Transcurrían los primeros días de junio, en 2010. Parecíamos vivir una extraña versión actualizada de El Castillo, la novela de Kafka. El papel de Joseph K o El Agrimensor le correspondía, en carne y hueso, a dos padres de niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo el 5 de junio de 2009.

Ante la brutal indiferencia y falta de resultados en Sonora, meses después de la tragedia un grupo de ellos –que conformaban el Movimiento por la Justicia Cinco de Junio- había venido a México a solicitar que la Corte ejerciera su facultad de investigación utilizada previamente en casos tan graves como el de la matanza de Aguas Blancas; el de Lydia Cacho y el gobernador Mario Marín o la represión en Atenco. Los dos papás solicitando citas con los miembros de la Suprema Corte, lo hacían porque el Dictamen ya se había presentado ante la opinión pública y su discusión era inminente.

Ante la gran presión social y la evidencia de sus reclamos, la SCJN emprendió la tarea de elaborar un Dictamen histórico. Quedarían señaladas innumerables anomalías en el uso y manejo de las estancias infantiles, con nombres y apellidos de dueños y funcionarios responsables. El recién llegado Ministro Arturo Zaldívar acometería la tarea que parecía inconcebible. Colocar al Poder Judicial en el centro de los cambios que un evento como el de la Guardería ABC lo ameritaba. Era urgente poner los puntos sobre las íes: someter a escrutinio la subrogación y cuestionar su permanencia, rescatar el honor de instituciones municipales, estatales y federales que habían permitido que 49 niños indefensos fallecieran y decenas más padecieran lesiones de por vida.

Con muchos trabajos, José Francisco García Duarte y Manuel Rodríguez Amaya; papás de Andrés Alonso y Xiunelth, habían buscado espacio profesional para acudir a México durante el proceso de discusión del Dictamen. De las deliberaciones de los Ministros dependería algo más que su credibilidad y la salud pública. Podría desprenderse una renovada voluntad de atacar de raíz la impunidad manifiesta, la corrupción y negligencia que habían ocasionado un suceso de dimensiones tan inimaginables como éste.

El desenlace lo conocemos todos. Se perdió una oportunidad que, bien conducida, habría derivado en una mayor independencia y autonomía del tribunal constitucional y en un importante precedente que hubiera reforzado los linderos de la división de poderes en México. Pudo más el chantaje, la difamación y el operativo de Estado que derivó en la vergonzosa capitulación de una mayoría intimidada. Queda el ejemplo de Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar (y en votaciones específicas, los Ministros Cossío y Gudiño), quienes resistieron la andanada oficial y pasarán por ese motivo a la Historia cuando se haga un recuento de los daños. Cuando trascienda que dos Ministros no debieron haber participado en las votaciones, por conflictos de interés (en cualquier otro tribunal del mundo Valls y Franco hubieran tenido que recusarse, sin someter su decisión al voto del pleno).

No es ocioso señalar que el Poder Judicial se encontraba totalmente copado por funcionarios directamente señalados en el Dictamen, y que la campaña del Ejecutivo para descarrilarlo estaba en su apogeo cuando José Francisco, Manuel, el abogado Leopoldo Maldonado del Centro Pro de Derechos Humanos y yo nos dimos cita en la sede del Poder Judicial Federal para hablar directamente con los Ministros. Ya se habían publicado cuestionamientos infundados en contra el Ponente (que insinuaban, por ejemplo, que todo era una campaña personal contra Juan Molinar, al haber éste ganado casos ante la Secretaría de Comunicaciones cuando Zaldívar aún era abogado de empresas afectadas). Era un secreto a voces que el entonces responsable de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se inmiscuía abiertamente en la Corte y que
-sin ningún recato- buscaba imponer su opinión interesada: la de un Poder Ejecutivo que no cumplió su función elemental, y buscaba evitar a toda costa la acción de la Justicia.

Era evidente que los papás no habían tenido oportunidad de agendar citas, y que tendrían que inventarse formas de abordar a los Ministros para exponer la gravedad de su caso y la necesidad de reencausar su curso. Se jugaba la credibilidad de la última instancia en la que ellos creían. El Estado les había quitado a sus hijos. Desde el momento mismo del incendio, la principal prioridad de las autoridades parecía ser el control de daños y la desacreditación de aquellos familiares de las víctimas, que sólo buscaban respuestas claras, rendición de cuentas, castigo ejemplar y garantías de no repetición.

Como era de esperarse, los dos Agrimensores de Hermosillo fueron tratados -desde que visitaron las distintas Ponencias, y con raras excepciones- como intrusos. Fueron dos días de educación intensiva en usos y costumbres profundamente arraigadas. La zalamería de prepotentes Secretarios de Estado y ex-gobernadores como Bours, que se paseaban a sus anchas entre los pasillos: evitando la mirada de los papás de la Guardería cuando llegábamos a coincidir, como fue el caso del dueño de Bachoco, es del dominio público. Por su lenguaje corporal y el aspecto de su cara, preferible hacerse aún más chico e insignificante que verlos a los ojos. También atestiguamos la expresión y rictus de terror de Molinar, quien emprendió graciosa huida afuera del recinto del Ministro Presidente en cuanto le informaron los de seguridad que Pepe y Manuel se encontraban en la antesala. También el semblante de extravío de Karam, esperando pacientemente su turno en otra de las oficinas (inmortalizado en una foto tomada por Manuel con su celular).

Buscamos reuniones con todos los Ministros: tenían totalmente llena su agenda, ‘no hablaron de Hermosillo. Lo sentimos mucho’. La secretaria de Ortiz nos mostró las citas pendientes de su jefe. Todo absolutamente bloqueado para que Molinar (principal arquitecto del esquema de privatización del servicio de guarderías, durante su paso como director del Seguro Social), Karam (su actual titular), Bours, Gándara (ex-presidente municipal de Hermosillo), y más servidores públicos pudieran abogar por su causa. Así fue durante la semana hábil que duró el periodo de reflexión y estudio. Los papás tenían el tiempo contado, y sólo pudieron acudir dos días para exponer, con argumentos contundentes, sus razones.

Tal como nos lo confesó un prominente miembro de la Corte, el Gobierno Federal tomó las instalaciones, muy a su manera, por asalto. Ante la advertencia de que se recurriría a los medios en caso de no ser atendidos, algunas Ponencias sí permitieron que los padres se expresaran en unos cuantos minutos, y casi para cumplir las formas.

Uno de los once Ministros expuso a grandes rasgos sus motivos para votar en contra, y se sinceró. ‘Estamos con Ustedes’, dijo. ‘Lo siento por los cuarenta niños muertos’. Debió haber realizado mejor su tarea. ‘Le recordamos que fueron cuarenta y nueve’, corrigieron los papás.

De aquellos días quedan el dolor y la injusticia. También queda la indeclinable certeza de que -a pesar de todo y gracias al empeño, compromiso y enorme dignidad de estos papás y mamás ejemplares- el día en que impere la Justicia para las víctimas de la Guardería ABC pronto llegará.

Más de un año después del incendio en la guardería ABC en el estado mexicano de Sonora, que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún alto funcionario es responsable de la tragedia.

Por: Alberto Nájar

La decisión causó polémica en el país. Padres de los niños afectados anunciaron que llevarán el caso ante los tribunales internacionales.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, le dijo BBC Mundo Patricia Duarte, madre de Jonathan, quien murió en la guardería.

La Corte concluyó que se violaron gravemente las garantías individuales de las víctimas, pero determinó que los responsables fueron funcionarios menores.

Una investigación preliminar de la Corte había señalado, entre otros, al actual ministro de Comunicaciones, Juan Molinar, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social –al que pertenecía la guardería- Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, donde se ubicaba la estancia.

La mayoría de los ministros rechazó el dictamen porque rebasa las facultades legales de la SCJN para investigar estos casos.

“Hemos hecho lo que la Constitución nos permite”, dijo el presidente de la Corte, Guillermo Ortíz Mayagoitia. El tribunal, añadió, no culpa ni exonera a nadie.

A la ONU

La resolución de la SCJN desilusionó a los padres de los niños fallecidos, quienes esperaban que los ministros aprobaran la investigación original del caso.

Al señalar a los altos funcionarios, explicó Duarte, se abría la puerta para vincularlos en el juicio que se sigue por la tragedia, lo cual ya no será posible hacer por el momento.

“Le dimos nuestro voto de confianza a la Corte, pero su dictamen no nos sirve de nada. Era el último tribunal al que podíamos acudir en México”, explicó.

Ahora los padres solicitarán una relatoría a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), y posteriormente acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Subrogación

La guardería ABC estaba instalada dentro de una antigua bodega habilitada como estancia infantil en Hermosillo, Sonora, al lado de un depósito de documentos y materiales de desecho del gobierno del estado.

El sitio no cumplía con todos los requisitos de seguridad, según establecieron las autoridades locales.

Oficialmente la estancia pertenecía al IMSS, pero su administración fue subrogada a un grupo de particulares, como ocurre con otras guarderías del Instituto.

La subrogación fue uno de los temas centrales en la discusión de la Corte, pues los padres argumentaron que el IMSS violaba la ley con este procedimiento administrativo.

La responsabilidad de hacerlo era de Molinar y Karam, según los abogados de las familias, y de haberse avalado su queja podría sancionarse penalmente a los funcionarios. Pero la Corte dijo que la subrogación es legal.

A pesar de la decisión de la SCJN, el caso no está cerrado pues aún debe concluir el juicio que se sigue a los administradores de la estancia y funcionarios medios del IMSS, la alcaldía de Hermosillo, Sonora, y el gobierno del estado.

Fuente: BBC Mundo

Cortesía: Revista Vértigo

El informe preliminar de los magistrados señala que al permitir que particulares brinden el servicio se ejercieron facultades que no corresponden. Además, revela el descuido, desorden y graves omisiones en la supervisión de la forma en que operaban.

Fotografía: Revista Vértigo

Nueve meses de la tragedia que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la incertidumbre de los padres afectados y la sociedad en su conjunto frente a la falta de respuestas a sus demandas de justicia comienza a disiparse: un informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga al respecto, por fin señala a responsables de los hechos.

Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, hacerse de la vista gorda en torno de la operación de ese y otros cientos de establecimientos que deben cumplir con las normas de seguridad que marca la ley.

De ahí que, ante el informe de la Suprema Corte, los sonorenses —y los mexicanos todos— multipliquen hoy sus demandas de justicia y exijan a las autoridades detener de una vez por todas a los presuntos responsables de una tragedia que, sin duda, modificó para siempre la vida social y política en esa entidad.

La historia

El 5 de junio de 2009 la tragedia estremeció al país: un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo provocó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75, de los que en este último caso gran parte sufre todavía el daño físico y el impacto sicológico de tan terrible suceso.

Desde un principio se habló de negligencias que involucraban a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), pero los días comenzaron a pasar sin que se deslindaran responsabilidades ni las investigaciones arrojaran frutos concretos.

El descontento de los sonorenses alcanzó entonces tal grado, que el 13 de junio (como consignó Vértigo en su edición 431) al menos seis mil personas recorrieron el centro de Hermosillo gritando consignas tan duras como “¡Justicia o habrá venganza!”

En su mayoría con vestimenta blanca, la columna partió desde la plaza Emiliana de Zubeldía justo a las 18:15 horas de aquella tarde, para llegar a la plaza Zaragoza 40 minutos después. Una manta de varios metros de largo, sostenida por dos decenas de personas, mostraba rotuladas las caras de 46 niños —22 pintados en color rosa y 24 en azul— y los nombres de las pequeñas víctimas.

El primer bloque de la columna estaba formado por las madres y padres de familia, quienes portaban pequeñas banderas blancas y cuyos familiares mostraban pancartas con mensajes como “¿Por qué no cuidaste a nuestros hijos?” y “Cárcel para los asesinos”.

Frente a las puertas del Palacio de Gobierno se registraron dramáticos momentos, cuando los padres reclamaron justicia y castigo para los involucrados en estos hechos, que calificaron de “corrupción y criminalidad”.

Roberto Zavala, padre del malogrado Santiago de Jesús, entre gritos que exigían la renuncia del gobernador Eduardo Bours, lanzó la advertencia: “Si no hay justicia por parte de las autoridades, habrá venganza por parte del pueblo”.

Sin culpables

Tres días después, en conferencia de prensa conjunta, el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, José Martín Godoy Castro, coincidieron en señalar que las investigaciones avanzaban y se tenía ya la certeza absoluta de que la tragedia fue producto de un corto circuito en un aparato de aire acondicionado en una de las tres secciones en que se dividía la bodega incendiada: la que albergaba instalaciones del gobierno estatal, justo al lado de la sección de la Guardería ABC.

Dijeron que el fuego comenzó en dichas instalaciones y se propagó con extrema rapidez hasta la guardería. Murrieta insistió en señalar que la mayor responsabilidad correspondía a la instancia que aprueba y supervisa la operación de guarderías y su normatividad en materia de seguridad. “Es la entidad encargada responsable y si hubo algún tráfico de influencias, evidentemente tiene que ver con el Seguro Social”, afirmó el procurador general de Justicia de Sonora.

Explicó que la guardería ABC de Hermosillo fue adjudicada de manera directa por el IMSS en agosto de 2001, de acuerdo con documentos oficiales en poder de las autoridades. Añadió que se tenían declaraciones de funcionarios municipales de esa época, que dieron autorización para el uso de suelo, así como de los años posteriores.

Igualmente, los funcionarios dieron a conocer los resultados obtenidos por el laboratorio de química forense de la PGR sobre el inicio del incendio en la bodega contigua a la guardería y se descartó la presencia de algún tipo de carburante en el lugar de los hechos, como se había especulado. “No hubo ningún acelerante de fuego, no había hidrocarburos; es la conclusión del laboratorio de la PGR”, subrayó el procurador del estado.

Por su parte, el delegado de la PGR informó que se analizaban documentos y conductas desde el momento mismo en que se otorgó la concesión a la Guardería ABC para ver qué tipo de sanciones aplicar de acuerdo con el Código Penal. “Nos hemos dado a la tarea de investigar desde el momento en que los particulares realizaron la solicitud para la instalación de la guardería, hasta el momento del incendio”, manifestó Godoy.

Ambos funcionarios destacaron entonces que las investigaciones tenían todavía elementos que debían ser evaluados antes de emitir alguna denuncia contra quienes resultaran responsables del incendio. “Tenemos que atender los tiempos que la propia indagatoria solicita. Emitir un análisis faltando una diligencia sería irresponsable”, subrayó Godoy.

El dedo en la llaga

Hoy, en cambio, el informe que una comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a elaborar hace seis meses respecto del caso ABC presenta conclusiones devastadoras: el documento de los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla establece que el siniestro “fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo”.

La comisión investigadora determinó que “en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia”; y destacó que esa institución “carece de fundamento legal” para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.

Al presentar ante el pleno de la SCJN un resumen de su informe preliminar —que se turnará al ministro José Fernando Franco González Salas para la preparación del dictamen que discutirá el pleno—, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre ese desorden generalizado y el caso de la Guardería ABC.

Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares. También recordaron que a petición de los padres de familia se contrató a una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la guardería.

He aquí el resumen de su informe de trabajo.

Conclusiones generales

Primera. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado a, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, “los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS” y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios.

El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes es una interpretación distinta a dichas normas, que “puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías” y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.

Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.

Segunda. El hecho de que actualmente operen once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.

Tercera. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado, pues se hizo evidente la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.

Cuarta. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.

Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que esta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas.

Quinta. El incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos.

La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería.

Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.

Sexta. En virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.

No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.

Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica del inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.

Séptima. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas “diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo”.

Octava. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC.

Alertas

Demian Duarte, analista sonorense y colaborador de Dossier Político, considera “inexcusable la actitud de los políticos y burócratas responsables de la tragedia en la Guardería ABC, que a casi nueve meses del incendio siguen echándose la bolita sin asumir responsabilidades”.

Para Duarte, las respuestas de los señalados como presuntos responsables por el informe preliminar de la Suprema Corte “muestran una mezcla de cinismo e indolencia al respecto de este sensible tema, que ofende”.

El analista señala que “el ex gobernador simplemente siguió siendo el mismo de siempre: insensible e incapaz de escuchar o comprender que no es dueño de la verdad absoluta y que su gobierno no respondió a los padres de familia de manera adecuada tras la tragedia, al diseñar ese engaño financiero que es el famoso fideicomiso que se sacó de la manga para garantizar la fianza del personal de Hacienda que fue apresado en primera instancia”.

Pero lo peor es que “no respondió al principal señalamiento, que es que su gobierno no atendió las leyes, no observó las normas y por eso al fin de cuentas es responsable de esas 49 muertes”.

Sobre la reacción de otros implicados, Duarte critica el hecho de que “se limitan a declarar que están muy tristes por el informe de la Suprema Corte en torno de la investigación especial que se hizo al respecto y dicen que opinarán cuando lean el documento y lo analicen, por supuesto, en sus alcances e implicaciones jurídicas”.

A su vez, el analista José Contreras advierte que deben fincarse “responsabilidades penales y administrativas” contra quienes la Suprema Corte señala como presuntos responsables del incendio en la Guardería ABC.

De lo contrario, alerta Contreras, “se fortalecerán los argumentos de quienes consideran que la facultad de investigación del máximo tribunal del país no tiene razón de ser”.

Una luz

El senador René Arce, por su parte, dice que “gracias a los padres de los menores fallecidos, que no han cejado en su demanda de justicia”, y frente al informe preliminar de la comisión investigadora de la Suprema Corte, “se empieza a ver una luz”, lo que él considera “el comienzo de otro camino del que aún no sabemos el término y si pagarán todos los involucrados”.

Arce recuerda que en el reporte preliminar de la indagatoria se responsabiliza también a otros 17 funcionarios federales, estatales y/o municipales que, en el proceso, “podrán defenderse y manifestar lo que les parezca pertinente. Cabe destacar que el dictamen final deberá ser votado por el pleno del máximo tribunal”.

De modo, advierte Arce, que “el camino puede tornarse largo y sinuoso, o todo lo contrario”.

Pero lo cierto es que por fin se ve una luz al final del túnel, por lo que resulta indispensable que tanto los padres de las víctimas como la sociedad en general mantengan sus demandas de justicia: los mexicanos no pueden quedarse inmóviles, porque se trata de exigir que se cumpla la ley y ello beneficie a todos.

Fuente: Revista Vértigo

Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa;

pues, sin causa nada puede tener origen.

Platón.

Por: Profa. Martha Elva González

A tres meses de la tragedia en las instalaciones de la “Guardería ABC”,  el movimiento cinco de junio convocó a la sociedad hermosillense para realizar la décima primera marcha por la salud y la justicia para los infantes lesionados y acaecidos durante el fatídico siniestro.

En esta ocasión, al cumplirse otra fecha del magno suceso, el lugar de reunión fue la calle Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia “Y” Griega, punto operativo de la estancia mortuoria, sitio del que partió la formación cívica constituida por cientos de pobladores, misma que transitó por el Boulevard Vildósola y Rosales para culminar en la Plaza Emiliana de Zubeldía, espacio de exposición de diversos manifiestos a la opinión pública.

Entre los que se encuentran… la exhortación realizada al primer mandatario de Sonora, Ing. Eduardo Bours Castelo, personaje central de sus interpelaciones, al que recomiendan que antes de retirarse del encargo gubernamental cumpla con sus exigencias, como son:

Castigar a los participantes del siniestro, funcionarios y propietarios del inmueble por coparticipación en el tráfico de influencias y negligencia criminal en la muerte de 49 pequeños y pequeñas.

Indemnización justa para los afectados y reparación del daño sin condicionamiento de ningún tipo.

Tratamiento médico especializado, de alta calidad y vitalicio, financiado por la administración estatal y/o federal para poco más de una centena de convalecientes.

Pedir perdón a niños, niñas, madres y padres de familia aquejados con la desgracia por su indolencia y desatino para actuar.

En concordancia con los valores que caracterizan las invitaciones efectuadas por la agrupación civil “5 de Junio”, esta marcha, como las precedentes se han distinguido  por su pacifismo, dejando de lado los innumerables atropellos sufridos por los sobrevivientes del sombrío momento, quienes han resultado con severas secuelas en su salud física y emocional a consecuencia de la frialdad e imprevisión de algunos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pseudo profesionales de la salud que destacan por su actitud déspota, prepotente y vejatoria en contra de los derechos de los progenitores que se atrevieron a protestar por la pésima toma de decisiones que a todas luces afecta el pronto restablecimiento de los menores.

Ciertamente, darán cuenta de ésta y otras medidas arbitrarias a la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que concentre todos los elementos de la pesquisa y resuelva satisfactoriamente en beneficio de los dolientes, señaló, Julio César Márquez, vocero del movimiento, adicionalmente, mencionó “no descansar, ni bajar la guardia, al contrario, continuarán por la misma ruta de lucha moderada, la cual, les ha proporcionado ciertos resultado, así como, permitido el avance de sus demandas y la consolidación del grupo”.

Cabe subrayar, en la historia de los movimientos sociales de la ciudad y Sonora, la agrupación “Cinco de Junio” ha logrado mantener el invaluable soporte de la ciudadanía, a pesar de la distancia y tiempo transcurrido, de igual modo, a sabiendas de que las manifestaciones y/o plantones estarán bajo las inclementes temperaturas ambientales inherentes a las regiones desérticas.

Este movimiento social, como ningún otro, ha sido adoptado y respaldado por una sociedad conmovida por los lamentables sucesos y sumamente conciente del rol que le corresponde, por el que, reiteradamente los dolientes apelan a su solidaridad y generosidad para continuar fortaleciéndolos en su imparable lucha versus la impunidad, la corrupción, la complicidad y la inequidad social, manifiesta en la esfera gubernativa -municipal, estatal y federal-.

Sin duda, estos factores forman parte de los principales fundamentos esgrimidos por las organizaciones civiles que se rebelan a continuar padeciendo estos carcinomas sociales, por ello, los familiares de los infortunados párvulos “ABC”, incesantemente, exigen la cancelación de los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares en todo el país, asimismo, pugnan por la creación de centros de desarrollo infantil capaces de garantizar la atención, educación y seguridad de los niños a cargo de profesionales en la materia.

A la par, reclaman justificablemente la realización de inspecciones técnicas especializada al Sistema de Guarderías y Centros de Desarrollo Infantil, públicos o privados que se encuentran operando en Sonora y México.

En este tenor, es pertinente puntualizar, el actual sistema de subrogación del servicio de guarderías es indebido y el Estado Mexicano está obligado a proporcionar esta prestación. La Constitución Política de 1917, establece en su Artículo 123, Fracción XXIX “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.

Por otro lado, la Ley del Seguro Social, Capítulo VII, Sección Primera, Artículo 201,  enuncia “El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

En el Título Cuarto, Capítulo  I, Artículo 251, Fracción I, II, V y VI “Aborda la obligación del Estado Mexicano para Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta Ley”.

En tanto, el Capítulo V, Artículo 268, Fracción  III “Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades”.

Mientras, el  Título Sexto, Capítulo I, Artículo 303, determina “Los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad en la prestación de los servicios y en la atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público.

Artículo 303 A. “El incumplimiento de las obligaciones administrativas, que en su caso correspondan, serán sancionadas en los términos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo los que se encuentren comprendidos en el artículo 5o. de dicho ordenamiento”.

Para finalizar, ante la flagrante violación de la ley por parte de quienes deben predicar con el ejemplo, de la misma manera que… ser expertos en enlazar la teoría y la práctica, logra apreciarse la colusión de los funcionarios públicos con los propietarios de la “Guardería ABC”, delito que resultó con funestas consecuencias, meritorias de la administración rigurosa de las disposiciones jurídicas, incluso, en lo personal, considero que corresponde la aplicación de juicio político e inhabilitación permanente para desempeñar algún cargo oficial, debido a la indirecta o directa participación en el “Caso ABC”, el cual, ha sido catalogado como un crimen de Estado al estar involucradas autoridades de los tres niveles de gobierno.

Fuente: dossierpolitico.com

Los sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo tendrán secuelas físicas y emocionales para siempre. Por ahora sufren al dormir. Quienes recibieron quemaduras graves, tendrán al menos dos cirugías anuales hasta su mayoría de edad y, los que aspiraron humo, deberán recibir tratamiento especial hasta los 8 años.Pero las autoridades no se han hecho responsables de su cuidado médico. Cien dias después de la tragedia, además de la demanda de castido a los responsables por la muerte de 49 menores, las familias reclaman atención para quienes tendrán una discapacidad el resto de su vida.

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Fuente: diasiete.com

Gracias especiales a Israel Madrigal, de Angeles en Espera, por hacernos llegar el archivo.