Movimiento por la Justicia 5 de Junio – Hermosillo, Sonora, México

Y, ¿seguimos hablando de derechos…?

Jul 7, 2010 Opinión

Por: Leslie Serrano / @LesSerrano

El 25 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo del Instituto Mexicano del Seguro Social “Mediante el cual se definen apoyos financieros de Guarderías ABC”.

Apoyos que se publicaron hace un año, sin embargo a consideración de las autoridades, se requería precisar ciertos puntos.

Este acuerdo comenzó por una propuesta presentada por la Dirección General de dicho Instituto a través de su Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y de la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente; dicho acuerdo menciona las “particularidades” sobre los “apoyos y ayudas” que se debieron otorgar por parte del IMSS a partir del 5 de junio de 2009, a los afectados por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; con el fin de otorgar “certeza y seguridad jurídica” a los menores, adultos y padres de familia involucrados en éste infortunio.

Entre las características para los beneficios, se consideraron diversas categorías:

• Padres de menores fallecidos
• Menores lesionados por quemaduras
• Menores que no sufrieron lesiones por quemaduras, pero que inhalaron el humo y tóxicos producidos por el incendio, con diagnóstico de una secuela permanente por ese motivo.
• Menores que asistieron a la Guardería ABC el día 5 de junio de 2009, sin haber sido lesionados por quemaduras, con probabilidad de haber inhalado humo y tóxicos producidos por el incendio, sin que a la fecha se les haya diagnosticado una secuela permanente por ese motivo.
• Adultos derechohabientes, lesionados por quemaduras o que no sufrieron lesiones por quemaduras pero que inhalaron el humo y tóxicos producidos por dicho incendio.

Para cada una de dichas condiciones, se incluyeron ciertos “beneficios”; sin embargo, las preguntas son: ¿Qué clase de beneficios recibieron quienes en su momento tenían la concesión de este lugar? ¿Serán directamente proporcionales a los que ahora se ofrecen…? ¿Estos patrocinios cubren lo que a los Padres ABC les falta? La respuesta, todos la conocemos.

Después de convivir fortuitamente con uno de los Papás ABC, me involucré un poco en los antecedentes y en todo lo que había detrás de lo tangible, de lo conocido; entonces de una u otra forma, encontré el lado que desconocía… Al enterarme de las diferentes historias que pudieron ser evitadas, me resultó imposible sentirme ajena a la situación de todos estos aguerridos seres humanos, así que de inmediato tuve la necesidad de solidarizarme ante lo que se estaba viviendo a un año del incendio.

Las autoridades tienen (tuvieron) dentro de sus facultades y atribuciones la posibilidad de determinar responsabilidades a quienes no tomaron las medidas adecuadas para prevenir cualquier situación de ese tipo; y ahora me queda claro que lo que se pretendía era el sancionar a quien resultara con responsabilidad ya que más allá del hecho de verlos padeciendo una pena en algún reclusorio, lo que se necesitaba era la consecuencia natural de dicho acto: En primera que el tráfico de influencias no quedara impune y tal vez la que pareciera menos importante, era el enviar un mensaje implícito a quienes lo practican de que “cualquiera puede ser juzgado y declarado responsable”; que México no es un país en el que haya distinciones y que manejen unos cuantos. Lo que los Padres ABC buscan es que no haya ningún otro Padre que pase por una situación similar, que exista quien le tenga al menos un mínimo respeto a la Ley; no buscan algo imposible de dar. Triste por decir lo menos, es saber que ante las ambiciones de algunos, se nos olvida el bien común y que todos somos seres humanos. En esta ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo todo, menos justicia.

A propósito de la justicia y las leyes, viene a colación que nuestro País se encuentra entre los que cuenta con los mejores ordenamientos legislativos a nivel internacional (con todas las imprecisiones que pueda tener) y para ligarlo con el tema de la Justicia, es necesario aclarar que el problema no radica precisamente ahí… la Ley está sujeta a interpretación y para fortuna de algunos, ciertos Ministros tuvieron a bien interpretar que efectivamente, no se había cumplido con las medidas de seguridad necesarias pero ello no era determinante para el determinar o no, responsabilidades.

Paradójicamente, el IMSS se encuentra obligado a dar los apoyos mencionados… es decir, la autoridad tiene obligaciones, facultades y atribuciones; ¿Por qué no las ejerce cuando así debe hacerlo?

Y ahora… Después de tal irresponsabilidad por parte de la Justicia Mexicana, viene una que no debería sorprendernos: Una legisladora tiene una brillante iniciativa de Ley para cuidar mucho más a todos quienes ejercen de manera descarada el tráfico de influencias, propone básicamente que el IMSS tenga facultades para proteger la información de quienes se encuentran a cargo de Guarderías subrogadas; le “preocupan” casos de extorsión, secuestros, etc. Por ello es que solicita mantener como confidencial información de contratos, actas relativas a la constitución de la sociedad en donde se encuentran detalles como por ejemplo, quienes son los accionistas, nombres o prestanombres que en algún momento puedan relacionarse con gente del propio IMSS; una historia que suena familiar.

Resalto dos últimas preguntas en esta última reflexión:

La primera es que los Servidores Públicos están obligados por Ley a la transparencia y hay miles de páginas en las que se encuentra información desde sus oficinas, números de teléfono, salarios, fotos, correo electrónico, hasta de sus declaraciones patrimoniales; ¿Por qué ocultar la de quienes tienen relación directa con el negocio (porque eso es para ellos) de las Guarderías?

La segunda ¿Por qué el 23 de septiembre de 2009, la misma legisladora propuso solicitar a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, enviar la Cámara de Diputados los parámetros de evaluación y los resultados de las evaluaciones que llevaran a cabo en dichas estancias? Asimismo, solicitó la aprobación de la creación de una comisión especial que revisara la política general de estancias infantiles del Estado Mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y realizara las evaluaciones que fueran necesarias a efecto de proponer las modificaciones que se requirieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños que ahí fueran atendidos, concluyendo que “Tener acceso a una estancia infantil para sus hijos es un derecho para las madres trabajadoras”.

Y, ¿Seguimos hablando de derechos…?