GUARDERIA ABC, A 68 MESES DE LUTO Y LUCHA: IMPUNIDAD Y BURLA

Informativo 5 de Junio digital, Febrero 2014

Informativo 5 de Junio 24 de Octubre 2012

Entrevista Martha Debayle por Caso Guarderia ABC a José García de Movimiento 5 de Junio 31 de Julio 2012

El Castillo Mexicano

Por: Daniel Gershenson
Publicado: 24 enero, 2011 El castillo mexicano

Transcurrían los primeros días de junio, en 2010. Parecíamos vivir una extraña versión actualizada de El Castillo, la novela de Kafka. El papel de Joseph K o El Agrimensor le correspondía, en carne y hueso, a dos padres de niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo el 5 de junio de 2009.

Ante la brutal indiferencia y falta de resultados en Sonora, meses después de la tragedia un grupo de ellos –que conformaban el Movimiento por la Justicia Cinco de Junio- había venido a México a solicitar que la Corte ejerciera su facultad de investigación utilizada previamente en casos tan graves como el de la matanza de Aguas Blancas; el de Lydia Cacho y el gobernador Mario Marín o la represión en Atenco. Los dos papás solicitando citas con los miembros de la Suprema Corte, lo hacían porque el Dictamen ya se había presentado ante la opinión pública y su discusión era inminente.

Ante la gran presión social y la evidencia de sus reclamos, la SCJN emprendió la tarea de elaborar un Dictamen histórico. Quedarían señaladas innumerables anomalías en el uso y manejo de las estancias infantiles, con nombres y apellidos de dueños y funcionarios responsables. El recién llegado Ministro Arturo Zaldívar acometería la tarea que parecía inconcebible. Colocar al Poder Judicial en el centro de los cambios que un evento como el de la Guardería ABC lo ameritaba. Era urgente poner los puntos sobre las íes: someter a escrutinio la subrogación y cuestionar su permanencia, rescatar el honor de instituciones municipales, estatales y federales que habían permitido que 49 niños indefensos fallecieran y decenas más padecieran lesiones de por vida.

Con muchos trabajos, José Francisco García Duarte y Manuel Rodríguez Amaya; papás de Andrés Alonso y Xiunelth, habían buscado espacio profesional para acudir a México durante el proceso de discusión del Dictamen. De las deliberaciones de los Ministros dependería algo más que su credibilidad y la salud pública. Podría desprenderse una renovada voluntad de atacar de raíz la impunidad manifiesta, la corrupción y negligencia que habían ocasionado un suceso de dimensiones tan inimaginables como éste.

El desenlace lo conocemos todos. Se perdió una oportunidad que, bien conducida, habría derivado en una mayor independencia y autonomía del tribunal constitucional y en un importante precedente que hubiera reforzado los linderos de la división de poderes en México. Pudo más el chantaje, la difamación y el operativo de Estado que derivó en la vergonzosa capitulación de una mayoría intimidada. Queda el ejemplo de Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar (y en votaciones específicas, los Ministros Cossío y Gudiño), quienes resistieron la andanada oficial y pasarán por ese motivo a la Historia cuando se haga un recuento de los daños. Cuando trascienda que dos Ministros no debieron haber participado en las votaciones, por conflictos de interés (en cualquier otro tribunal del mundo Valls y Franco hubieran tenido que recusarse, sin someter su decisión al voto del pleno).

No es ocioso señalar que el Poder Judicial se encontraba totalmente copado por funcionarios directamente señalados en el Dictamen, y que la campaña del Ejecutivo para descarrilarlo estaba en su apogeo cuando José Francisco, Manuel, el abogado Leopoldo Maldonado del Centro Pro de Derechos Humanos y yo nos dimos cita en la sede del Poder Judicial Federal para hablar directamente con los Ministros. Ya se habían publicado cuestionamientos infundados en contra el Ponente (que insinuaban, por ejemplo, que todo era una campaña personal contra Juan Molinar, al haber éste ganado casos ante la Secretaría de Comunicaciones cuando Zaldívar aún era abogado de empresas afectadas). Era un secreto a voces que el entonces responsable de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se inmiscuía abiertamente en la Corte y que
-sin ningún recato- buscaba imponer su opinión interesada: la de un Poder Ejecutivo que no cumplió su función elemental, y buscaba evitar a toda costa la acción de la Justicia.

Era evidente que los papás no habían tenido oportunidad de agendar citas, y que tendrían que inventarse formas de abordar a los Ministros para exponer la gravedad de su caso y la necesidad de reencausar su curso. Se jugaba la credibilidad de la última instancia en la que ellos creían. El Estado les había quitado a sus hijos. Desde el momento mismo del incendio, la principal prioridad de las autoridades parecía ser el control de daños y la desacreditación de aquellos familiares de las víctimas, que sólo buscaban respuestas claras, rendición de cuentas, castigo ejemplar y garantías de no repetición.

Como era de esperarse, los dos Agrimensores de Hermosillo fueron tratados -desde que visitaron las distintas Ponencias, y con raras excepciones- como intrusos. Fueron dos días de educación intensiva en usos y costumbres profundamente arraigadas. La zalamería de prepotentes Secretarios de Estado y ex-gobernadores como Bours, que se paseaban a sus anchas entre los pasillos: evitando la mirada de los papás de la Guardería cuando llegábamos a coincidir, como fue el caso del dueño de Bachoco, es del dominio público. Por su lenguaje corporal y el aspecto de su cara, preferible hacerse aún más chico e insignificante que verlos a los ojos. También atestiguamos la expresión y rictus de terror de Molinar, quien emprendió graciosa huida afuera del recinto del Ministro Presidente en cuanto le informaron los de seguridad que Pepe y Manuel se encontraban en la antesala. También el semblante de extravío de Karam, esperando pacientemente su turno en otra de las oficinas (inmortalizado en una foto tomada por Manuel con su celular).

Buscamos reuniones con todos los Ministros: tenían totalmente llena su agenda, ‘no hablaron de Hermosillo. Lo sentimos mucho’. La secretaria de Ortiz nos mostró las citas pendientes de su jefe. Todo absolutamente bloqueado para que Molinar (principal arquitecto del esquema de privatización del servicio de guarderías, durante su paso como director del Seguro Social), Karam (su actual titular), Bours, Gándara (ex-presidente municipal de Hermosillo), y más servidores públicos pudieran abogar por su causa. Así fue durante la semana hábil que duró el periodo de reflexión y estudio. Los papás tenían el tiempo contado, y sólo pudieron acudir dos días para exponer, con argumentos contundentes, sus razones.

Tal como nos lo confesó un prominente miembro de la Corte, el Gobierno Federal tomó las instalaciones, muy a su manera, por asalto. Ante la advertencia de que se recurriría a los medios en caso de no ser atendidos, algunas Ponencias sí permitieron que los padres se expresaran en unos cuantos minutos, y casi para cumplir las formas.

Uno de los once Ministros expuso a grandes rasgos sus motivos para votar en contra, y se sinceró. ‘Estamos con Ustedes’, dijo. ‘Lo siento por los cuarenta niños muertos’. Debió haber realizado mejor su tarea. ‘Le recordamos que fueron cuarenta y nueve’, corrigieron los papás.

De aquellos días quedan el dolor y la injusticia. También queda la indeclinable certeza de que -a pesar de todo y gracias al empeño, compromiso y enorme dignidad de estos papás y mamás ejemplares- el día en que impere la Justicia para las víctimas de la Guardería ABC pronto llegará.

México: polémica resolución en caso de guardería

Más de un año después del incendio en la guardería ABC en el estado mexicano de Sonora, que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún alto funcionario es responsable de la tragedia.

Por: Alberto Nájar

La decisión causó polémica en el país. Padres de los niños afectados anunciaron que llevarán el caso ante los tribunales internacionales.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, le dijo BBC Mundo Patricia Duarte, madre de Jonathan, quien murió en la guardería.

La Corte concluyó que se violaron gravemente las garantías individuales de las víctimas, pero determinó que los responsables fueron funcionarios menores.

Una investigación preliminar de la Corte había señalado, entre otros, al actual ministro de Comunicaciones, Juan Molinar, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social –al que pertenecía la guardería- Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, donde se ubicaba la estancia.

La mayoría de los ministros rechazó el dictamen porque rebasa las facultades legales de la SCJN para investigar estos casos.

“Hemos hecho lo que la Constitución nos permite”, dijo el presidente de la Corte, Guillermo Ortíz Mayagoitia. El tribunal, añadió, no culpa ni exonera a nadie.

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Guardería ABC: esperanza de justicia

Diversos servidores públicos “violaron garantías”, determina la SCJN

Cortesía: Revista Vértigo

El informe preliminar de los magistrados señala que al permitir que particulares brinden el servicio se ejercieron facultades que no corresponden. Además, revela el descuido, desorden y graves omisiones en la supervisión de la forma en que operaban.

Fotografía: Revista Vértigo

Fotografía: Revista Vértigo

Nueve meses de la tragedia que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la incertidumbre de los padres afectados y la sociedad en su conjunto frente a la falta de respuestas a sus demandas de justicia comienza a disiparse: un informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga al respecto, por fin señala a responsables de los hechos.

Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, hacerse de la vista gorda en torno de la operación de ese y otros cientos de establecimientos que deben cumplir con las normas de seguridad que marca la ley.

De ahí que, ante el informe de la Suprema Corte, los sonorenses —y los mexicanos todos— multipliquen hoy sus demandas de justicia y exijan a las autoridades detener de una vez por todas a los presuntos responsables de una tragedia que, sin duda, modificó para siempre la vida social y política en esa entidad.

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Expediente ABC… recuento de daños

Dia de publicación: 2009-09-07

Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa;

pues, sin causa nada puede tener origen.

Platón.

Por: Profa. Martha Elva González

A tres meses de la tragedia en las instalaciones de la “Guardería ABC”,  el movimiento cinco de junio convocó a la sociedad hermosillense para realizar la décima primera marcha por la salud y la justicia para los infantes lesionados y acaecidos durante el fatídico siniestro.

En esta ocasión, al cumplirse otra fecha del magno suceso, el lugar de reunión fue la calle Mecánicos y Ferrocarrileros de la Colonia “Y” Griega, punto operativo de la estancia mortuoria, sitio del que partió la formación cívica constituida por cientos de pobladores, misma que transitó por el Boulevard Vildósola y Rosales para culminar en la Plaza Emiliana de Zubeldía, espacio de exposición de diversos manifiestos a la opinión pública.

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El sueño perdido

diasiete

Los sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo tendrán secuelas físicas y emocionales para siempre. Por ahora sufren al dormir. Quienes recibieron quemaduras graves, tendrán al menos dos cirugías anuales hasta su mayoría de edad y, los que aspiraron humo, deberán recibir tratamiento especial hasta los 8 años.Pero las autoridades no se han hecho responsables de su cuidado médico. Cien dias después de la tragedia, además de la demanda de castido a los responsables por la muerte de 49 menores, las familias reclaman atención para quienes tendrán una discapacidad el resto de su vida.

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