Movimiento por la Justicia 5 de Junio – Hermosillo, Sonora, México

Escrito entregado a la Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Aug 6, 2010 Comunicados, Documentos

México, Distrito Federal, a 05 de agosto de 2010.

SEÑORA KYUNG-WHA KANG,
ALTA COMISIONADA ADJUNTA DE NACIONES UNIDAS
PARA DERECHOS HUMANOS (ACNUDH),
P R E S E N T E . –

Las personas que abajo firmamos, padres y madres de niños y niñas que fueron afectados por el incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 05 de junio de 2009, integrados al MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, ASOCIACIÓN CIVIL; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Hegel 703-601 Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, en esta ciudad de México, Distrito Federal; autorizando para que intervengan en nuestros nombres a los C. C. LUIS ARRIAGA VALENZUELA y DANIEL GERSHENSON SHAPIRO, por este medio respetuosamente comparecemos para exponer lo siguiente:

Aproximadamente a las 14:45 horas, del 5 de junio de 2009, se produjo un incendio en la Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, que trajo como resultado el fallecimiento de 25 niñas y 24 niños de entre cero y cuatro años de edad, y las lesiones de distintos grados de severidad de otros 80 niños y niñas.

El incendio antes mencionado se produjo a consecuencia de la conjunción de una serie de varios factores, propiciados por la corrupción, la negligencia, el tráfico de influencias y el desprecio a la legalidad, de parte de funcionarios de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como también de personas particulares, entre ellos los propietarios de esa estancia infantil, servicio cuya prestación en principio, por mandato constitucional, debió estar a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero por razones de corruptelas y una flagrante violación de la ley aplicable se subrogó a tales particulares, quienes siempre lo vieron como una fuente de lucro, aún a costa de la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas, como fatalmente así ocurrió.

Después del incendio, lo más grave resultó ser el hecho de que las autoridades mexicanas de los tres niveles, municipal, estatal y federal, tanto las administrativas, como las judiciales, lejos de procurar e impartir justicia, han venido haciendo un control de daños, esto es reduciendo el número de responsables, en el ámbito estatal, a sólo 13 personas, todas ellas funcionarios menores y de los últimos niveles del gobierno estatal de Sonora y del municipal de la ciudad de Hermosillo, y en el fuero federal, a sólo 5 empleados de menor jerarquía en la delegación en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, más 4 de los propietarios de la estancia infantil.

Así, tenemos lo siguiente:

A) Las procuradurías federal de México, y estatal de Sonora, han optado por no ampliar el número y calidad de los involucrados, tendiendo un execrable manto de impunidad en favor, por lo menos del ex director y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam Touméh, respectivamente, y José Eduardo Robinson Bours Castelo, ex gobernador del estado de Sonora, así como de diversos funcionarios de los niveles federal mexicano, estatal de Sonora y municipal de Hermosillo, no obstante que todos ellos tienen un alto grado de involucramiento y responsabilidad personal y directa, no sólo en los hechos en que perdieron la vida el elevado número de infantes y las lesiones de otros tantos, que hemos señalado, sino en las evidentes ilegalidades en el otorgamiento de la subrogación de esa y otros cientos de guarderías o estancias infantiles.

B) El más reciente golpe a nuestra búsqueda de justicia, lo asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, después de haber decidido ejercer la facultad de investigación que le autoriza el artículo 97 segundo párrafo de la Constitución General de México, para determinar si en el caso del incendio en la Guardería ABC se violaron gravemente las garantías individuales, en resolución tomada después de las sesiones del tribunal pleno, celebradas los día 14, 15 y 16 de junio de 2010, concluyó que, si bien es cierto que se habían violado gravemente las garantías individuales (derechos humanos) de nuestros hijos e hijas, tales violaciones no pueden ser atribuidas a ningún alto cargo de las administraciones públicas federal mexicana, estatal de Sonora y municipal de Hermosillo, sino sólo a funcionarios de menor jerarquía, preferentemente de los niveles estatal y municipal.

Todavía más, bregando en sentido opuesto a la doctrina y a la jurisprudencia internacional más aceptadas, el máximo órgano de justicia de México se negó a admitir que los particulares, cuando realizan funciones o servicios públicos (como es el caso de los dueños de la guardería ABC) pueden violar derechos humanos en razón de sus actos u omisiones en el desempeño de esas atribuciones.

C) Recientemente, el pasado 20 de julio de 2010, Felipe Calderón, presidente de México, estuvo en Hermosillo y convocó a los padres y a las madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC para ofrecernos, a manera de justicia algunos “apoyos económicos” y “ayudas solidarias”, pretendiendo distorsionar con ello el principio universal de que a los ofendidos por la comisión de algún delito no se les puede satisfacer con “ayudas” o “apoyos”, exiguos por cierto, sino con el castigo que prevén las leyes, tanto en lo que hace a las penas privativas de la libertad, las sanciones administrativas, la corrección de las causas que propiciaron el hecho delictuoso, y la reparación moral y material del daño.

D) Mención aparte debemos hacer respecto de la actuación de los organismos oficiales de derechos humanos de México, pues su actuación no pudo ser más deplorable: la Comisión Estatal (de Sonora) de Derechos Humanos, desde el primer momento se declaró incompetente para intervenir en el caso del incendio en la Guardería ABC y reservó el conocimiento del mismo a la Comisión nacional de los Derechos Humanos, la cual, mediante resolución de 31 de julio de 2009 emitió una tibia recomendación al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Touméh, José Eduardo Robinson Bours Castelo, entonces gobernador del estado de Sonora, y Ernesto Gándara Camou, a la sazón presidente municipal de Hermosillo, Sonora (no obstante que estos tres personajes tienen responsabilidad personal directa en los hechos configurativos de violación de derechos humanos) para que corrigieran algunas irregularidades y sancionaran a varios de sus respectivos subordinados, lo que ni siquiera hicieron a cabalidad.

Ante la renuencia que han mostrado las instancias de procuración e impartición de justicia de México, independientemente de que estamos agotando las opciones de intervención del poder legislativo federal mexicano, con anterioridad a esta fecha acudimos a las instancias internacionales siguientes:

I.- Mediante escrito que hicimos llegar en enero del presente año al señor Anand Grover, Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental le solicitamos la designación de algún relator para el caso de la Guardería ABC.

II.- Igualmente, mediante escrito presentado directamente el 17 de junio de 2010, solicitamos al Comité de Derechos del Niño de la ONU su intervención.

Con este escrito, acompañamos copias de los textos antes mencionados, especto de los cuales, le hacemos saber, no hemos obtenido respuesta alguna hasta la fecha.

En razón de lo anterior, le solicitamos su intervención, en su calidad Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos para que, a través de su oficina, directamente intervenga en el caso del incendio de la Guardería ABC que le hemos expuesto, tanto para que las instancias internacionales a las que hemos acudido atiendan nuestras peticiones, como para que la propia ACNUHD realice las gestiones que le son propias a fin de conminar al estado mexicano a cumplir con su obligación de reparar las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido nuestros niños y niñas, aplicando escrupulosamente las normas internas y los tratados y convenciones internacionales que tienen signados.

Atentamente,

Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, A. C.