Guardería ABC: esperanza de justicia
Mar 9, 2010 Artículos
Diversos servidores públicos “violaron garantías”, determina la SCJN
Cortesía: Revista Vértigo
El informe preliminar de los magistrados señala que al permitir que particulares brinden el servicio se ejercieron facultades que no corresponden. Además, revela el descuido, desorden y graves omisiones en la supervisión de la forma en que operaban.
Fotografía: Revista Vértigo
Nueve meses de la tragedia que causó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la incertidumbre de los padres afectados y la sociedad en su conjunto frente a la falta de respuestas a sus demandas de justicia comienza a disiparse: un informe preliminar de la comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga al respecto, por fin señala a responsables de los hechos.
Y si bien a los funcionarios señalados no se les culpa de manera directa por el incendio en la guardería, sí se les responsabiliza por no cumplir con sus obligaciones, no supervisar el funcionamiento del colegio o, al menos, hacerse de la vista gorda en torno de la operación de ese y otros cientos de establecimientos que deben cumplir con las normas de seguridad que marca la ley.
De ahí que, ante el informe de la Suprema Corte, los sonorenses —y los mexicanos todos— multipliquen hoy sus demandas de justicia y exijan a las autoridades detener de una vez por todas a los presuntos responsables de una tragedia que, sin duda, modificó para siempre la vida social y política en esa entidad.
La historia
El 5 de junio de 2009 la tragedia estremeció al país: un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo provocó la muerte de 49 niños y heridas a otros 75, de los que en este último caso gran parte sufre todavía el daño físico y el impacto sicológico de tan terrible suceso.
Desde un principio se habló de negligencias que involucraban a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), pero los días comenzaron a pasar sin que se deslindaran responsabilidades ni las investigaciones arrojaran frutos concretos.
El descontento de los sonorenses alcanzó entonces tal grado, que el 13 de junio (como consignó Vértigo en su edición 431) al menos seis mil personas recorrieron el centro de Hermosillo gritando consignas tan duras como “¡Justicia o habrá venganza!”
En su mayoría con vestimenta blanca, la columna partió desde la plaza Emiliana de Zubeldía justo a las 18:15 horas de aquella tarde, para llegar a la plaza Zaragoza 40 minutos después. Una manta de varios metros de largo, sostenida por dos decenas de personas, mostraba rotuladas las caras de 46 niños —22 pintados en color rosa y 24 en azul— y los nombres de las pequeñas víctimas.
El primer bloque de la columna estaba formado por las madres y padres de familia, quienes portaban pequeñas banderas blancas y cuyos familiares mostraban pancartas con mensajes como “¿Por qué no cuidaste a nuestros hijos?” y “Cárcel para los asesinos”.
Frente a las puertas del Palacio de Gobierno se registraron dramáticos momentos, cuando los padres reclamaron justicia y castigo para los involucrados en estos hechos, que calificaron de “corrupción y criminalidad”.
Roberto Zavala, padre del malogrado Santiago de Jesús, entre gritos que exigían la renuncia del gobernador Eduardo Bours, lanzó la advertencia: “Si no hay justicia por parte de las autoridades, habrá venganza por parte del pueblo”.
Sin culpables
Tres días después, en conferencia de prensa conjunta, el procurador del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, José Martín Godoy Castro, coincidieron en señalar que las investigaciones avanzaban y se tenía ya la certeza absoluta de que la tragedia fue producto de un corto circuito en un aparato de aire acondicionado en una de las tres secciones en que se dividía la bodega incendiada: la que albergaba instalaciones del gobierno estatal, justo al lado de la sección de la Guardería ABC.
Dijeron que el fuego comenzó en dichas instalaciones y se propagó con extrema rapidez hasta la guardería. Murrieta insistió en señalar que la mayor responsabilidad correspondía a la instancia que aprueba y supervisa la operación de guarderías y su normatividad en materia de seguridad. “Es la entidad encargada responsable y si hubo algún tráfico de influencias, evidentemente tiene que ver con el Seguro Social”, afirmó el procurador general de Justicia de Sonora.
Explicó que la guardería ABC de Hermosillo fue adjudicada de manera directa por el IMSS en agosto de 2001, de acuerdo con documentos oficiales en poder de las autoridades. Añadió que se tenían declaraciones de funcionarios municipales de esa época, que dieron autorización para el uso de suelo, así como de los años posteriores.
Igualmente, los funcionarios dieron a conocer los resultados obtenidos por el laboratorio de química forense de la PGR sobre el inicio del incendio en la bodega contigua a la guardería y se descartó la presencia de algún tipo de carburante en el lugar de los hechos, como se había especulado. “No hubo ningún acelerante de fuego, no había hidrocarburos; es la conclusión del laboratorio de la PGR”, subrayó el procurador del estado.
Por su parte, el delegado de la PGR informó que se analizaban documentos y conductas desde el momento mismo en que se otorgó la concesión a la Guardería ABC para ver qué tipo de sanciones aplicar de acuerdo con el Código Penal. “Nos hemos dado a la tarea de investigar desde el momento en que los particulares realizaron la solicitud para la instalación de la guardería, hasta el momento del incendio”, manifestó Godoy.
Ambos funcionarios destacaron entonces que las investigaciones tenían todavía elementos que debían ser evaluados antes de emitir alguna denuncia contra quienes resultaran responsables del incendio. “Tenemos que atender los tiempos que la propia indagatoria solicita. Emitir un análisis faltando una diligencia sería irresponsable”, subrayó Godoy.
El dedo en la llaga
Hoy, en cambio, el informe que una comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a elaborar hace seis meses respecto del caso ABC presenta conclusiones devastadoras: el documento de los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla establece que el siniestro “fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo”.
La comisión investigadora determinó que “en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia”; y destacó que esa institución “carece de fundamento legal” para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.
Al presentar ante el pleno de la SCJN un resumen de su informe preliminar —que se turnará al ministro José Fernando Franco González Salas para la preparación del dictamen que discutirá el pleno—, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzón Sevilla señalaron que en sus trabajos quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre ese desorden generalizado y el caso de la Guardería ABC.
Los comisionados informaron que durante los seis meses de investigación se analizaron casi mil 500 expedientes que contienen los contratos de prestación de servicios, con sus anexos, que a la fecha del siniestro tenían celebrados el IMSS con particulares. También recordaron que a petición de los padres de familia se contrató a una empresa extranjera, propuesta por ellos, para la realización de un peritaje en la guardería.
He aquí el resumen de su informe de trabajo.
Conclusiones generales
Primera. Conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado a, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, “los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS” y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios.
El hecho de que el Consejo Técnico haya expedido disposiciones que permitan la posibilidad de que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes es una interpretación distinta a dichas normas, que “puede obedecer a la carencia de recursos económicos del IMSS para instalar y operar sus propias guarderías” y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.
Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el instituto para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su Consejo Técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos.
Segunda. El hecho de que actualmente operen once guarderías de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
Tercera. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado, pues se hizo evidente la existencia de un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.
Cuarta. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC.
Si se toma en cuenta que las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y supervisión o vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo, se llega a la unívoca conclusión de que esta no es más que el reflejo del desorden que prevalece en aquéllas.
Quinta. El incendio que quitó la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Todas las pruebas periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que desahogó la comisión investigadora a cargo de peritos extranjeros, son coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler. Debido a las altas temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de vehículos.
La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería.
Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
Sexta. En virtud de que en la bodega alquilada por el estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.
No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil.
Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica del inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego.
Séptima. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas “diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo”.
Octava. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la Guardería ABC.
Alertas
Demian Duarte, analista sonorense y colaborador de Dossier Político, considera “inexcusable la actitud de los políticos y burócratas responsables de la tragedia en la Guardería ABC, que a casi nueve meses del incendio siguen echándose la bolita sin asumir responsabilidades”.
Para Duarte, las respuestas de los señalados como presuntos responsables por el informe preliminar de la Suprema Corte “muestran una mezcla de cinismo e indolencia al respecto de este sensible tema, que ofende”.
El analista señala que “el ex gobernador simplemente siguió siendo el mismo de siempre: insensible e incapaz de escuchar o comprender que no es dueño de la verdad absoluta y que su gobierno no respondió a los padres de familia de manera adecuada tras la tragedia, al diseñar ese engaño financiero que es el famoso fideicomiso que se sacó de la manga para garantizar la fianza del personal de Hacienda que fue apresado en primera instancia”.
Pero lo peor es que “no respondió al principal señalamiento, que es que su gobierno no atendió las leyes, no observó las normas y por eso al fin de cuentas es responsable de esas 49 muertes”.
Sobre la reacción de otros implicados, Duarte critica el hecho de que “se limitan a declarar que están muy tristes por el informe de la Suprema Corte en torno de la investigación especial que se hizo al respecto y dicen que opinarán cuando lean el documento y lo analicen, por supuesto, en sus alcances e implicaciones jurídicas”.
A su vez, el analista José Contreras advierte que deben fincarse “responsabilidades penales y administrativas” contra quienes la Suprema Corte señala como presuntos responsables del incendio en la Guardería ABC.
De lo contrario, alerta Contreras, “se fortalecerán los argumentos de quienes consideran que la facultad de investigación del máximo tribunal del país no tiene razón de ser”.
Una luz
El senador René Arce, por su parte, dice que “gracias a los padres de los menores fallecidos, que no han cejado en su demanda de justicia”, y frente al informe preliminar de la comisión investigadora de la Suprema Corte, “se empieza a ver una luz”, lo que él considera “el comienzo de otro camino del que aún no sabemos el término y si pagarán todos los involucrados”.
Arce recuerda que en el reporte preliminar de la indagatoria se responsabiliza también a otros 17 funcionarios federales, estatales y/o municipales que, en el proceso, “podrán defenderse y manifestar lo que les parezca pertinente. Cabe destacar que el dictamen final deberá ser votado por el pleno del máximo tribunal”.
De modo, advierte Arce, que “el camino puede tornarse largo y sinuoso, o todo lo contrario”.
Pero lo cierto es que por fin se ve una luz al final del túnel, por lo que resulta indispensable que tanto los padres de las víctimas como la sociedad en general mantengan sus demandas de justicia: los mexicanos no pueden quedarse inmóviles, porque se trata de exigir que se cumpla la ley y ello beneficie a todos.
Fuente: Revista Vértigo
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