Movimiento por la Justicia 5 de Junio – Hermosillo, Sonora, México

Caso ABC: autoridades incurrieron en “conductas de omisión”

Mar 29, 2010 Reportajes

Eduardo Bours falló en sus obligaciones: el ex gobernador de Sonora es uno de “los servidores públicos involucrados en la violación de garantías” que fueron origen del trágico incendio, según el informe preliminar de la Suprema Corte.

Por: Lucio Alejandro Isá

El dolor de perder a un hijo es indescriptible, pero se agrava sin duda cuando autoridades presuntamente encargadas de velar por la seguridad de sus gobernados resultan responsables de esa pérdida y, sin embargo, se benefician de la impunidad, la negligencia y la corrupción que impiden una tan expedita como clara impartición de justicia: se cumplen ya casi diez meses desde el incendio que costó la vida a 49 niños y dejó mal heridos a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, sin que hasta el momento nadie reciba castigo alguno por la tragedia.

No obstante, el pasado 1 de marzo un informe preliminar de la investigación que en torno del caso ABC realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló al fin con nombres y apellidos a los involucrados en el fatal evento, quienes según el documento cometieron una serie de “conductas de omisión” relativos al cumplimiento de tareas de sanción, supervisión y coordinación, que determinaron una suma de condiciones que derivaron en el incendio y sus trágicas consecuencias.

De hecho, el informe que presentaron los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla concluyó que es clara “la existencia de deberes jurídicos incumplidos que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, hubieran evitado la propagación del incendio”.Así, en sus Conclusiones generales los magistrados indican que entre “los servidores públicos involucrados en la violación de garantías” en el caso ABC figura el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

Señalamientos

Al investigar la responsabilidad de las autoridades en el accidente, los magistrados buscaron determinar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias de la tragedia pudieron evitarse y con ello salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el recinto, así como identificar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Al respecto, el documento señala que “en el expediente de la Guardería ABC no existe prueba” de que las autoridades estatales o municipales de Sonora hayan “verificado las instalaciones” del colegio ni “aprobado su programa interno de protección civil”.

Se trata, pues, de “conductas de omisión” que dieron lugar a “la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente” por las autoridades competentes, entre las que destaca el ex gobernador Bours.

En este sentido, cabe recalcar en relación con el ex titular de la administración pública de la entidad que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 (fracciones I, II y V) constitucional, corresponde al gobernador ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y decretos, así como velar por la conservación del orden, tranquilidad, seguridad y, en términos generales, inducir el bienestar de la población en todos los órdenes y exigir de las autoridades que dependan de su mando el cumplimiento estricto de las obligaciones que imponen la Constitución federal, la estatal y las leyes que de ellas emanen.

Es decir, que al gobernador del estado le corresponde un deber de observancia de las leyes, tanto de las que correspondan directamente al Ejecutivo estatal, como las que están a cargo de las diversas autoridades que de él dependen.

En el caso que nos ocupa, Eduardo Bours debió verificar que se diera cabal cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil en su estado.

Sin embargo, el informe de la SCJN demuestra que nada de ello se hizo en tiempo y forma para evitar la tragedia en el caso ABC y, por el contrario, los padres de las víctimas afirman que luego del incendio el gobierno de Bours se dedicó más bien a “tratar de proteger a sus allegados, a sus conocidos, a sus amigos, que eran los dueños de la guardería, y también a funcionarios de su gobierno”.

Julio César Márquez —integrante del Movimiento 5 de Junio y padre de Julio César Márquez Báez, uno de los niños que perdieron la vida en el incendio— añade en entrevista que “si las autoridades hubieran hecho sus labores a través de Protección Civil; si los particulares hubieran tomado lo que tenían en sus manos más que como mero negocio; si el gobierno del estado no hubiera sido tan negligente, se hubiera cortado la cadena de corrupción o negligencia” que dio lugar a la tragedia.

Argumentos y omisiones

Al conocer el informe, presuntos allegados al ex gobernador de Sonora hicieron circular un comunicado que no es otra cosa que otro intento por lavarse las manos y negar su responsabilidad en el caso ABC.

El informe de la Suprema Corte, señala el comunicado, “precisa que a las diferentes instancias le corresponden distintas responsabilidades, a unos cumplir con la vigilancia de las normas de Protección Civil, al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como lo establece la ley estatal, y a otros, velar por las normas de seguridad de la guardería, tal y como lo dije desde un principio”.

Al respecto, vale la pena subrayar que este argumento soslaya lo estipulado en el artículo 79 constitucional que antes citamos y también el hecho de que el incendio —como ratifica el documento de la SCJN— se inició precisamente en la bodega a la que alude el propio Bours Castelo y que pertenecía a su Secretaría de Hacienda, ubicada al lado de la Guardería ABC.

Bours omite además referirse al señalamiento de que en dicha bodega su gobierno tenía almacenadas grandes cantidades de documentos y que como señalamos en estas mismas páginas (Vértigo 470) “la inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería”.

Tampoco aludió al hecho de que, de igual modo, “en virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral”. Y, en consecuencia, “el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba”.

Agrega el informe que al respecto “no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil”.

“Control de daños”

En su comunicado, Bours Castelo afirma que su gobierno, de acuerdo con su responsabilidad, “adoptó diversas acciones específicas, entre otras, la atención que desde el principio se brindó a los menores que fueron víctimas, lo mismo que a las familias de estos. Ellos fueron la prioridad en las primeras horas y gracias a los doctores, enfermeras y personal de diez hospitales, se les dio atención médica a las víctimas”.

Pero los padres de los niños que murieron en el incendio contradicen esa versión. Patricia Duarte —madre del malogrado Andrés Alonso García Duarte— dice a Vértigo que algunas autoridades “ocultaron la información sobre dónde estaban los niños. Esas personas ya sabían que mi hijo había muerto, por ejemplo, pero no lo decían. Una de ellas me dijo que tenían órdenes de Eduardo Bours de nada decir. ¿Por qué no se pusieron en nuestro lugar en ese momento, sin que les importara el gobernador, pues? Como si no fueran seres humanos”.

El comunicado de Bours señala que, “asimismo, se traslado a hospitales especializados a las víctimas que así lo requirieron; se visitó personalmente en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara, Jalisco, y Sacramento, California, a niños y adultos que estaban siendo atendidos para supervisar la atención y atender personalmente las demandas de padres y familiares de las víctimas”.

Pero Patricia Duarte afirma que aquel 5 de junio, luego del incendio, las autoridades “nos ocultaron todo, hasta las once de la noche, sin importarles la angustia que vivíamos. Bours quería ocultar la magnitud de la tragedia y desde ese momento empezó a minimizarlo todo”.

En el mismo sentido se pronuncia Mirna Lara Méndez —madre del fallecido Juan Israel Fernández Lara—, quien acusa que “me retrasaron la información y tardé como cuatro horas en encontrar a mi hijo. Y luego pasaron varias horas más hasta que pude saber cómo estaba realmente él, con quemaduras en 90% de su cuerpecito. Pero no me dejaban entrar a verlo ni me daban mayor información”.

El abogado de los padres de familia que integran el Movimiento 5 de Junio, Lorenzo Ramos —del bufete jurídico Ramos, Saucedo y Asociados—, destaca a su vez que las investigaciones que realizó el gobierno del ex mandatario estatal “se hicieron de una manera sesgada, de un modo en el que se trataba de hacer un control de daños”.

El fideicomiso

El comunicado de Bours Castelo menciona igualmente el fideicomiso supuestamente creado para garantizar la reparación del daño a las familias que así lo solicitaron y refiere que “con el fin de que una tragedia como esta no vuelva a suceder, enviamos al Congreso del estado una serie de modificaciones a la Ley Estatal de Protección Civil, mismas que fueron aprobadas y que hoy están en vigor”.

Al respecto, el analista político local Demian Duarte recuerda que “en su momento el ex gobernador Eduardo Bours anunció triunfal la integración de un fideicomiso por alrededor de 140 millones de pesos, que según esto iniciaría con la indemnización a los deudos de los niños. Pero como se sabe ahora, era una manzana envenenada: pretendía pedir a los padres la cesión de derechos para entablar cualquier demanda en exigencia de la muy ansiada justicia”.

La verdad, dice Duarte, “es que ese juego infame propuesto por el entonces gobernador fue una jugada que le sugirieron sus asesores: se trataba en primera instancia de garantizar con bienes inmuebles propiedad del gobierno estatal las fianzas para los trabajadores de la Secretaría de Hacienda que fueron consignados en primer término por su responsabilidad directa en el origen del incendio”.

Pero al final de cuentas, agrega el politólogo sonorense, “el tiro salió por la culata: la indignación social y sobre todo la actitud arrogante y de confrontación en que entró el ex gobernador Bours para con las instancias de gobierno lo pintaron de cuerpo entero y la sociedad decidió cobrarle en las urnas su ceguera”.

“Cinismo”

Para Demian Duarte, la respuesta que ofreció Bours “muestra una mezcla de cinismo e indolencia respecto de este sensible tema, que ofende”.

Eduardo Bours, estima el analista, “pues simplemente siguió siendo el mismo de siempre: insensible e incapaz de escuchar o comprender que no es dueño de la verdad absoluta y que su gobierno no respondió a los padres de familia de manera adecuada tras la tragedia, al diseñar ese engaño financiero que es el famoso fideicomiso que se sacó de la manga para garantizar la fianza del personal de Hacienda que fue apresado en primera instancia”.

Lo peor, concluye, “es que Bours no respondió al principal señalamiento: que su gobierno no atendió las leyes, no observó las normas y por eso al fin de cuentas es responsable de esas 49 muertes. Pero no se puede esperar otra cosa de Bours Castelo, pues como dicen, él será genio y figura hasta la sepultura”.

Dossier Político, uno de los medios de Sonora que más ha investigado el caso ABC, desglosa así los señalamientos que contra el ex gobernador Eduardo Bours Castelo implica el informe preliminar que realizó la Suprema Corte sobre el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo: “Por lo que a Eduardo Bours se refiere, entre otras, centralmente su presunta responsabilidad procede de un negligente proceder al no impedir y al permitir que secretarías y funcionarios de su administración operaran en una ‘bodega’ carente de las elementales medidas de seguridad”.

Es responsable además, según señala el informe de la Suprema Corte, de la absoluta ausencia de equipo y medidas de seguridad en la bodega donde inició el incendio, que fueron causa directa de que el fuego se extendiera y penetrara al interior de la Guardería ABC.

No a la impunidad

E independientemente de que la guardería, en efecto, carecía también de medidas de seguridad (de donde les resulta la responsabilidad a los dueños y a otras autoridades), ello no exculpa a Eduardo Bours Castelo, señala el director de Dossier Político, Óscar Castro, “de su propia negligente responsabilidad, pues a él, como ya antes se dijo, su presunta responsabilidad le resulta no de las deficiencias de seguridad que presentaba la guardería, sino de las graves deficiencias de seguridad que presentaba la bodega del gobierno del estado, donde comenzó el incendio”.

Y “máxime al instalar esa bodega contigua a una institución responsable de la custodia, el cuidado y la seguridad de decenas de niños lactantes, cuya protección es deber fundamental de todo gobierno”.

En este sentido, el diputado perredista Nazario Norberto Sánchez, integrante de la comisión de Protección Civil en San Lázaro, exigió que los involucrados en el caso ABC asuman la responsabilidad que les atribuye el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador del PRD se pronunció por que no haya impunidad ni protección para los responsables, a quienes de existir pruebas contundentes debe condenarse.

Por su parte, Manuel Alfredo Rodríguez Amaya —también integrante del Movimiento 5 de Junio y padre del malogrado Xiunelth Emmanuel Rodríguez García— dice a Vértigo que “una de las cosas de las que nosotros siempre hemos estado conscientes es de la necesidad de que, aparte de que se aplique la justicia, se sepa la verdad. Y el informe de la SCJN nos ayuda mucho a eso, por supuesto. Es parte de la justicia en sí, no algo que ya nos lleva a ella. Pero, evidentemente, tiene que tener alcances mayores. Y esperamos que los tenga. Desgraciadamente, no a todos nos va a ir bien en esto: hay culpables, y tienen que recibir el castigo equiparable a lo que hicieron o dejaron de hacer para que las cosas derivaran en esta tragedia. Confiamos en que el dictamen de la Suprema Corte le dé el suficiente impulso al caso para lograr una justicia plena… y que no quede nada más en algo efímero”.

Así, los responsables de la tragedia de hace diez meses en la Guardería ABC son ya señalados con nombres y apellidos. Y los padres de las víctimas, los sonorenses, los mexicanos todos, esperamos que se aplique una justicia plena.

Publicado por: Revista Vértigo
Fuente: Dossier Político