Solicitan juicio político contra Bours, Molinar y Karam

Por: Adriana Manjarrez

Ante la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, madres y padres de víctimas del incendio en la Guardería ABC presentaron este miércoles solicitudes de juicio político en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Touméh.

Los integrantes de la asociación civil “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio” señalan que el ex gobernador de Sonora, el ex director del IMSS y el actual director de esta institución, respectivamente, incurrieron en graves conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional, en torno a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009.

En rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y transmitida por Internet, Roberto Zavala explicó que Molinar y Karam tienen responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías a particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello.

Y en el caso de Bours, la responsabilidad es por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración, como en su administración, para proteger a los responsables de los delitos, añadió al dar lectura a un comunicado.

Afirmó que estos servidores públicos deben ser sometidos a juicio político y sancionados con la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un término no menor a 20 años, en el caso de Molinar y Karam ser destituidos, y todos puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron.

José Francisco García fue el encargado de entregar las solicitudes por escrito ante la instancia legislativa, cuyos textos íntegros están disponibles en la página de Internet del Movimiento, en www.movimiento5dejunio.org, informó Zavala.

“Hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado: la justicia en el caso del incendio en la Guardería ABC, y que en el supuesto de no tenerla, seguiremos agotando todas las instancias a nuestro alcance”, expresó Zavala.

“Acudimos al tercero de los tres supremos poderes de la Unión, como lo es el legislativo en busca de justicia, ya que, como es público y notorio, las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, así como el máximo órgano impartidor de justicia ordinaria y constitucional, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con sus obligaciones de hacer justicia”, señaló Zavala.

Como padres y madres de las víctimas inocentes, destacó, no permitirán que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos, ni que el sacrificio de las 25 niñas y 24 niños que murieron, y las lesiones de 80 pequeños, siga sin castigo.

Desinformada y “devastada”

Daniel Gershenson, presidente co-fundador de la ONG Al Consumidor, que apoya al Movimiento, recordó que la semana pasada, Patricia Duarte Franco se reunió con la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Kyung-Wha Kang, quien dijo desconocer los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, y que al escucharlos dijo sentirse “devastada”.

El activista, que presenció dicha reunión, dijo que Kang se comprometió a llevar el tema a Ginebra, donde ya hay una solicitud que el Movimiento hizo llegar a las autoridades de la ONU sobre el crimen de la Guardería ABC, pero que no ha sido respondida, por lo que ella dará una respuesta pronta y expedita.

“(Dijo) que estaba absolutamente devastada, al enterarse de que en un país como México más de un año y medio después del incendio, las mismas personas directa o indirectamente responsables, sigan despachando”, señaló Gershenson.

Todo esto, agregó, significa que la estrategia del Movimiento se enfocará a acudir a instancias internacionales, como la Organización para las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Roberto Zavala desmintió las declaraciones que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, hizo hace algunos días con relación a que hay 17 personas detenidas por el crimen de ABC, pues la realidad es que no hay nadie tras las rejas.

 

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