje que publicita la parte oficialista, pretendiendo que se crea que con el mismo se cambia radicalmente el proceso penal iniciado desde los autos de formal prisión dictados a partir de agosto de 2009, en realidad es una prueba más sujeta al cuestionamiento, impugnación y contradicción que las otras partes interesadas entre ellos nosotros los padres y madres afiliados al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A.C., podemos formular en el momento en que sea presentada por el Ministerio Público de la Federación.
Comunicado de prensa, UNICEF
Jun 7, 2010 Aniversario, Apoyo, Comunicados
UNICEF México reitera su solidaridad con los niños y familias afectadas por la tragedia de la Guardería ABC
UNICEF recuerda los compromisos de México en materia de protección de los derechos de la infancia
México, D.F. 4 de junio, 2010.-. A un año del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niños y niñas y afectó gravemente la salud de decenas de otros, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México expresa nuevamente su profundo pesar a las familias y comunidad afectadas. Asimismo, se suma al duelo nacional que embarga a todo el país.
Esta tragedia constituye uno de los más graves acontecimientos que han marcado a México en el periodo reciente, por la afectación directa y definitiva a los niños y sus familias así como por sus implicaciones para la sociedad en su conjunto.
En particular coloca en el centro de la agenda nacional la urgente necesidad de revisar las modalidades de cuidado infantil vigentes con el fin de asegurar que se apeguen a los compromisos adquiridos por México en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece en su artículo 3 que “los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General número 7 sobre “la realización de los derechos del niño en la primera infancia” recordó que es deber de las autoridades competentes fijar normas para todas estas instituciones, servicios y establecimientos tanto estatales como todos aquéllos que son responsables del cuidado y la protección del niño, sean privados o de carácter voluntario, y recalcó la importancia de un adecuado seguimiento y vigilancia y de una inversión pública suficiente en servicios, infraestructuras y recursos específicamente asignados a la primera infancia.
Tras este lamentable suceso, UNICEF realizó un llamado a que se llevaran a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del incendio y deslindar responsabilidades, y se ha mantenido atento al desarrollo del caso. En este sentido, UNICEF espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siente un precedente en materia de protección de los derechos de la infancia y que las instituciones de procuración y administración de justicia tomen las acciones correspondientes en el caso.
Asimismo, y en respuesta a la solicitud por parte de los padres y las madres de los niños afectados, UNICEF ha acompañado a las familias en su duelo. Junto con sus aliados de la sociedad civil Asociación de Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C (IEPAAC) y Tech Palewi A.C., UNICEF facilitó el desarrollo de un programa de apoyo para la atención a las necesidades psico-afectivas de las familias y el fortalecimiento de las capacidades de apoyo de la misma comunidad.
A un año de la tragedia, UNICEF recuerda que es imperativo extremar los esfuerzos para asegurar que las guarderías y todos los establecimientos escolares del país cuenten con las medidas de prevención, seguridad y supervisión adecuadas para que los niños y las niñas tengan garantizado su derecho a estar protegidos de todo tipo de riesgo. Para que tragedias como la de Hermosillo no vuelvan a ocurrir.
Para mayor información llame al Área de Comunicación: Mónica Sayrols msayrols@unicef.org 52 84 95 56 y 30
